Desde que vecinos denunciaron hace un año el derribo de un palacete de estilo neoclásico de 1845 en el corazón de Algorta para levantar viviendas de lujo, se advirtió de que la actuación irregular perseguía rebajar costes de la operación inmobiliaria, ya que al ser un edificio protegido a nivel municipal se debía preservar las características del emblemático Irurak Bat.

Ahora, un informe redactado por un técnico del Ayuntamiento de Getxo calcula el coste de la rehabilitación frente a la nueva edificación, del que se concluye que, a pesar de la multa de 50.000 euros impuesta, Ereaga Atalaya Sociedad Cooperativa se ha ahorrado más de 730.000 euros, en un proyecto que supera los 3 millones.

La oposición aseguró en marzo pasado, al conocerse la cuantía de la sanción, que la multa de 50.000 euros a la promotora era una «burla». Meses después, un técnico municipal concluye que la rehabilitación del edificio histórico conllevaría un gasto aproximado de 3,2 millones de euros, frente a los 2,5 millones que implicará su construcción tras el derribo, por lo que de esta forma la empresa se habría ahorrado más de 730.000 euros por demoler el inmueble de forma irregular.

Tras conocer este informe, EH Bildu ha exigido que «como mínimo» la multa impuesta a Ereaga Atalaya Sociedad Cooperativa ascienda hasta dicha cantidad, «para evitar que la promotora obtenga beneficio económico del derribo». Para los soberanistas de izquierda, la cuantía de la sanción que impuso el Gobierno municipal PNV-PSE era «totalmente insuficiente», puesto que no compensa la pérdida de patrimonio ni garantiza que la empresa obtenga beneficio económico con la demolición, tal y como se demuestra en el informe.

Además, denuncian la falta de transparencia de PNV y PSE en este caso que tanto revuelo mediático causó. EH Bildu indica que se personó en el procedimiento administrativo, pero no se les permitió presentar alegaciones en torno a las sanciones impuestas, ni se les informó de todas las acciones que se han realizado.

Acusan a los partidos que sustentan el Gobierno municipal de contar con el apoyo del PP, a pesar de que el primer partido de la oposición trató de desgastar políticamente a los jeltzales con este caso. Precisamente, PNV, PP y PSE se opusieron en enero pasado a que el Consistorio se personara como acusación popular en las diligencias que instruye un juzgado por el polémico derribo.

EH Bildu recuerda que el caso de Irurak Bat no es una excepción, puesto que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Getxo, contempla varios derribos de edificios históricos, «actuando en contra incluso de informes de patrimonio del Gobierno Vasco, y priorizando la especulación inmobiliaria sobre la historia de nuestro pueblo».