La pandemia nos ha desnudado de nuevo como civilización e individuos, haciendo emerger y mostrando un conflicto enmascarado: el interés colectivo frente al interés individual. Esta tensión no es nueva en nuestra civilización, y la vivimos diariamente, sin visualizarla ni verbalizarla, en dos dominios de interés público como son los impuestos y ahora la vacunación.

El debate que planteamos en este escrito gira entorno al paisaje científico y moral que emerge de esta pandemia y el conflicto y las amenazas que surgen de atentar contra uno de los bienes públicos sin el cual el colectivo humano (la civilización como la conocemos actualmente) tiene fecha de caducidad. Y me refiero a la salud publica (que abarca la inmunidad colectiva entre otras muchas categorías médicas).

Nos centraremos en la vacunación como una intervención médica para generar inmunidad colectiva (traducida del inglés como «inmunidad de rebaño») frente a un patógeno.

La inmunidad colectiva se considera ese paraguas biológico que protege a todo individuo que está bajo él, se haya vacunado o no. Pero este razonamiento puede hacerse extensible al uso indiscriminado de los antibióticos (250.000 personas mueren anualmente en EEUU por la resistencia a antibióticos) y al pago de impuestos.

¿Qué tienen en común estos tres hechos, cuál es el hilo conductor y la coherencia interna que les une?

Pues que la vacunación, el pago de impuestos y la terapia antibiótica contienen muchos de los conflictos y la complejidad de las amenazas que acechan a nuestra civilización y cuyo origen es el comportamiento humano, eje de nuestra deriva como colectivo.

Debemos de considerar que las decisiones individuales tanto del colectivo médico-científico (y cómo no, de la comunidad política), como a nivel de ciudadanía, tienen unas dimensiones morales y sociales que transcienden lo personal.

La acumulación y suma de decisiones basadas en la libertad individual generan una cadena de consecuencias individuales y colectivas a largo plazo y a escala global.
 
Dos ejemplos de rabiosa actualidad son la negación a la vacunación y evasión de impuestos. Ambos comportamientos individuales suscitan importantes tensiones morales con dramáticas consecuencias socioeconómico-sanitarias a corto y largo plazo.

Cuando alguien niega a vacunarse, o los padres se niegan a vacunar a sus descendientes, esta decisión individual acarrea serias consecuencias a nivel colectivo. Y pongo un ejemplo reciente. A finales de los años 90 muchos padres se negaron a vacunar a sus hijos por riesgo a sufrir de autismo, idea lanzada por un médico británico Andrew Wakefield (y recogida por los medios y famosos que contribuyeron a diseminarla).

Este médico postuló la existencia de una relación directa entre vacunación y autismo, a través de un trabajo que se publicó en “The Lancet” en 1998 y que fue declarado fraudulento en 2010. Para entonces, cientos de miles de criaturas en UK –donde las vacunaciones se redujeron a un 50%– y más de 125.000 infantes en EEUU dejaron de ser vacunados contra la rubéola, sarampión y paperas.

Todavía siguen muriendo inocentes como consecuencia de aquel movimiento antivacunas. ¿Errores inocentes, homicidio sin intención?, ustedes mismos concluyan.

Hay decisiones privadas que parecen ser racionales para los individuos que las toman pero conllevan finalmente consecuencias irracionales serias a nivel de salud individual y pública.

La vacunación contra el covid posee beneficios individuales y a pesar de que no todos los individuos de nuestra sociedad se vacunen, si las personas vacunados suman entorno a un 70-80%, cifra para generar la inmunidad colectiva (ese paraguas biológico-social) producimos un incentivo perverso para los no vacunados.

Me explico: los no vacunados se benefician de que el virus no puede transmitirse por el efecto de inmunidad colectiva que protege a todos y, por consiguiente, también a los no vacunados y además sin haber aceptado ningún riesgo por la vacunación.

En analogía, podríamos compararlo con aquellos que no pagan impuestos y que sin embargo se benefician del sistema público de salud, la educación, la seguridad vial y ciudadana, etc.

¿Se podría hacer extensible la consideración social de tramposos y parásitos de los que no pagan impuestos a los que se niegan a vacunarse? En ambos casos, defraudadores y no vacunados se benefician de un bien público (la inmunidad colectiva y los servicios públicos) sin adquirir ningún riesgo ni aportación económica.

Pero siempre, a partir del supuesto de que un numero muy elevado de la ciudadanía se vacuna o paga impuestos (acumulación de comportamientos solidarios necesarios para crear inmunidad colectiva o fondos públicos).

Todos debemos de asumir que la medicina soluciona muchísimos problemas, pero crea nuevos a la vez.

Ser parte de un colectivo humano tiene un precio que tiene que ser asumido y pagado por todos sus miembros. Hay que educar en la responsabilidad y el compromiso colectivos como diana del comportamiento individual.

El sistema educativo que consigamos entre todos y la educación en la familia, la gran escuela de vida, son esenciales para lograr ciudadanos con el espíritu científico y el pensamiento crítico que demandan los constantes dilemas morales que surgen de la complejidad de nuestras vidas colectivas.

No se entiende desde el punto de vista médico (y es un sinsentido biológico) que las medidas secundarias para mitigar la pandemia del covid (estado de alarma, mascarilla, etc) sean obligatorias y que la única medida que erradica la infección (la vacunación) sea opcional.

Existe una línea roja entre la libertad individual y la responsabilidad social que cuando no se respeta porque nuestra conciencia colectiva no se ha educado ni cultivado, se sustituye por normativas, prohibiciones, escapes individualistas y picarescas que deterioran nuestra vida compartida y nos sumen en periodos muy negros de los que es difícil salir.

La comunidad política, con capacidad para legislar, puede y debe mojarse en el caos y poner el cascabel al gato, propiciando iniciativas legislativas con visión de largo recorrido, que nos permitan asegurar el bien común en materias tan graves como esta pandemia.

Los parlamentos y el Congreso son la sede de todas las visiones, de la que pueden surgir nuestras salvaguardas allí donde no es posible el acuerdo entre lo individual y colectivo. Eduquemos y legislemos porque la biología tiene su dictadura.