Es sábado por la mañana y las campas de Lakuntza aún conservan el eco del último concierto y los pasos arrastrados de quienes regresaron a sus tiendas de madrugada. En el Naiz Gunea huele a café; no hay focos ni decibelios, solo personas reunidas frente a un pequeño escenario. Allí, Aduna Mendizabal, de Harrera; Onintza Ostolaza, abogada; y Mikel Mundiñano, coordinador de Sare Herritarra, han situado en el centro del Hatortxu uno de sus fines más claros: denunciar la persistencia del sufrimiento de las presas y presos políticos vascos y los desafíos aún sin resolver.

Iñaki Soto, director de Gara, ha conducido la conversación con tres personas que conocen de primera mano las entrañas del sistema penitenciario y el largo recorrido de una causa que aún no ha concluido. Ese ha sido, precisamente, el mensaje que ha atravesado la charla de este sábado: aunque el Hatortxu llega a su fin, y con él la política de dispersión, «no hay que quitarse el chip» respecto a la cuestión de los presos.

Porque más de cien personas siguen encarceladas ya en prisiones de Euskal Herria, sí, pero todavía bajo condiciones de excepcionalidad. Porque la dispersión ha desaparecido del mapa, pero persisten la arbitrariedad, el recurso automático de la Fiscalía ante cualquier avance y la sensación de que todo cuesta el triple si eres una presa vasca. Pero antes de abordar los retos futuros, Soto ha preguntado: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

La dispersión letal y su reverso

Ostolaza ha iniciado la charla apelando a la memoria: hace apenas seis años, «la mitad del colectivo de presos estaba a más de mil kilómetros», muchos de ellos separados, sin capacidad para articular respuestas unitarias. Las mujeres presas, a menudo, estaban además aisladas en módulos de primer grado, con hasta 20 duras horas diarias en una celda.

El entramado de excepcionalidad contra los presos vascos tenía –y aún tiene– dos principales expresiones legales. Dos son bien conocidas: la ley 7/2003, del «que se pudran en la cárcel», de José María Aznar, y la 7/2014, diseñada para evitar descontar condenas cumplidas en el Estado francés. Pero menos conocida es la Ley Orgánica 5/2003, que establece que la situación penitenciaria de las personas juzgadas por la Audiencia Nacional española –es decir, todo el colectivo– queda en manos del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en detrimento de las competencias de los juzgados territoriales.

¿Cómo hemos salido del atolladero?, se ha preguntado Ostolaza, para luego afirmar que han existido tres vías. Con la apuesta del EPPK por la vía legal, decidida en 2017 cuando aún gobernaba el PP en el Estado español, el camino comenzó a despejarse al desaparecer muchas de las excusas que sostenían el bloqueo.

En un contexto político más favorable tras el relevo en La Moncloa, se han producido en apenas cuatro años avances significativos: el fin del aislamiento (2021), la desaparición del primer grado, el término del alejamiento (2023) y la reforma del «doble cómputo», que prorrogaba artificialmente los encarcelamientos (2024). Todo ello sin olvidar la transferencia de la gestión penitenciaria a la CAV, que ha abierto la puerta a nuevos modelos de cumplimiento, aunque la última palabra sigue estando en manos de la Audiencia Nacional.

¿Dónde estamos hoy?

En ese punto, Mundiñano ha recordado que Sare nace en un contexto político en el que la cuestión de los presos estaba bloqueada. Había un proceso de paz, pero nadie al otro lado con intención de asumir responsabilidades. De hecho, se obstaculizó e ilegalizó Harrira, y «de esa necesidad nació Sare». «Queríamos crear un movimiento en defensa de los derechos de los presos, ya que el fin del conflicto requería soluciones justas», ha explicado.

«Nos pusimos manos a la obra: iniciamos campañas a favor de los presos enfermos, de los niños y niñas de la mochila, promovimos acuerdos entre diferentes y nos movilizamos. Así, creo que gran parte de la sociedad vasca se ha sumado a nuestras reivindicaciones», ha añadido Mundiñano.

Todos esos esfuerzos, a veces en la sombra, a veces a plena luz, han dado sus frutos. Hoy, ha recordado Ostolaza, hay 48 presos en segundo grado; a 17 se les aplica el artículo 100.2, que permite adaptarse, al menos parcialmente, al régimen de semilibertad del tercer grado sin estar clasificados en dicho grado; 31 están en tercer grado con control telemático; y 28 en régimen de libertad condicional.

