El Consejo de Gobierno de Lakua ha aprobado este martes el proyecto de Ley del Instituto Vasco de Finanzas. Se trata de una entidad creada en 2007 con el objeto de reordenar la política financiera y de crédito público de la Administración.

Según ha informado el Ejecutivo, la norma nace para «consolidar» el papel de la entidad como «gestor de los instrumentos de financiación pública», y para adaptar su regulación «a la nueva realidad económica y normativa» de la CAV.

El Instituto Vasco de Finanzas inició sus actividades en enero de 2009 y a partir de 2013 el Gobierno autonómico inició un «proceso de reordenación de los instrumentos de actuación financiera de Euskadi, reforzando el Instituto Vasco de Finanzas y atrayendo hacia sí la gestión de los instrumentos de financiación pública».

El proyecto de ley, basado en el el proyecto de racionalización de los instrumentos financieros públicos de 2018, pretende establecer un marco organizativo e institucional «coordinado y especializado», y ordenar «de forma óptima» los tres tipos de instrumentos de intervención -capital, garantía y préstamo- en función de las necesidades de las empresas según su tamaño y fase de desarrollo.

«Triple actuación»

«Con la implantación del nuevo modelo de ordenación financiera, por tanto, el Instituto Vasco de Finanzas está llamado a promover e implementar una actividad financiera a través del desarrollo de una triple actuación: en primer lugar, ostentar las participaciones financieras del Gobierno Vasco en los diversos fondos y sociedades de carácter financiero; en segundo lugar, gestionar los instrumentos financieros necesarios ligados a políticas sectoriales del Gobierno Vasco; y, en tercer lugar, concentrar su actividad crediticia en operaciones específicas, siguiendo estrategias de coinversión con las entidades financieras», ha explicado el Gabinete de Iñigo Urkullu.

Ha detallado que el contenido de este proyecto de ley aborda aspectos tales como la naturaleza, adscripción, sede y régimen jurídico del Instituto Vasco de Finanzas; los fines y principios de actuación y sus funciones; sus órganos de gobierno y la estructura orgánica; los estatutos que desarrollarán las funciones, composición y nombramiento de los órganos de gobierno; la estructura orgánica y funcional de los servicios del ente y su régimen de funcionamiento; su régimen de personal, los recursos económicos y el patrimonio del Instituto; y su régimen económico-financiero; así como su eventual extinción y liquidación.

Tras la aprobación por parte del Gobierno, este proyecto de Ley se remitirá al Parlamento Gasteiz para su tramitación.