En rueda de prensa, los trabajadores de los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria (SAPC), que trabajan en ocho barrios de la ciudad, han añadido que con la finalización de sus contratos el 31 de diciembre, según se ha sabido esta semana, ningún barrio de Iruñea contará con las prestaciones recogidas en la Cartera de Servicios Sociales.

A ello suman que los 17 profesionales que asumirán el nuevo servicio a partir del 1 de enero «no van a poder realizar el trabajo de 24 profesionales y de cientos de voluntarios y voluntarias, y esto va a repercutir muy gravemente en la atención de la infancia, sobre todo, de la más vulnerable».

Por todo ello, han solicitado a Navarra Suma que «mantenga los ocho contratos de los SAPC y desarrolle estrategias para llegar al resto de los barrios de la ciudad y que toda la población infantil y adolescente se pueda beneficiar de estos programas».

Ademas estos trabajadores creen «necesario que vuelvan a estar estructuralmente dentro del Programa de Infancia y Familia en el Área de Servicios Sociales, y que este Área lidere el Plan de Infancia Municipal tal y como estaba previsto en el mismo».

También el grupo municipal de EH Bildu ha mostrado su rechazo a un nuevo servicio para la infancia y la juventud al considerar que se tata de una «venganza política» del alcalde «contra los equipos preventivos» y, tras poner en duda la imparcialidad del expediente, ha alertado sobre las consecuencias de esta «nueva chapuza» y denunciado la celeridad «sospechosa» con la que el gobierno local quiere aprobar la medida

También ELA se ha mostrado contrario al «desmantelamiento de los servicios de acción preventiva comunitaria de los barrios"»y a la implantación del programa Coworkids, «que servirá para romper el tejido asociativo de los barrios y deslocalizar la acción preventiva y de ocio de las niñas y niños de Iruñea y empeorar el servicio».

Tras apostar por «la reversión de todos los servicios que se encuentren en manos privadas, respetando el servicio, funcionamiento y puestos de trabajo actuales», el sindicato indica que en este caso «lejos de dotar de recursos al servicio de acción preventiva comunitaria se desmantela los ocho equipos existentes en los barrios y empeora el servicio».

Y estos, asevera, «tendrá unas consecuencias muy graves en diferentes aspectos: rebaja la calidad del servicio, reduce el personal técnico existente actualmente, deslocaliza la acción preventiva, y modifica el modelo de intervención hacía un modelo meramente asistencialista».