Los concejales de PSE, PNV y PP han votado en contra de una moción presentada por EH Bildu y Elkarrekin Gasteiz en nombre de los jardineros, en huelga desde hace 87 días. Un texto en el que se pedía la «implicación real» del Gabinete de Maider Etxebarria en la resolución del conflicto. Además, se instaba a la teniente de alcaldesa, Beatriz Artolazabal, ha acudir a la reunión prevista el 25 de junio en el Preco, «de cara a poder facilitar el entendimiento y tratar de buscar vías de solución que mantiene la plantilla de Enviser con la empresa». 

El texto ha sido defendido por Leire Urkijo, que ha intervenido en representación de los y las trabajadoras en el turno popular. Ha censurado que el «alquiler medio de una vivienda en nuestro territorio es de 900 euros al mes, el gasto medio en comida es 238 euros al mes, el gasto medio en electricidad agua y gas es de 170 euros al mes y gasto medio en ropa y calzado es 60 euros al mes. La suma da 1.368 euros, y el salario neto de un jardinero es de 1.161 euros».

«¿Sería capaz algo miembro del Gobierno de poder desarrollar una vida digna en estas condiciones?», ha preguntado antes de advertir de que «esto es consecuencia de trabajar bajo un convenio estatal que se negocia a cientos de kilómetros de que y que no responder de ninguna de las maneras a la realidad que vivimos aquí». 

«También es consecuencia de la insensibilidad y dejadez de este Ayuntamiento. No es de recibo que una administración cuando subcontrata un servicio no conozca y no tenga en consideración las condiciones en las que se encuentran las personas trabajadoras que les están prestando ese servicio publico», ha aseverado, y ha incidido en que «el Ayuntamiento se ha aliado con la empresa, y la semana pasada solicitaron imponer unos servicios mínimos desorbitados».

Ha manifestado que estos servicios mínimos no responden a la prevención de incendios ni la seguridad vial, ya que incluyen los parques del centro de Gasteiz, como son La Florida, Catedral y Prado, «los mas sombríos». «El único riesgo que ven PNV y PSE es la propagación de la reivindicación de salarios y condiciones de trabajo dignas en todas las contratas que han privatizado para que unos pocos se forren de lo público a costa del trabajo precario de cientos de gasteiztarras que viven aquí y pagan sus impuestos. No como las empresas que defiende el equipo de Gobierno», ha remarcado, apuntando que Enviser es propiedad de un fondo de inversión estadounidense que opera en Europa a través de Luxemburgo.

«Ese es el modelo que defiende el equipo de Gobierno, enriquecer a estas empresas pirata y decirnos a las trabajadoras que nos jodamos y nos aguantemos», ha censurado Urkijo, que ha cargado contra Artolazabal por posicionarse con la empresa: «Parece que el Ayuntamiento no quiere trabajadores con derechos sino que quiere esclavos a su servicio a los que pretende quitar el derecho a la huelga».

«Ese es el modelo que defiende el equipo de Gobierno, enriquecer a estas empresas pirata y decirnos a las trabajadoras que nos jodamos y nos aguantemos»

Por último, ha señalado que la imposición de servicios mínimos «nos da rabia, pero también nos da el coraje suficiente y nos permite canalizar esa rabia hacia otras forma de lucha complementarias a la huelga». Al finalizar su intervención, ha abandonado el salón de plenos y se ha unido a la concentración convocada por los trabajadores de Enviser ante la casa consistorial.

Artolazabal: «La empresa se ha movido, y los trabajadores no»

Esta decisión no ha gustado a la edil jeltzale, que ha incidido en que «si quieren hablar conmigo lo mínimo es esperar la respuesta de los grupos». 

La responsable del Departamento de Espacio Público y Barrios ha defendido a la empresa que, a su juicio, «se ha movido, y los trabajadores no». «Solicitan 3.000 euros en 2025, bajada de horarios y 300 euros de plus de peligrosidad. No se mueven de ahí, y con esa actitud malamente vamos a poder llegar a ningún acuerdo», ha destacado Artolazabal quien, según datos de 2023, percibe un suelo mensual de 5.786 euros.

La edil ha rechazado su participación en la reunión del Preco. «Vamos a defender los intereses de esta casa, y en este momento la relación contractual es entre la empresa y los trabajadores. Eso no se puede pervertir, porque la negociación no es nuestra».

Además, ha puesto en valor el proceso de licitación del servicio, realizado en 2023. «Sabían las partes que estaba reverenciado al convenio estatal, que será peor o mejor, pero ese es el marco en el que nos movemos. Y en ese marco podíamos haber hecho mejoras, pero nadie reclamó que el pliego no fuera adecuado».