Tres relatores de la ONU –Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tidball-Binz­– dictaminaron que las tres primeras leyes «de concordia» aprobadas en Aragón, Castilla  y León y el País Valencià vulneran los derechos humanos. Su informe vino en respuesta a una petición dirigida por el propio Gobierno español y refrendó que estas leyes atentan contra los derechos humanos, pues invisibilizan las vulneraciones cometidas, niegan el derecho a la verdad de las víctimas e incluso su derecho a saber dónde están sus familiares desaparecidos.

Es difícil que el informe de Naciones Unidas revierta la tendencia negacionista en las comunidades gobernadas por PP y Vox. Las respuestas han sido de locos.

«No vamos a aceptar ninguna lección de quienes son cómplices del terrorismo de Hamas», reaccionó el vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco (Vox).

«No vamos a aceptar ninguna lección de quienes son cómplices del terrorismo de Hamas», ha sido la reacción al informe de la ONU del vicepresidente aragonés.

En Castilla y León la versión que ofrece el Gobierno autonómico es la de que, como el requerimiento a la ONU lo hizo el Gobierno español, todo es cosa de Pedro Sánchez. «De los dueños de los bulos y el fango no se puede esperar otra cosa que bulos y fango», sostuvo el presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

Estas dos comunidades, Castilla y León y Aragón, tienen frontera con Euskal Herria y muchas de las historias de represión, necesariamente, se entrecruzan.

El investigador José Ramón Villanueva colaboró en la redacción de la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón, la norma a derribar en aras de la «concordia» por el actual Gobierno. Confiesa que la ley que elaboraron bajo el mandato de PSOE y Podemos «se parece mucho a la navarra, que es muy avanzada», por lo que la tomaron como referencia.

Villanueva se niega a llamar «ley de concordia» a lo que impulsa el actual Gobierno aragonés, «pues sería como asumir que la ley que hicimos sembrara la discordia y por ahí no paso».

Si bien el informe de la ONU le ha dado algo de esperanza, Villanueva es realista y subraya que la derogación de las leyes de memoria forman parte del acuerdo de coalición entre el PP y Vox para el Gobierno de su comunidad.

La infraestructura memorialista en Aragón ha sido desmantelada y los pocos lugares de memoria que se habían reconocido –el barranco de Calatayud, la tumba de María Domínguez, la cárcel de Benabarre y la tapia del cementerio de Torrero– se enfrentan a la amenaza de retirar toda la señalización, a su desaparición. El proyecto de ruta sobre del frente de los Monegros está hoy día muerto.

La tapia de Torrero interpela directamente a Nafarroa, pues es ahí donde acabó la historia del Tercio de Sanjurjo, también conocida como, la «legión maldita». Este Tercio se formó con vecinos de filiación republicana a quienes se les dio a elegir entre alistarse o el paredón. «Nadie os volverá a preguntar, jamás, por vuestras ideas anteriores. Como dice el himno de nuestra legión, cada uno será lo que quiera, nada importa la vida anterior», les prometió Amado Loriga. Cogieron el fusil para salvarse ellos y a sus familias y salieron hacia Aragón.

El Tercio duró semanas. Apelando a un indeterminado intento de fuga cerca de Torrero, los fascistas decidieron que lo mejor era matarlos. Fusilaron a unas 600 personas en la tapia del cementerio de Torrero, incluidos 224 navarros de Faltzes, Sartaguda, Lodosa, Mendabia... Allá se encuentra la mayor fosa común de navarros fuera del territorio, que fue excavada durante las exhumaciones tempranas.

Desde 2018, hay un monolito que recuerda a esas 224 personas y a quienes les exhumaron. Lo inauguró Puri, hermana de Vicente Pérez y vecina de Mélida.

A sus 87 años, acudió con la carta que les mandó su hermano antes de pasar por el paredón. Vicente (de 20 años) les dijo que todo iba bien, que el día previo le habían dado de comer y puesto una inyección. Que juraría bandera al día siguiente.

«Si el Gobierno aragonés quiere borrar los memoriales, el Gobierno central nos ha dicho que asumirá que son competencia suya», dice Villanueva.

Los memorialistas aragoneses se aferran ahora a la promesa que les ha llegado del secretario de Memoria Democrática estatal. «El informe de la ONU dice que reparar a las víctimas es una responsabilidad del Estado y lo que nos han dicho de Madrid es que, si el Gobierno aragonés quiere borrar los memoriales, el Gobierno central asumirá que son competencia suya y mantendrán lo que hemos hecho».

