Llegó el momento. Decenas de millones de brasileños que lo aborrecen –con la intensidad de los millones que lo idolatran– esperaban ansiosamente desde hace cuatro años la llegada del primer domingo de octubre de 2022 para tener la posibilidad de echar a Jair Bolsonaro del palacio de Planalto.

La cuarta democracia electoral más grande del planeta tras EEUU, India e Indonesia, acude mañana a las urnas para decidir si pone punto final al Gobierno de extrema derecha, negacionista de la dictadura y del covid, que ha representado para muchos expertos un «apagón cultural» de 48 meses en el país más extenso en territorio y población de América Latina.

Bolsonaro busca la reelección con el Partido Liberal, una marca electoral muy minoritaria creada en 2006, pero que el presidente cooptó el año pasado junto a su hijo Flávio, ya que no tenían una estructura orgánica en la cual postularse (en 2018 utilizó la marca del Partido Social Liberal con el que luego se peleó).

Más de 156 millones de brasileños están habilitados para elegir al jefe de Estado y de Gobierno que, en el caso de Bolsonaro, lleva como compañero de fórmula al general Walter Braga Neto, un halcón dentro de las Fuerzas Armadas que es ministro de Defensa y jefe de la poderosa Casa Civil (gabinete) de Planalto.

Estos comicios, los séptimos en los que está permitida la reelección presidencial desde la reforma constitucional de mediados de los años 90, tienen la particularidad de tener entre las dos opciones más votadas a un exmandatario que gobernó durante ocho años, como es el caso del líder histórico del Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, y al presidente en ejercicio. Hasta ahora, todas las reelecciones han sido ganadas por el jefe del Ejecutivo que se postulaba para seguir en el cargo (Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma Rousseff), pero todo parece indicar que esta vez será la excepción.

Trumpismo tropical

Las encuestas le vienen dando sostenidamente la espalda a Bolsonaro y el apoyo de sus votantes oscila entre el 33 y 32%. Si bien ha mejorado con respecto a mediados de año, cuando estaba por debajo de 28%, no logra atravesar el umbral necesario para crear la ilusión de que podría ganar en una eventual segunda vuelta.

Y es que su rival, Lula da Silva, mantiene el 48% de las preferencias y acaricia el triunfo en la primera ronda, ya que las proyecciones de indecisos señalan que podría obtener la mitad más uno de los votos y evitar así una segunda jornada electoral el 30 de octubre.

Esta situación ha radicalizado las declaraciones de Bolsonaro en los últimos días y enturbiado el clima electoral. Como si fuera un calco de Donald Trump, por quien siempre ha expresado admiración y de quien copiado algunas políticas (como su negacionismo ante la pandemia), el presidente ultra ha puesto en duda la seguridad de las urnas electrónicas y hasta ha presionado públicamente al jefe de los observadores de la OEA, el excanciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano.

El terremoto en la recta final de la campaña lo ha provocado la revelación de la prensa de que el partido de Bolsonaro pagó 225.000 reales (unos 44.000 euros) al Instituto Voto Legal, una especie de think-tank conservador, que publicó un informe cuestionando duramente la seguridad de las urnas electrónicas, que vienen siendo utilizadas en Brasil hace dos décadas.

El polémico documento fue difundido por diputados del Partido Liberal el mismo día en el que el presidente de la formación, Valdemar Costa Neto, visitó la sala del escrutinio en el Tribunal Superior Electoral y admitió ante los medios que no existía allí una sala secreta, como alguna vez denunció Bolsonaro.

De hecho, ese mismo tribunal ha exigido al partido bolsonarista que explique legalmente las declaraciones que tildan de «fraudulento» al sistema electoral brasileño y dio 24 horas para que aclarara el pago al Instituto Voto Legal.

Por si fuera poco, el mandatario brasileño se reunió con el jefe de los observadores de la OEA y dijo públicamente que al verle le espetó: «¿Qué viniste a hacer aquí? El sistema electrónico está todo cerrado. Le pedí que hiciera un informe preliminar y le pregunté que si alguien denuncia fraude, cómo van a fiscalizar si lo hubo o no».

