Convocados por la Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales, Berri-Otxoak, los denunciantes han querido mostrar también con su protesta «su apoyo» a la acampada que a su vez está desarrollando María José Porrino en Irun junto a su hija de 12 años y en tratamiento de quimioterapia por un cáncer de mama; y que lleva dos semanas acampada ante el Ayuntamiento de Irun en demanda de «una vivienda digna».

Los concentrados se han instalado con sacos de dormir, esterillas, mantas y tiendas de campaña ante la sede de la sociedad pública del Gobierno de Lakua para denunciar el «sistemático incumplimiento» del convenio de colaboración firmado por jueces y ayuntamientos en relación con los desahucios por el que los jueces deben comunicar de oficio a los servicios sociales municipales las demandas de desahucio y estos deben emitir un informe de vulnerabilidad y proporcionar una alternativa de alojamiento a través de Etxebide.

«Lo grave es que ni los ayuntamientos ni el Gobierno Vasco cumplen esta obligación con el argumento de que no tienen viviendas, que los pisos de acogida de los ayuntamientos son insuficientes, y que no responden a las necesidades de vivienda con carácter de urgencia», han denunciado.

Los concentrados han recordado que las instituciones y los partidos que las gestionan «están vulnerando, además, las diferentes resoluciones internacionales en esta materia emitidas desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el Dictamen de la ONU de junio de 2017, por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales».

Por otro lado han indicado que «los 60 pisos para emergencias que dice disponer el Gobierno Vasco nunca están accesibles y se convierte en papel mojado la asignación con carácter de urgencia prevista legalmente».

En ese contexto, desde ambas plataformas entienden que la Ley de Vivienda, aprobada en junio de 2015 en el parlamento de Gasteiz, «se está infringiendo porque el parque de viviendas de gestión pública está estancado y no se toman medidas contra la burbuja especulativa de alquileres».

Desde su punto de vista, esta situación ha dado como resultado que «se han disparado los precios de alquiler, situado en los 1.096 euros de media en la Comunidad Autónoma Vasca, y han proliferado los pisos turísticos», dando lugar a una «dramática consecuencia como es el aumento espectacular de los desahucios de alquileres».

Por este motivo, exigen «medidas urgentes e inmediatas para paralizar los desahucios, garantizar el derecho a una vivienda digna y la aplicación efectiva del acceso a una alternativa habitacional para todas las personas y familias afectadas por el desalojo de su vivienda habitual».