El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la operación de concentración entre BBVA y Sabadell con la condición de que, durante tres años, ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, y autonomía en la gestión de la actividad, un periodo que puede ampliarse a cinco. El banco que preside Carlos Torres Vila podrá recurrir al Tribunal Supremo ese dictamen.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado la decisión del Gobierno español sobre la opa que BBVA presentó hace 13 meses y después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) determinara sus condiciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha asegurado que con ello el Ejecutivo protege criterios de interés general «en línea con nuestro marco jurídico y constitucional».

El Consejo de Ministros ha establecido también que podrá ampliar por un periodo adicional de dos años la autonomía en la gestión de la actividad que impone inicialmente por tres años, una vez evaluada «la eficacia de esa condición».

El Gobierno ha indicado que la autonomía en la gestión de la actividad se deberá concretar, al menos, en una gestión y toma de decisión autónoma en las decisiones que afecten a la política de financiación y crédito, en particular a pymes; recursos humanos; red de oficinas y servicios bancarios; y obra social a través de sus respectivas fundaciones.

Así, en materia de empleo el Ejecutivo ha establecido que no podrá haber procesos específicos de reducción de plantillas asociados a la operación.

Para que el Ejecutivo decida si prorroga por dos años el plazo en que las dos entidades mantendrán una gestión de actividad autónoma, con una antelación de entre dos y seis meses respecto de la fecha de finalización del plazo de tres años, BBVA y Banco Sabadell deberán remitir a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa un informe de situación cada una.

En él, detallarán el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y su contribución al mantenimiento de los criterios de interés general mencionados.

Además, con la misma antelación, las entidades deberán elaborar y publicar en su sitio web un plan estructural a largo plazo en el que se detalle en qué medida su estrategia corporativa afectará, en al menos los cinco años siguientes, a los criterios de interés general identificados.

La decisión del Gobierno será comunicada a la CNMC y a las partes, y pone fin al procedimiento de control de concentraciones económicas establecido en la Ley de Defensa de la Competencia.

El Gobierno ha dicho que su decisión encuentra arraigo en la Constitución española, en distintas normas del ordenamiento jurídico y están avaladas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

«Proporcional y equilibrada»

El ministro ha destacado que la decisión adoptada es «proporcional y equilibrada» y «no imposibilita que la operación siga su curso», y ha añadido que «ahora le corresponderá hablar al resto de actores», entre ellos, al BBVA, «si decide seguir adelante», y a los accionistas del Sabadell.

Tras la decisión adoptada por el Ejecutivo español, BBVA puede presentar un recurso contencioso administrativo en el Supremo, que es el órgano competente en este caso, y para ello cuenta con un plazo de dos meses.

El recurso, que se sustancia en una demanda, debe especificar los motivos de impugnación y las razones del recurrente, y, una vez admitido el recurso, informará a la parte demandada para que conteste.

Sabadell defiende su proyecto

El Banco Sabadell ha defendido la solidez de «su proyecto en solitario» tras las condiciones impuestas por el Gobierno español a la opa del BBVA, al que ha instado a aportar información sobre cómo impactarán los nuevos requisitos en su capacidad de retribuir al accionista «en el futuro».

«Esta información es relevante para nuestros accionistas», sostiene.