La declaración recuerda que, acorde a la Ley Penitenciaria, Igor González Sola «debería haber abandonado la prisión en marzo de 2020 al haber cumplido las tres cuartas partes de la condena impuesta por los tribunales. Además, se encontraba enfermo y en tratamiento, condicionantes que deberían haber conllevado la posibilidad de continuar el tratamiento fuera de prisión».

El segundo punto, además de recordar al Estado su deber de velar por la vida de las personas privadas de libertad, sostiene que la muerte se ha derivado del «incumplimiento de estos derechos del preso». En consecuencia, estas formaciones ven una relación causa-efecto entre la política de excepción penitenciaria y la muerte de González. «Situaciones como esta no deben volver a ocurrir», sentencian.

En último de los puntos que han suscrito los portavoces, entre los que no se encuentran ni el PSOE ni Podemos, las formaciones solicitan al Gobierno español «el fin de la política penitenciaria de excepción que aún se aplica a los y las presas vascas para dar paso a una legislación penitenciaria adecuada al nuevo tiempo, respetuosa con los derechos de los y las presas vascas, que ponga fin al alejamiento,procediendo a su traslado a cárceles vascas y esté basada en los objetivos de normalización, pacificación y construcción de la convivencia que demanda la sociedad vasca».