La Comisión Mixta (Congreso y Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, en la que el PP y Vox cuentan con mayoría absoluta, ha pedido que se realice un informe de fiscalización sobre la entrega al PNV del edificio de París que en su día fue sede del Gobierno Vasco en el exilio y que actualmente ocupa la oficina del Instituto Cervantes en el Estado francés. A esta decisión se han opuesto PSOE, el PNV, EH Bildu y Sumar-Geroa Bai.

La cesión de la sede del Ejecutivo Vasco en el exilio forma parte del desarrollo de la Ley de Memoria Democrática y fue convalidado por el Congreso.

El PNV alega que el edificio fue comprado por el partido jeltzale para sede del Gobierno Vasco en el exilio y que fue incautado por la Gestapo nazi, que se la regaló a la dictadura franquista. Los herederos del régimen piden que se demuestre aquella compra de los años 40 del siglo pasado.

PP y Vox recuerdan que la justicia francesa no validó la compra en los años 40, pero fue en los años de la guerra y posguerra, y que el Supremo lo rechazó en una sentencia de 2003. Pero desde el Gobierno español y en el PNV replican que la Alto Tribunal no entró en el fondo de la cuestión, sino que se limitó a decir que no encajaba en la Ley de Memoria de 1998 porque era un inmueble situado fuera del Estado español. Eso cambió con la Ley de Memoria Democrática que está actualmente en vigor.

«Financiación ilegal» y «corrupción»

La diputada del PP Pilar Alia ha afirmado que si el Gobierno no da explicaciones, se podría pensar que esta restitución es «un regalo» a sus socios nacionalistas por un importe de casi 20 millones de euros y ha criticado que, durante seis años, el Instituto Cervantes tenga que pagar un alquiler al PNV por albergar su sede, lo que a su juicio puede suponer financiación ilegal del partido.

En similares términos se ha pronunciado el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, que habla incluso de «corrupción política» al considerar que «no es restitución, sino una apropiación» de un edifico público.

«Instrumentalización» del Tribunal

Por el contrario, la senadora del PNV Dolores Etxano ha explicado que el Tribunal de Cuentas podrá examinar la operación en sus informes sobre la Cuenta general del Estado o los exámenes a la contabilidad de los partidos políticos, pero exigir un informe específico muestra «una clara intención de instrumentalización».

Según el diputado del PSOE Raúl Díaz, el PP busca utilizar la Cámara Alta como «lavadero de sus chapuzas» mientras se da «golpes en el pecho» reclamando «dignidad» a las instituciones. «Esta restitución es devolver a alguien lo que en su día tuvo», ha añadido la senadora de Geroa Bai, Uxue Barkos.

Para el senador de EH Bildu Josu Estarrona, «el saqueo y el expolio» de la dictadura es algo reconocido por todo el mundo, y en cambio el PP va en dinámica contraria a Europa y quiere «incautar un inmueble que fue del gobierno vasco y que se apropió la dictadura».