El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dejado hoy visto para sentencia el juicio contra Solé, para quien la Fiscalía pide año y medio de inhabilitación -limitada a cargos políticos, no a su plaza de profesor-, y 24.000 euros de multa por un delito de desobediencia al facilitar el referéndum del 1-O en el municipio cuando había sido suspendido por el Constitucional.

La causa contra el conseller, que dejó la alcaldía de Agramunt cuando el pasado mes de marzo sustituyó a Alfred Bosch al frente de Exteriores, se deriva de una instrucción que, en vísperas del 1-O, dictó el entonces fiscal general José Manuel Maza para abrir diligencias a 700 alcaldes soberanistas que apoyaban la consulta independentista, una investigaciones que siguen abiertas para una quincena de ellos.

La Fiscalía sostiene que Solé tuvo una «activa participación» en el referéndum porque animó a votar en un acto público, cedió la escuela municipal para la consulta y además ordenó ocultar las urnas y cerrar una hora antes la votación ante la inminente intervención de la Guardia Civil.

«Fue uno de los responsables logísticos» del 1-O en Agramunt, sostiene el ministerio público español en su escrito de acusación, en el que asevera que el ahora conseller cedió el colegio Macià-Companys, un centro de titularidad municipal, para la celebración de la votación.

Además, le acusa de haber tomado «decisiones» durante el transcurso de la consulta para esconder las urnas y que éstas no fueran interceptadas por la Policía.

Asimismo, le acusa de participar el 25 de septiembre, con motivo del referéndum, en un acto organizado en el local municipal Teatre Casal d'Agramunt donde, tal y como recoge un artículo publicado en una revista local, habría instado a acudir a votar el 1-O.

Al contestar a los interrogatorios del fiscal y de su defensa en su juicio por presunta desobediencia el 1-O, Solé ha declarado que ni intervino en la logística, ni en el movimiento de las urnas ni en la constitución de las mesas.

El conseller ha dicho que solo recibió notificación personal sobre el decreto del Govern que establecía normas complementarias para celebrar el 1-O, algunas de las cuales afectaban a los alcaldes, mientras que su defensa ha sostenido que no se le notificó la suspensión de la convocatoria ni de la Ley de referéndum.

«Mi actuación el 1-O es la que correspondía a cualquier alcalde, preservar la seguridad y el orden público y la integridad de los equipamientos», ha agregado, tras explicar que desconoce dónde se ocultaron las urnas del 1-O, porque él se limitó a «sugerir» que no se guardaran en el falso techo de la escuela para que no se dañara un edificio municipal.

«Juzgarme a mí es juzgar a todos los alcaldes de Catalunya»

En declaraciones a los medios tras ser juzgado Solé ha denunciado ser víctima de una «causa general» y ha llamado a tejer una «estrategia compartida» para lograr la amnistía y un referéndum acordado.

Según el conseller, el 1-O se limitó a obedecer a la ciudadanía y a «trabajar para preservar la seguridad y salud de las personas en un acto multitudinario como el 1-O», lo que a su parecer «no debería ser nunca un acto de desobediencia».

«Juzgarme a mí es juzgar a todos los alcaldes de Catalunya, al municipalismo. Me siento portador de este valor que tenemos como país, de la fuerza de los municipios», ha aseverado.

«Otra nueva causa represiva y arbitraria»

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado que Bernat Solé «defendió las aspiraciones de libertad del pueblo de Agramunt» como primer edil del municipio en el 1-O.

En declaraciones a los medios ante el TSJC, Aragonès ha reprochado que a Solé «se le acusa por haber sido elegido por sus conciudadanos para gestionar el bien común y las aspiraciones de libertad del pueblo de Agramunt en el marco de una Cataluña independiente».

Tal y como han defendido el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, Aragonès ha lamentado que el juicio de Solé se trate de «otra nueva causa represiva y arbitraria» por parte del Estado español y que representa «la deriva antidemocrática y la involución en la que han entrado los poderes del Estado en relación a las demandas del independentismo catalán».

Por eso, ha insistido en impulsar una ley de amnistía para los líderes independentistas presos por el 1-O y en reconocer el ejercicio el derecho a la autodeterminación de Catalunya.