Las empresas propietarias de las centrales nucleares que siguen funcionando en el Estado español sostienen, en un comunicado difundido este martes, que las medidas anunciadas por el Gobierno español para rebajar el precio de la luz «ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear» y piden que, en caso de que el proyecto de ley se apruebe, no se aplique de forma retroactiva.

Para este sector, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, debería mantenerse en torno a los 57 o 60 euros/MWh, teniendo el cuenta el nivel impositivo actual.

El Foro Nuclear afirma que el parque nuclear español soporta una «excesiva presión fiscal» que, unida a las nuevas medidas del Ejecutivo, pueden llevar a la «inviabilidad económico-financiera» y el consecuente «cese anticipado de la actividad».

Actualmenten estan funcionando siete nucleares. En cinco de ellas aparecen como propietarias, con distinto porcentanje de participación, Iberdrola y Endesa: Almaraz I y II (Cáceres), Trillo (Guadalajara), Ascó II (Tarragona) y Vandellós II (Tarragona). La de Cofrentes (València) es propiedad exclusiva de Iberdrola y la de Ascó I, de Endesa. Nartugy también tiene importantes participaciones en las dos de Almaraz y en la de Trillo.

Cese previsto para 2035

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha expresado que un posible cese anticipado provocaría «un cierre desordenado de la generación nuclear» y «la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial». 

El sector tiene presupuestada una inversión de 3.000 millones de euros hasta el cese de la operación del parque nuclear previsto en 2035.

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo pretende disminuir el precio del CO2 de retribución de las instalaciones que operan desde antes del 25 de octubre de 2003, antes de que la Unión Europea estableciera el mercado de derechos de emisión de CO2.

Pero las nucleares han precisado que funcionan con autorizaciones que se renuevan periódicamente, algunas de ellas concedidas de manera reciente y de acuerdo con los criterios de asignación de derechos de emisión establecidos por la UE.

Las eléctricas rechazan las medidas

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha rechazadoel nuevo paquete de medidas al considerar que son actuaciones «intervencionistas» que van en contra de las compañías eléctricas.

La patronal del sector eléctrico ha instado al Gobierno español en un comunicado a buscar soluciones «verdaderamente eficaces» que protejan de la volatilidad diaria a los consumidores acogidos a la tarifa regulada o PVPC, además de volver a señalar al gas como principal responsable de la escalada del precio de la electricidad en el mercado mayorista.

Sobre las últimas medidas presentadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, Aelec denuncia que penalizan de forma injusta a un sector «absolutamente comprometido» con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables, y que asume anualmente grandes esfuerzos económicos.

Respecto a la medida que recorta los beneficios extraordinarios que obtienen las centrales de generación hidráulica y nuclear en el mercado eléctrico como consecuencia de los altos precios del gas, aseguran que es «injusta y desacertada», ya que tiene un enorme impacto en la estabilidad de un sector que ni es responsable de esta situación ni se está beneficiando de ella.

En cuanto a la obligación de subastar energía a las comercializadoras independientes y grandes consumidores, aseguran que esta medida ya se introdujo en 2007 y no sirvió para bajar los precios de la electricidad.

Critican que las medidas dirigidas a intervenir los mercados van en contra de su eficiencia, creando un clima de inseguridad jurídica.

Por ello, piden llevar a cabo una reforma de la tarifa regulada, como en otros países del entorno, para evitar que los consumidores estén expuestos a la volatilidad del mercado eléctrico, limpiar la factura de aquellos componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y su transporte y distribución y llevar a cabo una reforma fiscal.