Desde que Lakua asumió la competencia de prisiones se ha concedido la progresión a tercer grado de 32 presos y presas vascas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido 21, y seis han sido revocados. Además, el Ministerio público ha llevado a la Sala Primera tres casos que habían sido ratificados por el juez de Vigilancia Penitenciaria. Una polémica actuación realizada al amparo del artículo 72.6 de la Ley General Penitenciaria, reformada por el Gobierno del PP en 2003.

En dicho punto se establece que en el caso de los ciudadanos vascos condenados por «terrorismo» la clasificación o progresión al tercer grado requerirá de «la satisfacción de la responsabilidad civil», del abandono de la lucha armada y de la colaboración «activa» con las autoridades en investigaciones policiales. Esto se podrá acreditar mediante «una declaración expresa de repudio» de la violencia y de una «petición expresa de perdón», así como mediante informes técnicos.

El fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, ha insistido este miércoles en que los represaliados vascos no cumplen estas condiciones y ha llegado a señalar que no hay informe alguno «que diga que el interno está desvinculado de la organización terrorista», en alusión a ETA, una organización que en 2018 anunció su disolución.

También ha señalado que, a su juicio, no se da la petición de perdón, pese a que los presos políticos han aceptado el dolor causado; y ha puesto en entredicho los informes elaborados por las juntas de tratamiento de las prisiones de la CAV, en las que se ha basado el Gobierno de Gasteiz para aceptar las progresiones de grado. «La Fiscalía está repleta de técnicos jurídicos», ha aseverado, poniendo en valor los votos particulares. «La cuestión no está tan clara», ha apuntado ante la atenta mirada de Jaime Tapia, asesor de Lakua en política penitenciaria.

Ambos han participado en un coloquio organizado por la AVT y la Asociación-Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en el Centro Memorial de Gasteiz, donde Tapia ha recordado que la reforma de la Ley General Penitenciaria fue «cuestionada y criticada» y, «todavía hoy en día, si uno va a foros de la doctrina, es puesta en cuestión».

Informes «rigurosos y profesionales»

Tapia defendido los informes «rigurosos y profesionales» de las juntas de tratamiento, que «son nuestros ojos y nuestros oídos, son quienes conocen a las personas en sus diferentes conductas diarias». «Nosotros vemos expedientes pero ellos nos guían», ha afirmado antes de poner en valor las declaraciones por escrito que presentan los presos y presas. «Su veracidad está avalada por informes técnicos».

A este respecto, ha explicado que «para exigir el cumplimiento del llamado perdón, comprobamos que la persona haga un análisis autocrítico de su pasado y que este análisis le lleve a responsabilizarse de sus actos ilícitos y al reconocimiento del daño y del sufrimiento que causó a sus víctimas». «Y no solo se asume el daño, sino que reconocen que el daño fue injusto», ha apuntado, al tiempo que ha remarcado que «exista una situación análoga a la petición de perdón, aunque no se haya usado la palabra concreta».

En cuanto al requisito de colaborar en las investigaciones, ha advertido de que la Constitución de 1978 establece en el artículo 24 que toda persona tiene derecho a «no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia». Y sobre la necesidad de desvincularse de una organización extinta, ha incidido en que las peticiones las presentan «personas. No hay colectivos».

Por último, Tapia ha defendido el modelo penitenciario impulsado por el Ejecutivo autonómico, apostando por regímenes de «semilibertad», ya que los estudios elaborados por instancias europeas evidencian un «mayor índice de reinserción social». Y ha advertido a Bautista en tono sosegado de que «mejoraremos nuestros expedientes para que no los recurras».