Ya está en vigor la Ley General de Minería Metálica aprobada por la mayoría de la Asamblea Legislativa controlada por el partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas. Pese a la oposición de las organizaciones medioambientales, se reanuda la exploración, extracción y procesamiento de minerales. De este modo, estará permitida toda actividad minera metálica en el suelo y subsuelo, así como en el dominio marítimo, sin necesidad de que la Asamblea Nacional deba aprobar una concesión.

La explotación minera podrá ser realizada solamente por el Estado, aunque podrá hacerlo a través de sociedades privadas en las que el Gobierno tenga participación. La ley prohíbe expresamente el uso de mercurio en actividades mineras debido a su toxicidad, pero no del cianuro. Las organizaciones medioambientales advierten de que volver a la minería metálica será muy perjudicial no solo para el medio ambiente, sino para las comunidades más vulnerables que enfrentarán riesgos para sus vidas, como la contaminación del agua y la deforestación.

Organizaciones de la sociedad civil, la Iglesia católica y universidades protestaron frente al Congreso. Asimismo, entidades ambientalistas se concentraron en las orillas del río Lempa, el más largo de Centroamérica, para exigir al Estado la protección del agua. También recordaron a dos ambientalistas muertos en 2009 por oponerse a proyectos de explotación minera. 

Bukele considera «absurdo» que la minería estuviera prohibida en el país que posee los yacimientos de oro «con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo», tal como defendió en su cuenta de la red social X. «Estudios realizados en solo el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro, valoradas hoy en 131.565 millones de dólares. Esto equivale al 380% del PIB», destacó el presidente, quien confía en «cambiar la economía de El Salvador de la noche a la mañana si hacemos una explotación responsable de nuestros recursos naturales».

Así, Bukele pretende generar empleo y recursos para el Estado, de cara a reducir la pobreza sin escuchar a la opinión mayoritaria de la población, que rechaza las actividades extractivas. Seis de cada diez salvadoreños (59,2%) considera que el país no es adecuado para la minería metálica, según una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.  Además, el 61% advierte de que la minería tendría impactos negativos en el medio ambiente.

La minería en Centroamérica

Sin embargo, Bukele no escuchó las voces críticas y llegó a publicar en sus redes sociales un mapa que ubica los yacimientos en zonas montañosas de este a oeste, sobre todo en el norte, por donde discurre el río Lempa, fronterizo con Guatemala y utilizado principalmente para el riego de cultivos agrícolas y la generación de energía eléctrica.

Se trata de la principal fuente de agua de la capital salvadoreña. Por ello, el pasado año, el Ministerio de Exteriores de El Salvador mostró su «preocupación» por la autorización en el país vecino de cambiar de mina subterránea a mina de cielo abierto el proyecto Cerro Blanco, gestionado por una empresa canadiense. El actual Gobierno de Bernardo Arévalo quiere impedir este proyecto autorizado por la anterior Administración y declarar una moratoria a nuevas licencias de explotación de minería metálica subterránea y a cielo abierto. También quiere revisar todas las licencias mineras vigentes.

A diferencia de Guatemala, la minería a cielo abierto es ilegal en Costa Rica desde el 2010, aunque su presidente, Rodrigo Chaves, propuso el pasado año explotar un yacimiento de oro en la frontera con Nicaragua. El Ejecutivo ganó un litigio a una empresa minera canadiense, que tuvo que cerrar su proyecto en 2010 por su impacto ambiental y ahora Chaves quiere extraer el oro porque «hay muchísimo dinero ahí». En Panamá, mientras, se aprobó en 2023 una ley que establece una moratoria por tiempo indefinido de la minería metálica, después de que miles de personas protestaran en las calles contra la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.

Bukele va en la dirección contraria y con su rodillo parlamentario impulsó una ley para recuperar una actividad que en el 2017 fue prohibida por el Congreso. Desde ese año, se consideró la minería de metales como una «amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias». Hoy, el presidente lo ve como una oportunidad para generar recursos y afianzar su poder bajo el argumento de que «Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies».