Los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulàlia Reguant fueron noticia en el inicio del juicio contra el 1-O, cuando fueron llamados a declarar como testigos de la acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha Vox. Al sentarse frente al tribunal, sin embargo, ambos declinaron responder a las preguntas de los abogados ultras, por lo que fueron expulsados por el juez Marchena.

Nada se supo de las consecuencias de la acción de Baños y Reguant hasta hoy, cuando el Supremo ha informado de la imposición de una multa de 2.500 euros a los dos exdiputados de la CUP, una multa contra la que pueden presentar recurso.

Además de la sanción económica, el tribunal que juzga a los dirigentes catalanes acuerda dejar lo ocurrido en manos del juzgado de guardia de Madrid «para depurar las eventuales responsabilidades penales».