Las familias de las niñas de 4 años que denunciaron a un profesor por presuntamente haberlas agredido sexualmente en el Colegio Europa de Getxo han convocado este viernes una concentración para reclamar que continúe la investigación del caso, archivado inicialmente por falta de pruebas.

En un acto que se celebrará el 14 de febrero a las 19.00 horas en la plaza de la estación de Algorta, madres y padres de las niñas pedirán apoyo para que se siga investigando ese caso en una concentración convocada bajo el lema «Abusos probados, justicia pendiente. Las niñas no se tocan».

El Juzgado de Instrucción de Getxo acordó en un auto fechado el 23 de enero archivar provisionalmente este procedimiento por los supuestos delitos de agresión sexual a menores denunciados por las familias de las alumnas del Colegio Europa.

Los informes médicos constataron que las menores sufrieron esas agresiones sexuales denunciadas, pero el magistrado estimó que no había quedado suficientemente acreditada la posible autoría por parte de un profesor de inglés de ese centro concertado. El acusado estaba en libertad con cargos.

Las familias afectadas no comparten esa decisión y han opinado que «esa resolución se ha adoptado a pesar de los informes médicos» que habían confirmado las agresiones, y han añadido que el auto de archivo provisional se resolvió también a pesar «de los testimonios de las niñas que señalaban al acusado».

Padres y madres han reprochado además al juez «su negativa a permitir que pediatras del hospital de Cruces o alguna de las madres testificaran» en el procedimiento.

Por ello, han pedido «la reapertura de la causa y que se tomen en cuenta las pruebas y declaraciones de todas las personas» relacionadas con el caso, así como que se facilite el registro de acceso del profesorado al centro escolar.

Aún da clases a menores

En una entrevista a EfeTV, uno de los padres denunciantes, que ha pedido no ser identificado para preservar la identidad de su familia, ha expresado su «decepción y rabia» tras la resolución judicial inicial y la desprotección que, a su entender, han sufrido las niñas como víctimas de este procedimiento.

El progenitor sostiene que las agresiones sexuales «están probadas» pero el juez ha estimado que no ha quedado suficientemente acreditada la autoría por parte del docente, «a pesar de que las niñas hayan contado que el denunciado les tocaba» en su zona genital.

«¿Qué más tienen que decir?», se ha preguntado, al tiempo que ha lamentado que no se haya continuado con la investigación para poder demostrar la veracidad del relato de las niñas, después de que el instructor rechazara tomar declaración a las pediatras que atendieron a las pequeñas.

También ha solicitado que antes de cerrar definitivamente el caso se pida al colegio el registro de entrada y salida de los profesores para comprobar si el denunciado se solía quedar a solas con las menores o si esto no ocurría, como aseguraron otros docentes de ese centro.

A su juicio, las declaraciones de esos profesores «están absolutamente condicionadas» y no deberían de ser validas porque «podrían perder su puesto de trabajo o incluso tener parte de responsabilidad» en los hechos, ha reflexionado.

Las familias han denunciado «la injusticia que ha habido» y quieren «que la gente sepa» que el profesor denunciado «sigue dando clases a menores en un centro de idiomas y sigue haciendo su vida con normalidad».