Ese pago «se hizo en contra del mandato mayoritario de la Corporación que es quien designa la Junta General, única capacitada para tomar tal decisión», asegura la coalición abertzale en una nota.

En la misma propuesta se reclama que si existiera obligatoriedad al pago de costas derivado del proceso abierto por la vía mercantil para reclamar esa devolución, «sea la coalición que integra el actual equipo de gobierno quien asuma esos gastos».

Este texto viene justificado por la negativa de Navarra Suma a poner en marcha esta reclamación pese a que la misma fue respaldada por la mayoría del Consistorio a través de propuestas tanto en comisión (15 de octubre), como en iniciativas que llegaron a Pleno (11 de noviembre).

Asimismo y con fecha 16 de marzo, el representante legal de Comiruña, siguiendo el mandato de quienes rigen la empresa pública, respondía en escrito ante el juzgado de lo Mercantil defendiendo la vigencia de los pagos, la decisión de otorgarlos y acusando a quienes reclaman la devolución de las dietas de incurrir en un «abuso de la formalidad».

Ese mismo escrito sostiene en su argumentario que la labor de fiscalización y control del gasto público ejercida en este tema por la mayoría del Pleno obedece «a un mero propósito o intención política de oposición al nuevo equipo de gobierno municipal, finalidad que no resulta digna de la tutela judicial recabada».

«Es evidente que el tema de las dietas, como el de la subida de sueldos de sus cargos públicos, va en el ADN del tripartito de derechas, pero lo que no es de recibo es que desde su minoría quieran imponerlo, por la puerta de atrás, a quienes ostentan la mayoría de la representación ciudadana», sostiene la coalición.

Así, lamentan que «nada más llegar reinstauraron los pagos bajo manga, hubo que obligarles contra su voluntad a retirarlos y ahora vamos a tener que hacerlo de nuevo con la reclamación absolutamente legítima de que se devuelva ese dinero al erario público», denuncia.

«Así gobierna la derecha y desde luego EH Bildu no va a cejar en el empeño de que Iruñea no vuelva a ser el cortijo de UPN y sus socios», concluye la coalición.