La Comisión Mixta de Transferencias compuesta por el Gobierno de Lakua y el de Madrid acordó ayer el traspaso de la gestión del litoral y de la actividad cinematográfica y audivisual. Además, se avanzó el traspaso de las autorizaciones de trabajo a personas extranjeras, que se cerrará en las próximas semanas.

Sobre la transferencia de las funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral, el Ministerio de Política Territorial destaca que «se traspasa la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre en el litoral del País Vasco, respetando el régimen jurídico vigente, determinadas funciones y servicios que, en el ámbito de la administración, la inspección y la potestad sancionadora, viene desempeñando la Administración General del Estado».

La transferencia será operativa a partir del 1 de abril, y la consejera María Ubarretxena afirmó que «no es una competencia más», porque «nos permitirá decidir sobre todo los nuevos proyectos e infraestructuras vinculadas a la costa de Euskadi, y disponer de esta competencia nos va a permitir agilizar proyectos y poder integrar también el litoral en nuestra estrategia de ordenación del territorio».

Aseguró que a partir de ahora la CAV «podrá gestionar y otorgar, entre otras, las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar de proyectos de urbanización, paseos, carriles bici, etc. Además de las concesiones para las construcciones de puentes, líneas eléctricas o de comunicaciones, embarcaderos, pantanales o varaderos fijos».

La consejera añadió asimismo que «esta competencia posibilitará el impulso de infraestructuras clave para la transición energética como aerogeneradores o tendido eléctricos, nuevos proyectos de pesca como las jaulas de engorde de atún rojo que en estos momentos se quiere instalar frente a la costa vasca en Getaria; o la ampliación hacia el mar de la red natura en el entorno de Jaizkibel».

Urdaibai y pasar las rayas

Resulta difícil entender que las jaulas de engorde de atún rojo o un arreglo de carreteras de costa tras una tempestad exijan una competencia que ­­–como recordaba Unai Fernández de Betoño, arquitecto y profesor universitario, en un artículo publicado en GARA el pasado 27 de octubre– ni siquiera aparecía en su informe de prioridades de negociación de las transferencias pendientes en 2001.

En su artículo, titulado ‘Lakua y Ley de Costas: pasarse de la raya’, Fernández de Betoño recordaba que «una raya dibujada en un plano de urbanismo puede cambiarte la vida. Porque la raya separa dos situaciones diferentes. Puede hacer que seas rico, o casi. Que desaparezca ese uso ruidoso que no te deja dormir. O que te despojen de la casa en la que llevas viviendo toda tu vida», por lo que deben primar las decisiones técnicas.

El arquitecto y profesor, que fue también parlamentario de EH Bildu, afirmaba en el artículo que la urgencia de Lakua por esta competencia obedece en realidad a intereses económicos y al «deseo por controlar el trazado de una raya. La de la línea de costa. La raya que marca hasta dónde llega oficialmente la ribera del mar, que es pública, y unas franjas de servidumbre de tránsito y de protección que hay que respetar, aunque estén sobre terrenos privados».

Y, a su entender, ahora la cuestión es que «dicha raya entorpece, entre otros, dos de los proyectos más publicitados últimamente por el PNV: los cuarteles de Loiola en Donostia y el Guggenheim de Urdaibai. Dos proyectos absolutamente diferentes, pero que tienen un problema en común: la línea de costa no está donde los jelkides quieren que esté».

Son esos intereses los que ve tras la irrupción en las marismas del Oka, en la reserva de Urdaibai. Añadía que «ahora el PNV quiere decidir quién puede ocupar el dominio público marítimo-terrestre, justo en el momento en el que la línea de costa se inmiscuye en sus proyectos ‘estratégicos’». Y se preguntaba si sería «¿para pasarse de la raya?».

Porque, según apuntaba, parece que a algunos les molesta la ley de costas de 1988, que fue tan necesaria desde el punto de vista del medioambiente y del uso público de la orilla del mar. Que desde que se aprobó dio soporte jurídico a diferentes grupos ecologistas en no pocos contenciosos contra los intereses inmobiliarios de los de siempre.