La situación es la contraria a la de 2011, cuando Mariano Rajoy desmanteló la estructura levantada por José Luis Rodríguez Zapatero en torno a la Ley de Memoria Histórica de 2007. La reacción de las autonomías con sensibilidad memorialista, como Nafarroa, fue elaborar leyes de memoria propias como salvaguarda, que son las que ahora se quieren tumbar.

Un gudari en Castilla

A mediados de abril se homenajeó en Arrankudiaga al gudari Ángel Egaña, porque Gogora había identificado sus restos gracias al banco de ADN de Aranzadi en la fosa de El Carmen en Valladolid. La excavación la realizó la asociación ARMH, cuyo presidente, Julio del Olmo, no se corta en sus análisis.

«El Gobierno nunca cumplió con su obligación. El PSOE invisibilizó a las víctimas por la buena marcha de la transición. Los vendió. Por eso todo el trabajo lo hemos hecho las asociaciones, los familiares en Castilla y León. Ahora lo que pasa es que estamos gobernados por formaciones que se reconocen abiertamente como herederas del franquismo».

Olmo, cuya asociación ha abierto 40 fosas y rescatado a de 701 personas, asegura que el problema no es Vox, sino que el PP también tiene un sector negacionista. «Los vencedores dieron su versión y tratan de volver a ella. Con la Historia no podrán, porque todo está investigado y pasará por encima de sus estupideces. Pero la historia tiene dos vertientes: la del conocimiento y la de su repercusión en el presente, que es de lo que se trata».

Esta segunda idea preocupa a Olmo. «Van a arrinconar el pasado para que olvidemos cómo fue y poder instalar y potenciar en el presente un régimen menos democrático que el que tenemos ahora... que tampoco es una maravilla», sostiene.

«Los vencedores dieron su versión y tratan de volver a ella. Con la Historia no podrán, pero tendrá repercusión en el presente», dice el presidente de ARMH.

Aintzane Ezenarro, directora de Gogora, también ve con preocupación lo que ocurre en las comunidades vecinas, aunque no cree que vaya a tener una incidencia en la labor de su organismo.

«El convenio para la búsqueda de desaparecidos es de 2003, de la etapa del lehendakari Ibarretxe. De ahí nace la colaboración con Aranzadi y la creación del Banco de ADN. Y ha habido continuidad incluso durante la etapa de López», remarca Ezenarro.

En lo referente a otras comunidades, Ezenarro sostiene que su relación más relevante es con Catalunya, donde combatieron muchos gudaris. En ese sentido, está tranquila, pese a admitir el «vacío» que las leyes de concordia dejarán tras de sí.

«Si el deber de memoria no se cumple. Lo que no se conoce, no se puede criticar y eleva el riesgo de caer en el atajo de la violencia. Estas leyes de la concordia son negacionistas en parte», prosigue.

Ezenarro, además, sostiene que el trabajo memorialista de los últimos años no está llegando a las escuelas, no se convierte en material escolar, porque no hay consenso. El franquismo se resuelve en los temarios con generalidades, sin ahondar en asuntos como la prohibición del euskara o la represión a la diversidad sexual.

César Layana, Jefe de Sección de Documentación en Instituto Navarro de la Memoria, se encuentra estos días preparando el II Congreso Internacional de Historia con Memoria, que se celebrará en noviembre en Iruñea.

En el Instututo de la Memoria de Nafarroa han detectado una reacción del profesorado en las CCAA amenazadas por las «leyes de concordia».

«Nosotros lo que hemos detectado es mayor activación del profesorado comprometido, precisamente, en aquellas zonas donde hay leyes de concordia o proyectos para desarrollarlas», como en el País Valencià o Andalucía. En su opinión, el miedo a lo que les viene encima ha servido de estímulo.

Sobre la desmemoria y una posible conexión con el auge de los movimientos totalitarios en Europa, Layana lanza una reflexión triste. «Que sea un ascenso transversal en Europa lo que nos indica es que con políticas de memoria no basta. No son garantía. Todos los paradigmas antifascistas están fracasando, desde el modelo alemán al portugués», asegura.

¿Para qué sirve, entonces, la memoria? Layana responde: «Para ser conscientes de que es una escalera. La exclusión por razón de religión, por xenofobia, son los primeros peldaños. La memoria nos dice a dónde nos llevan».