Un juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra varios ex altos cargos del Gobierno de Madrid por la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia, entre ellos el entonces director de SUMMA 112, Pablo Busca Ostolaza, que desde noviembre de 2024 ocupa el cargo de director de Emergencias de Osakidetza, según la agencia Efe.

De acuerdo con la citada agencia, una de las querellantes le ha informado de que este segundo juzgado investiga a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ya imputados en la primera causa, y también a Pablo Busca Ostolaza y a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa.

El donostiarra Pablo Busca es licenciado en Medicina y Cirugía por EHU en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Osakidetza le nombró director de Emergencias el 31 de octubre del año pasado y asumió el cargo un día después en sustitución de Ane Beitia.

Lleva más de 25 años trabajando en Osakidetza vinculado al Hospital Universitario Donostia, donde ha ejercido primero como médico de Urgencias y posteriormente, durante más de 15 años, como Jefe del Servicio de Urgencias.

En diciembre de 2015 ocupó el cargo de director gerente del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, SUMMA 112, puesto que dejó en 2022 para dirigir la Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud.

Las declaraciones de los imputados están previstas para el 17 de junio.

El mismo día testificarán Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como «asesor principal» de Isabel Díaz Ayuso para la lucha contra la pandemia; Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid y las dos querellantes.

Este segundo procedimiento judicial del Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por familiares de residentes y, según ha explicado Marea de Residencias –uno de los querellantes–, ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria.

Esta causa se suma a la abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que el pasado lunes 26 de mayo suspendió la declaración de los investigados Mur y Martínez Peromingo, considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño, responsable de elaborar el «plan de choque»anunciado por el Gobierno madrileño, que incluía la medicalización de las residencias.