Bolsonaro también ha decidido tensar la situación al estimular a sus votantes para que acudan a votar con camisetas con los colores de la bandera del país (amarillo, verde y azul), ligados hace cuatro años a él por ser un ultranacionalista, pero el presidente del Tribunal Superior Electoral recordó a los fiscales y jefes de mesa electoral que no pueden utilizarse camisetas de fútbol ni partidarias. En otro gesto para crispar más la situación, el todavía jefe del Estado respondió que ordenará a las Fuerzas Armadas que permitan el uso de esos colores durante la jornada electoral.

Militarismo nacionalista y evangélico

Este trimestre será el fin de una etapa de cuatro años marcada por la revalorización del poder político militar, esta vez por elección del poder civil, por una retórica ultranacionalista y populista, y por un discurso y una política cultural que han tenido como paradigma de fondo al evangelismo, cuyos feligreses han sido uno de los pilares de apoyo de Jair Bolsonaro.

El actual presidente fue capitán del Ejército y desde los 28 años diputado federal por el estado de Río de Janeiro, en una trayectoria política llena de suspicacias por su crecimiento patrimonial, aunque paradójicamente su bandera para llegar a Planalto fue la lucha contra la corrupción (y lo repitió varias veces en el debate presidencial).

De hecho, el grupo UOL informó, tras una investigación de siete meses, de que los Bolsonaro habían adquirido 107 propiedades en las últimas tres décadas y de que 51 de ellas fueron pagadas, nada mas ni nada menos, con dinero en efectivo, citando como fuente escrituras públicas e inmobiliarias.

Más allá de esta incoherencia entre discurso y práctica, en lo que sí fue coherente desde el día uno Bolsonaro fue en su intento de cooptación del poder simbólico de las Fuerzas Armadas en Brasil, mucho menos cuestionadas socialmente que las de sus vecinos Argentina, Uruguay y Chile, aunque también aplicaron una represión ilegal y contundente durante la larga dictadura brasileña.

De hecho, estudios de especialistas aseguran que el jefe del Ejecutivo ha designado a más de 6.000 militares activos o retirados para cargos de la Administración federal. Y el vicepresidente los últimos cuatro años ha sido el general de reserva Hamilton Mourao (ahora el candidato es el general Neto).

El papel inédito que han tenido las Fuerzas Armadas desde el retorno de la democracia a Brasil en 1985 es una de las herencias simbólicas más distintivas que deja Bolsonaro en su primer y seguramente único mandato, marcando la diferencia no solo con respecto al resto de los partidos políticos brasileños sino al resto de los países sudamericanos.

Su otro legado es el encumbramiento que impulsó del movimiento evangélico, encabezando constantemente festivales con miembros de ese poderoso sector y fichando para su Gabinete a ministros y altos cargos abiertamente evangelistas. Mañana los brasileños dirán si este peculiar y controvertido experimento llega a su fin.

Gomes y Tebet, los terceros en discordia

A las elecciones presidenciales de Brasil concurren mañana 12 candidatos, pero la polarización entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro es tal que poco queda para el resto. De la decena sin posibilidades, destacan dos: Ciro Gomes, del izquierdista Partido Democrático Laboralista (PDL) y Simone Tebet, del centrista y muy extendido Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Según los últimos sondeos, Gomes podría obtener entre un 6 y un 7% de los votos, mientras que la senadora por el estado de Mato Grosso do Sul acariciaría los 5 puntos. Los ocho candidatos restantes tienen menos de un 1% de intención de voto y se trata de líderes de partidos de izquierda más radical o de derecha cristiana.

Gomes es uno de los referentes emocionales de la izquierda brasileña más intelectual, de los universitarios y de los centros urbanos que ven con malos ojos al PT por las acusaciones de corrupción. Ha sido alcalde de la populosa Fortaleza y gobernador de Ceará, y es la segunda vez que se postula para la Presidencia. En 2018 obtuvo el 12,5% de los votos y su presencia sería uno de los motivos por los que Lula tendría que ir a una segunda vuelta el 30 de octubre.

Tebet, por su parte lidera la candidatura del MDB, uno de los partidos de mayor extensión territorial de Brasil y que ha sido garante de la gobernabilidad en las cámaras parlamentarias de varios presidentes (aliado clave de Lula en su momento). La senadora tiene un perfil socioliberal, fue profesora universitaria de Derecho, defiende una «modernización» de la economía con reformas estructurales y una política ambientalista más marcada.