La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido una investigación por parte de la Corte Penal Internacional sobre la guerra contra el pueblo tamil en Sri Lanka y sanciones contra todos los responsables de crímenes de guerra, tanto de los rebeldes como del Ejército.

Ha acusado a Colombo de incumplir las promesas de garantizar justicia para los miles de civiles muertos en los últimos meses de aquella guerra que en 37 años se cobró más de 100.000 vidas y terminó en mayo de 2009 con un baño de sangre y la derrota de los rebeldes separatistas Tigres para la Liberación de Ealam Tamil (LTTE).

La guerra con los Tigres Tamiles dejó 23.500 desaparecidos, reconocidos como víctimas mortales hace un año por el Gobierno ceilanés y defensores de derechos humanos cifran en 40.000 los civiles tamiles muertos solo durante la brutal ofensiva final que duró nueve meses.

«Las iniciativas nacionales para la rendición de cuentas y la reconciliación han fracasado repetidamente, no han dado resultados, profundizando la impunidad y exacerbando la desconfianza de las víctimas en el sistema», sostiene Bachelet en un informe al que ha tenido acceso AFP.

El Gobierno del presidente Gotabaya Rajapaksa ha revertido, además, ciertos avances realizados por gabinetes anteriores en el área de protección de los derechos humanos, según el informe. Gotabaya Rajapaksa fue el ministro de Defensa que comandó al Ejército que aplastó la rebelión tamil en 2009. Su hermano Mahinda, actual primer ministro, era entonces el jefe del Estado.

La persecución de activistas de derechos humanos y de disidentes ha aumentado y se ha desarrollado un clima de autocensura, agrega el documento.

Rajapaksa ganó las elecciones presidenciales de 2019 con una plataforma nacionalista que incluía la promesa de que los militares que aplastaron a los Tigres Tamiles no serían procesados.

Hospitales, ejecuciones, desapariciones...

Las tropas de Sri Lanka han sido acusadas, en varios informes de la ONU, de llevar a cabo bombardeos indiscriminados, atacar hospitales, ejecutar a rebeldes rendidos y ser responsables de la desaparición de miles de civiles tamiles.

El presidente, un teniente coronel retirado, amenazó el año pasado con dejar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU si mantiene sus cargos contra los militares.

Sri Lanka, al no haberse unido a la CPI, permanece fuera de su jurisdicción. Pero aunque ningún otro Estado puede llevar ante este tribunal a un no signatario de la CPI, la ONU tiene potestad para hacerlo.

En su informe, Bachelet recomienda, por primera vez, «un proceso para remitir la situación en Sri Lanka a la Corte Penal Internacional» y ha pedido acciones contra los criminales de guerra, incluidos los rebeldes tamiles.

«Congelación de activos»

Además, «los Estados miembros pueden investigar y procesar activamente en sus propios tribunales nacionales los crímenes internacionales cometidos por todas las partes en Sri Lanka», señala.

El informe de 17 páginas también solicita posibles sanciones selectivas, «como congelamiento de activos y prohibiciones de viaje, contra presuntos autores» de violaciones de derechos humanos.

Sri Lanka se ha resistido a los repetidos pedidos de una investigación independiente y los hermanos Rajapaksa han negado que se hayan cometido crímenes de guerra.

El presidente Rajapaksa anunció la semana pasada que Sri Lanka investigaría algunos cargos. Dio un plazo seis meses para que una comisión de investigación examine las investigaciones sobre las denuncias de «violaciones de derechos humanos» y «violaciones graves del derecho internacional humanitario».

Según el organismo de derechos humanos de la ONU, el presidente ha socavado investigaciones policiales anteriores desde su regreso al poder y posiblemente contribuyó a la destrucción de pruebas.

Bachelet ha instado a los Estados miembros a que tomen medidas para preservar las pruebas en casos clave como el «asesinato» de 17 trabajadores humanitarios de una ONG francesa, en agosto de 2006, y el del periodista Lasantha Wickrematunge, editor del diario "The Sunday Leader" y muy crítico con los gobiernos de los Rajapaksa, en 2009.