La única representante de Vox, Amaia Martínez, se acreditó ayer como parlamentaria y en su primera intervención ante los medios avanzó su deseo de que esta sea «por fin una legislatura democrática y de respeto», y que el resto de partidos no vuelva a hacer un «cordón antidemocrático» a su partido porque sería una «barbaridad». La declaración –que no es la primera en este sentido– evidencia que el aislamiento al que la mayoría del resto de grupos somete a la extrema derecha le hace daño a Vox. Por otra parte, no parece que sus súplicas vayan a tener éxito alguno.

A lo largo de la última legislatura, todo el resto de grupos –salvo el PP-Cs– han mantenido un cordón sanitario que primero tuvo un carácter formal y reglamentario, y que durante los cuatro años se ha traducido en no entrar en prácticamente ninguna de sus iniciativas y provocaciones.

En las elecciones del 12 de julio de 2020, la ultraderecha entró en el Parlamento de Gasteiz con 17.569 papeletas, lo que supone apenas el 1,94% del voto válido. Pero como de todos esos votos 4.734 los sumó en Araba (3,77%), consiguió un escaño. Cuatro años después, ha vuelto a hacerse con un acta, aunque esta vez con el 3,67% del voto alavés, pero con un ligero crecimiento en el conjunto de la CAV.

Aislamiento y decisiones reglamentarias

Desde el inicio de la pasada legislatura, PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos optaron por intentar evitar que la ultraderecha, con solo una parlamentaria, pudiera condicionar la actividad y los debates de la Cámara. Para formar un grupo parlamentario se necesitan 3 integrantes. Como la extrema derecha no tenía más que uno, desde un inicio, el 13 de agosto de 2020, en la Mesa y Junta de Portavoces ya aprobaron reducir a un tercio su tiempo de intervención, su capacidad de presentar iniciativas y sus medios, y fijaron que el nombre de “Grupo Mixto” y no “Grupo Mixto-Vox”.

Los impulsores de la iniciativa sabían que la medida iba a ser polémica, puesto que en casos anteriores –como con Gorka Maneiro, de UPyD– al Grupo Mixto había tenido un único integrante y no se habían tomado esas medidas. También preveían que Vox recurriría al Tribunal Constitucional. Pero era una decisión política. Como dijo la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, «hay que cerrar la puerta al fascismo. No se puede permitir que la ultraderecha marque la agenda de este Parlamento y de este país».

Las medidas reglamentarias se acompañaron también de la decisión de no entrar a debatir las iniciativas que presentara Vox en la Cámara, y votar sistemáticamente en su contra. En líneas generales, esta decisión se ha mantenido a lo largo de toda la legislaturas. Salvo en algunas ocasiones puntuales y excepcionales, EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos-IU la han cumplido. El PSE ha entrado en algunos debates que entendía que le concernían directamente, muchas veces por su condición de partido del Gobierno español. Solo el grupo PP+Cs ha accedido a tratar a Vox como a cualquier otro grupo.

Sentencia del TC y nuevo acuerdo mayoritario

En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional admitió parcialmente el recurso presentado por Vox. Le dio la razón en lo del nombre, en los tiempos de intervención y en la presentación de iniciativas; pero no en el número de asesores.

La sentencia contó con la aprobación de siete magistrados y otros cuatro –entre ellos el actual presidente del TC, Cándido Conde Pumpido– presentaron un voto particular en el que consideraron que el recurso debería haber sido desestimado en su integridad.

El Parlamento acató la sentencia, pero los partidos siguieron sin hacer caso a los debates que planteaba la extrema derecha. Es más, a los dos meses, el 12 de mayo de 2022, la Cámara aprobó una iniciativa, presentada inicialmente por Gari Mujika, de EH Bildu, y consensuada después con PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, en la que se asegura que «el Parlamento vive con preocupación el ascenso de la extrema derecha y del neofascismo, porque son una amenaza contra la libertad, los derechos sociales y la democracia».

Además, el Parlamento rechazaba «toda expresión de violencia y discriminación contra las personas y colectivos, y muestra su firme voluntad de contraponer la agenda de la democracia, la igualdad y los derechos humanos a la apología del miedo y la discriminación».

Por último, la Cámara reafirmaba su «voluntad de seguir luchando contra las desigualdades sociales y mejorar y profundizar en la democracia para que las ideologías y fuerzas de extrema derecha y neofascistas fracasen en su política de rescatar odios y explotar miedos».

Nada más tomar posesión de su acta de parlamentaria, Amaia Martínez se quejó de estas medidas adoptadas por la inmensa mayoría de la Cámara y aseguró que «tengo que recordar que Vox en sus filas no lleva a ningún asesino. Entendemos que el suelo ético de algún otro partido es mucho más tendencioso que lo que pueda ser Vox».