Los representantes de EH Bildu Juan Karlos Izagirre y Estitxu Elduaien han informado este viernes en una rueda de prensa en Donostia de que la Diputación de Gipuzkoa «lleva 35 millones cobrados ilegalmente con peajes» a camiones en las carreteras N-I y A-15.

La formación independentista ha denunciado la «irresponsabilidad, improvisación e imposición» con la que ha actuado la institución foral y le ha pedido que, «además de suspender el cobro y preparar el plan de devolución del dinero, permita un debate con todos los sectores implicados para solucionar el problema de las infraestructuras viarias».

«Chapuza, arrogancia y mala gestión» han sido algunos de los términos utilizados por Izagirre, quien ha criticado la postura de la Diputación que ultima un nuevo decreto foral-norma para seguir cobrando los peajes sin tener en cuenta, ha dicho, las «enmiendas y aportaciones» de la oposición. Y ha recordado que en los últimos 12 meses la Diputación ha impuesto «15 decretazos».

Por ello, EH Bildu ha hecho cuatro peticiones al Ejecutivo foral: «Que suspenda de una vez el cobro de los peajes; que presente un plan de devolución del dinero cobrado de forma ilegal; que actúe con valentía para solucionar de una manera integral con todos los sectores y grupos políticos implicados el problema de Gipuzkoa con las Infraestructuras Viarias de Alta Capacidad y que permita el debate para apostar por otro modelo de movilidad más sostenible; y, que aparque los “decretazos” y gobierne de una manera más democrática».

Finalmente y «ante la gravedad de la situación», EH Bildu ha registrado la solicitud de comparecencia urgente para que la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, dé las debidas explicaciones en las Juntas Generales.

«Incomprensible el empecinamiento del Gobierno foral»

Por su parte, el grupo de Elkarrekin Podemos también ha tachado de «irresponsable» la gestión de los peajes por parte de la Diputación y ha opinado que en las actuales circunstancias lo «lógico» sería suspender su cobro.

La portavoz del partido en Gipuzkoa, Arantza González, ha considerado del «todo incomprensible el empecinamiento del Gobierno foral en mantener los peajes, cuando por precaución lo lógico sería –ha dicho– suspenderlo y no tener que enfrentarse a la devolución de varios millones de euros».

En su opinión, el anuncio de la Diputación de seguir adelante con un decreto foral de norma urgente, y la elaboración de otra norma foral para sustituir a las dos anteriores ya anuladas, sin tener seguridad jurídica suficiente, «puede suponer un grave perjuicio económico a las arcas forales».

Elkarrekin Podemos también ha pedido la comparecencia de Oiarbide.

Hiru exige la devolución de lo cobrado

En la misma línea de las dos formaciones políticas, el sindicato de transportistas autónomos Hiru ha pedido a la Diputación la suspensión del sistema de peajes a camiones y la devolución de lo cobrado desde 2018.

En un comunicado, Hiru ha denunciado que la institución foral siga cobrando el peaje a camiones pese a las sentencias del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que los han anulado.

Por ello, ha exigido tanto la suspensión de este sistema como la devolución de oficio de las cantidades cobradas «irregularmente a los transportistas».

Hiru ha criticado «la actitud de las autoridades forales que conociendo las resoluciones judiciales hacen caso omiso a las mismas e insisten en mantener el sistema de recaudación aprobando una nueva norma similar cada vez que los tribunales anulan la anterior».

El sindicato ha defendido que las infraestructuras viarias son «un bien público que se financian mediante impuestos y tributos que todos pagan» y ha recordado que el transporte de mercancías por carretera es «un servicio público».

A su juicio, «imponer peajes discriminatorios sólo a los transportistas, en razón al argumento de quien usa paga, no es otra cosa que cargar el repago de las carreteras en la parte más débil de la cadena».