Ante la condición impuesta por el Gobierno español de que tendrá que mantener de forma independiente al Banco Sabadell si prospera la opa sobre esa entidad, el BBVA ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo español. Según fuentes de la entidad, la condición impide llevar a cabo una fusión al menos en los próximos tres años.

A finales de junio el Consejo de Ministros dio luz verde a la OPA del BBVA sobre Sabadell con la única condición de que las dos entidades no pudieran unirse en los próximos tres años, lo que a priori complicaba la operación y retrasaba la posibilidad de obtener los 850 millones de ahorros previstos.

El BBVA siempre consideró que solo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) podía imponer condiciones a la operación de concentración, por lo que el Ejecutivo, a los ojos del banco, lo más que podía hacer era validarlas o incluso rebajarlas, pero nunca endurecerlas como finalmente hizo el Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Economía han trasladado a Efe que respetan la decisión del BBVA, pero añaden que el Gobierno ha actuado «en todo momento» en línea con la normativa nacional, como avalan los informes de la Abogacía del Estado y con respeto a la participación de todas las instituciones involucradas y sus competencias.

El Ejecutivo defiende su actuación al igual que hizo cuando se conoció que la Comisión Europea abría un expediente al Estado español por esta cuestión e insisten en que la normativa está vigente desde 2007 y ha sido aplicada en numerosas ocasiones desde entonces.

En más de una ocasión, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en que el que Gobierno español se ciñó «exclusivamente» y «de manera muy estricta» a lo que permitía la ley, que recoge la posibilidad de que el Ejecutivo imponga condiciones adicionales teniendo en cuenta el interés general, más allá de las aprobadas por Competencia.

El BBVA lanzó en mayo de 2024 una opa sobre el Sabadell y a finales de abril de este año, tras un análisis exhaustivo del impacto que podría tener esta operación de concentración, recibió el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), sujeto a una serie de obligaciones por el comprador.

Sin embargo, Madrid tenía opción a revisar estos compromisos e incluso a imponer condiciones adicionales con el argumento de defender el interés general, lo que le llevó a aprobar en el Consejo de Ministros la posible concentración siempre que las dos entidades mantengan su independencia al menos tres años.