Una «acogida digna» en Nafarroa a las personas migradas es lo que han pedido en el Parlamento navarro representantes de los colectivos Karabana Mugak Zabalduz Nafarroa, Somos Red y Asociación Atlas.

La portavoz de estos grupos, Beatriz Villahizan, ha acudido a la Cámara a una sesión de trabajo para informar de la situación de las personas migradas que llegan a Canarias y de las consecuencias de las políticas migratorias tanto en espacios de frontera como en Nafarroa.

Villahizán ha señalado que acudían a denunciar «el plan de contención migratoria que se está llevando a cabo desde hace ya más de un año en las islas, y sobre todo venimos a señalar todas las irregularidades y vulneraciones de derechos que se están llevando a cabo con las personas migradas, la criminalización del derecho a migrar».

También ha denunciado «todas las irregularidades que se están dando también en Navarra», donde «hay derechos fundamentales que no se están garantizando, como son el derecho a vivienda, al empadronamiento. Hay gente que está en la calle, y el acceso a las prestaciones sociales tampoco está garantizado porque sigue condicionado a un tiempo de empadronamiento y a unas circunstancias».

«También seguimos teniendo controles de identidad racistas en nuestras calles, seguimos teniendo citaciones ante la Brigada de Extranjería que pueden acabar en expulsión o en comunicaciones de salidas obligatorias. Seguimos vulnerando el derecho de las personas en situación irregular a acceder a la educación, seguimos teniendo gente sin tarjeta sanitaria y sin acceso a la sanidad», ha ampliado en su lista de demandas.

Tras lamentar que «queda mucho por hacer», Villahizán ha apelado a la «responsabilidad política» de los grupos parlamentarios tanto para instar al Gobierno español para que modifique las políticas migratorias como al Ejecutivo de Nafarroa «para que en lo que a ellos les compete hagan y en lo que a ellos les parece injusto, apliquen otras normas, desobedezcan o palíen los efectos de toda la política migratoria y la expresión del racismo institucional en el Estado que es la Ley de Extranjería».