El Tribunal Supremo español ha situado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a las puertas del juicio al confirmar su procesamiento por supuesta revelación de secretos por las filtraciones sobre el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusado de presunto fraude a Hacienda.

En un auto difundido este martes, la Sala de apelación del Alto Tribunal desestima los recursos de la Fiscalía y del propio García Ortiz contra la decisión del juez instructor de la causa, Ángel Hurtado. Este acordó el procesamiento de García Ortiz el 9 de junio tras ocho meses de investigación. La Sala considera que los indicios recabados son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados.

Sin embargo, archiva las actuaciones respecto a la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por no apreciar indicios de que cometiera delito.

En su auto la Sala señala que «no se cuestiona que la Fiscalía General pretendiera legítimamente salir al paso de informaciones que consideraba inveraces» sobre la causa contra el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, pero entiende que «para realizar la réplica informativa no era preciso revelar información reservada».

Añade, además, que «siendo cierto que existieron filtraciones anteriores del procedimiento» contra González Amador, «que motivaron incluso las quejas de la fiscal superior de Madrid, también lo es que esas filtraciones son ajenas al objeto de esta investigación».

Asimismo, valora que «la desaparición de la información de los dispositivos móviles y correos» del fiscal «tuvo por finalidad ocultarla ante una posible investigación».

Voto particular

La decisión de la Sala de apelación es adoptada por mayoría, al haber sido apoyada por dos de sus tres magistrados, Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres. El tercero, Andrés Palomo del Arco, ha emitido un voto particular en el que estima que debía haberse archivado la causa contra el fiscal general al no apreciar que revelara ningún dato que no se conociese con anterioridad.

Palomo del Arco señala, en concreto, que no cabe atribuir al fiscal general un delito de revelación de secretos derivado de la nota informativa de la Fiscalía porque la misma «obedece a un desmentido, pero no incorpora o revela dato alguno que no fuese ya conocido públicamente con generalidad, al haberse publicado en medios informativos».

Argumenta que para procesarle por ese delito no basta «una narración trabada, verosímil, como si de una obra de ficción se tratara, (...), sino que exige un examen de suficiencia del acervo acusatorio sobre la perpetración del hecho por parte del investigado, donde su participación sea al menos tan posible o fuerte como la contraria». Entiende, así, «que no existe un fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena».

El encausamiento de García Ortiz tiene un evidente poso político, pues ha sido utilizado por la derecha para atizar al Gobierno español. En este sentido, fuentes del Ejecutivo citadas por la agencia Efe indicaron ayer que el Gabinete de Pedro Sánchez mantiene su respaldo al fiscal general del Estado, porque sigue confiando en su inocencia.

Por contra, El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión «inmediata» del fiscal general del Estado, argumentando que «quien se sienta en el banquillo de los acusados no puede perseguir delitos».