Ion Salgado

Rostros conocidos de todo el Estado exigen el traslado a Euskal Herria de los presos vascos

Rostros conocidos del ámbito académico y cultural, como Aitor Merino, Edurne Portela, Puy Oria, Montxo Armendariz, Sergi López, Daniel Guzmán, Cristina Fallarás, Abel Azcona, Carlos Bardem y Federico Mayor Zaragoza, han pedido al Gobierno español que traslade a Euskal Herria a los presos vascos.

Mobilizazioa Gasteizko Ama Zuriaren plazara iristen. (Endika PORTILLO/FOKU)
Manifestación celebrada el pasado 9 de enero en Gasteiz por los derechos de los presos. (Endika PORTILLO/FOKU)

Una treintena de personas, entre las que figuran rostros muy conocidos del ámbito académico, cultural y de las artes escénicas, han reclamado al Gobierno español que ponga fin a la política de alejamiento impuesta los presos y presas vascas.

Isaac Rosa, Clara Serra, Javier Gallego ‘Crudo’, María San Miguel, Aitor Merino, Edurne Portela, Puy Oria, Montxo Armendariz, Sergi López, Daniel Guzmán, Cristina Fallarás, Abel Azcona, Jaime Pastor, Arantxa Tirado, Willy Toledo, Daniel Bernabé, Javier Lezaola, Rommy Arce, Marcos Roitman, Federico Mayor Zaragoza, Nuria Alabao, Nacho Vegas, Facu Díaz, Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma, Carlos Bardem, Aitor Gabilondo, Óscar Jaenada, Alfonso Zapico, Ana Pardo de Vera y Justa Montero firman un manifiesto en el que piden que «nadie quede excluido» del nuevo tiempo abierto en Euskal Herria.

Y afirman que «no tiene razón de ser que haya presos que queden al margen de las normas penitenciarias que rigen para el resto de los reclusos en lo relativo al lugar donde cumplen condena, los requisitos de progresión de grado o la excarcelación humanitaria en caso de enfermedad grave».

«Las experiencias de otros países nos muestran el valor que tiene la superación de la excepcionalidad penitenciaria tras el final de la violencia. Siempre ha actuado en beneficio de la consolidación de la convivencia pacífica. Por todo ello, quienes firmamos este mensaje consideramos que el nuevo tiempo que está viviendo la sociedad vasca merece que nadie quede excluido, que todos puedan formar parte de un nuevo camino sin retorno. No tenemos ninguna duda de que dejar atrás las viejas políticas de excepcionalidad podría consolidar los nuevos escenarios de convivencia abiertos en el País Vasco e incluso acelerar la llegada de otros nuevos en el futuro», apuntan.

Asimismo, lamentan que, pese a que han pasado casi diez años desde que ETA anunció el cese de su actividad armada y más de dos años desde su disolución definitiva, «los avances en favor de la convivencia siguen siendo un proceso abierto y todavía inacabado. Un camino que la sociedad vasca debe continuar recorriendo para afrontar todas las tareas pendientes. Tareas que exigen de todos nosotros y nosotras una mirada generosa y valiente hacia nuestro propio pasado. Instituciones, organizaciones políticas y sindicales, colectivos sociales, referentes culturales, académicos e intelectuales y organizaciones de víctimas y familiares son fundamentales para avanzar en todas ellas».

«En ese sentido, en estos últimos años hemos visto cómo se han abierto en el País Vasco multitud de espacios que hace tan solo unos años eran impensables. Espacios que han apostado por el valor de las palabras y del diálogo, por la experiencia del reencuentro y la convivencia, que han dado los primeros pasos en el difícil reto de sentir como propio el dolor ajeno, de preguntarse por el significado del perdón, de abrirse a comprender la dramática experiencia vivida por las víctimas del terrorismo», señalan antes de incidir en que «la apertura de esos espacios de convivencia junto a la normalización institucional, los esfuerzos en pro de la memoria, los diferentes programas educativos y un buen número de proyectos culturales nos están mostrando que la sociedad vasca ha decidido apostar de forma decidida por un camino sin retorno».

Medidas de «un tiempo ya pasado»

Aseveran que nadie debe quedar atrás en ese camino, «tampoco todas esas personas condenadas por delitos de terrorismo que continúan cumpliendo su condena en cárceles alejadas de sus familiares y de su lugar de origen. Personas que, todavía hoy, siguen sufriendo lógicas de excepcionalidad de un tiempo ya pasado».

«No queda ninguna razón que justifique esa excepcionalidad. Mucho menos cuando esta continúa enfrentada a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los principios de reeducación, reinserción y resocialización consagrados en la propia Constitución Española. Estos solo son posibles cuando las condenas se cumplen lo más cerca posible de las familias y los entornos sociales de cada una de las personas presas», destacan los firmantes, que advierten de que «no tiene razón de ser que la situación de todos ellos se convierta en arma arrojadiza o sea objeto frecuente de utilización y polarización política».