Desde el aumento de la temperatura global hasta el derretimiento de las capas de hielo, los cambios en el sistema climático a raíz de la actividad humana están ocurriendo a un ritmo no visto en los últimos 10.000 años. Los países vulnerables más afectados por las consecuencias del calentamiento global son, sin embargo, «los primeros en sufrir y los últimos en recibir la ayuda», en palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

En 2009, los países desarrollados se comprometieron a brindar apoyo financiero a las naciones más pobres para hacer frente a la crisis climática, una promesa que ha resonado en cada cumbre climática desde entonces, pero que ha carecido de resultados concretos.

La semana pasada, la conferencia climática de Bakú culminó con un pacto in extremis y sobre todo descafeinado que queda muy lejos de las demandas del Sur Global: el acuerdo establece que los países ricos deben aportar 300.000 millones de dólares anuales, una cifra muy por debajo de los 1,3 billones que pedían y que los países menos desarrollados calificaron de «insultante».

Pero, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas cuando los Estados, por sus actos y omisiones, han causado daños significativos al sistema climático? Es una de las cuestiones que planteó el año pasado la Asamblea General de las Naciones Unidas a los jueces internacionales, y que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tratará de contestar en unas audiencias que han comenzado este lunes en La Haya.

En concreto, el máximo tribunal de la ONU tratará de concretar las responsabilidades de los Estados por los daños causados a los países más pequeños y vulnerables y a sus poblaciones, en particular los amenazados por la subida del nivel del mar y las condiciones meteorológicas severas en regiones como el Océano Pacífico. No obstante, sus resoluciones no serán vinculantes, aunque para muchos países supondrá estrechar el cerco judicial sobre la inacción ambiental de los gobiernos.

Vanuatu, golpeado por el cambio climático, lidera la iniciativa

Esta solicitud de opinión consultiva fue remitida a la CIJ por la Asamblea General de la ONU el año pasado, respaldada por más de 130 países tras una iniciativa liderada por Vanuatu y otros países del Sur Global.

Este país insular está ubicado en el océano Pacífico Sur. Se trata de un archipiélago donde las aguas del océano despliegan una impresionante gama de azules turquesa que rodean sus idílicas islas. Un verdadero paraíso terrenal ahora convertido en infierno a causa del cambio climático.

El aumento del nivel del mar y la erosión costera amenazan a las comunidades de Vanuatu, que, a pesar de su estilo de vida sostenible –ha contribuido solo con el 0,02% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero–, se enfrentan ciclones destructivos, cultivos arruinados y la salinización de sus fuentes de agua. Para ellos, el cambio climático no es un problema futuro, sino una crisis actual.

Es por esto que representantes de Vanuatu y otras islas en peligro del océano Pacífico han inaugurado este lunes el maratoniano proceso de dos semanas ante un panel de 15 jueces que tratarán de responder a las «súplicas de los pequeños Estados insulares cuya existencia misma está en peligro», tal y como definió el proceso el Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

«Estamos en primera línea del impacto del cambio climático», ha declarado Ralph Regenvanu, enviado especial para el cambio climático de Vanuatu, para a continuación añadir que «nuestra petición de una opinión consultiva de la CIJ sobre el cambio climático llega en un momento crucial (...) que define claramente las obligaciones jurídicas internacionales para la acción climática».

Opinión «consultiva», aunque no «vinculante»

Respecto al tribunal, el Juez Presidente Nawaf Salam ha inaugurado las audiencias, durante las cuales más de 100 países y organizaciones presentarán alegaciones sobre el tema, el mayor número que jamás haya comparecido ante la CIJ.

Así, los países del Sur Global esperan que el dictamen tenga importantes consecuencias jurídicas en términos de justicia climática, pero también en lucha contra el calentamiento, ya que el documento de la ONU pide al CIJ que aclare «cuáles son las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático frente a las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero en favor de los Estados y de las generaciones presentes y futuras».

Así, los magistrados de la CIJ deberán basar su opinión legal no vinculante en documentos como la Carta de Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Acuerdo de París, así como los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

«Una opinión consultiva sólida de la CIJ puede guiar la acción. La corte no producirá legislación nueva, sino que examinará el derecho internacional existente, especialmente el derecho ambiental y el derecho de los derechos humanos, a la luz del consenso científico sobre las causas y las consecuencias del cambio climático», señaló en este aspecto Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional.

Por su parte, Jule Schnakenberg, miembro de la Juventud Mundial por la Justicia Climática, indicó que «tengo la esperanza de que los jueces digan algo útil que realmente pueda romper el punto muerto en torno a las negociaciones sobre el clima que vemos cada año en las COP».

Junto a decenas de manifestantes, Schnakenberg se ha concentrado ante el Palacio de la Paz, sede de la CIJ, con pancartas que rezaban: ‘El mayor problema ante el más alto tribunal’ y ‘Financiar nuestro futuro, financiar el clima ahora’.

Joie Chowdhury, abogada del Centro de Derecho Ambiental Internacional, con sede en EEUU y Suiza, cree que el Tribunal proporcionará un «marco jurídico» general sobre el que «se podrán decidir cuestiones más específicas». En su opinión, el dictamen de los jueces, que oficialmente se espera para el año que viene, «arrojará luz sobre las disputas relacionadas con el clima a nivel nacional e internacional».

Algunos de los mayores contaminadores del mundo, entre ellos los tres mayores emisores de gases de efecto invernadero –EEUU, China e India–, estarán entre los 98 países y 12 organizaciones y grupos que se espera presenten alegaciones.

Sin embargo, muchos expertos y activistas climáticos temen que la petición de una opinión consultiva no vinculante tenga un impacto limitado y que el máximo tribunal tarde meses, o incluso años, en emitir su dictamen.

Todo ello en un contexto en el que los sucesivos hallazgos científicos apuntan a que cada vez hay más probabilidades de superar el umbral de los 1,5 grados de calentamiento global.

En la COP29, vio la luz además una investigación preliminar, realizada por científicos del Global Carbon Project, que reveló que las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles han seguido aumentando este año, alcanzando un nuevo récord.