Sin embargo, la abogada ha subrayado que las políticas de excepción continúan, ya que muchos presos encuentran obstáculos para acceder a estos permisos, entre ellos los recursos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Asimismo, ha añadido Mundiñano, de los 111 presos, 51 están en régimen cerrado y no tienen opción de pisar la calle, pese a cumplir con los requisitos para beneficiarse del régimen de semilibertad. «Si queremos avanzar hacia la convivencia, hay que dar una salida a estos presos», ha enfatizado.

Además, la reforma de la ley 7/2014 que corrige sobre el papel diez años de desacato al criterio europeo de acumular cumplimiento de condena realizados en diferentes estados, solo alcanza, por ahora, a cuatro presos, ha informado la abogada.

¿Y qué pasa con quienes salen?

Harrera Elkartea cumple trece años de asistencia a personas que regresan de prisión, exilio o deportación. Su línea de trabajo está consolidada, y en el horizonte tienen un plan de atención integral. En un contexto con nuevas necesidades –debido a realidades como el tercer grado, el 100.2, o la edad avanzada de quienes retornan–, se han puesto en marcha para responder a estas situaciones.

Cuando comenzaron, ha explicado Mendizabal, la realidad era muy distinta: los presos solo salían al cumplir su condena. Hoy, su intervención comienza mucho antes: «Entramos en prisión para hablar con los internos en segundo grado, analizar su situación y preparar su salida: estudios, formación, necesidades básicas». Una vez en la calle, se les ofrece un apoyo integral: atención psicológica, médica (oftalmólogos, dentistas), ayuda con trámites (DNI, carné de conducir), y acompañamiento continuo.

«El mayor reto es la vivienda, sobre todo para quienes llevan años fuera. Además, ofrecemos una ayuda económica inicial para que puedan reintegrarse. El coste es alto, pero necesario», ha subrayado.

¿Qué queda por hacer?

Nos encontramos en una nueva fase, pero eso no significa que la cuestión esté cerrada: sigue siendo un asunto político y colectivo. Tiene sentido seguir movilizándose, ha apuntado Soto, y Sare asume esa responsabilidad. Preguntados por los ejes y razones para continuar en la militancia, desde la plataforma han respondido que es necesario el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, y que el asunto de los presos deportados y exiliados sigue sin resolverse: hay 18 personas exiliadas o deportadas que no pueden regresar.

Desde Harrera, Mendizabal ha señalado que la atención sanitaria y psicológica en prisión es escasa; muchos presos no han cotizado y no tienen derecho a jubilación, por lo que el acompañamiento sigue siendo esencial. Por eso, Harrera Elkartea ha lanzado una campaña de captación de nuevos socios y socias –con el objetivo de alcanzar los 5.000– que aporten músculo financiero y estabilidad a una red cuya importancia queda reflejada en los testimonios de quienes forman parte de ella o han sido acogidos.

La charla ha servido también para recordar a una audiencia joven, que no ha vivido las penurias del pasado, la necesidad de mantener viva la solidaridad en esta nueva etapa. Porque aún quedan presos en régimen cerrado, deportados, refugiados y condenas de décadas. La cuestión sigue vigente. Como ha recordado Soto, Naiz y Gara seguirá visibilizándola con el cintillo #freethemall, que permanecerá en portada hasta que el sufrimiento se acabe de una vez.

Homenaje a Balda y ‘Kaixer’

Además, la organización de Hatortxu ha querido recordar y homenajear a dos personas que han sido muy importantes en el festival y que han fallecido en los últimos años: Fran Balda, solidario y represaliado en numerosas ocasiones; y Imanol Azpiroz ‘Kaixer’, concejal de Lakuntza que falleció en 2023 y voluntario en el festival.

En el acto han participado Porrotx y Ane Pirata, que han recordado los momentos vividos con ambos, desde la plaza de Lakuntza hasta las brigadas culturales que viajaron a Palestina. Además, vecinos del pueblo donde se está celebrando el festival, así como del vecino Arbizu, localidad natal de Balda, han plantado sendos árboles.

Fontso Arnesto, miembro de la organización, también ha tomado la palabra. «Balda, Kaixer, solemos decir que ya no estáis entre nosotras. Pero no es verdad. Aquí estáis. Todo esto, todo lo que estamos viendo y haciendo estos días, es también gracias a vosotros. Si Hatortxu ha llegado hasta aquí, es también gracias a vosotros. Si Hatortxu se va, es también gracias a vosotros, gracias por haber compartido vuestra vida con nosotras».