
Eneko Andueza ha querido dejar claro en el debate de política general que se celebra este jueves en el Parlamento de Gasteiz que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa todo lo que funciona tiene la huella del PSE. Ha presumido de que la CAV disfruta «del autogobierno más desarrollado de nuestra historia» y rechazado las voces que hablan de un «modelo erosionado». Según sus cuentas, «gestionamos 97 de cada 100 euros que recaudamos» y las transferencias pendientes llegarán gracias a «la voluntad inequívoca» del Gobierno español. La prueba, ha dicho, es el traspaso de la gestión del desempleo.
La narrativa de Andueza ha sido es clara: las mejoras en la CAV se deben a la acción del PSE en Gasteiz y en Madrid. «España funciona y Euskadi también, y el nexo común es la presencia socialista en los gobiernos», ha proclamado.
Ese tono de autoafirmación no ha ocultado, sin embargo, las líneas rojas que ha querido marcar frente a su socio de gobierno. Sobre la reforma del Estatuto, ha defendido una actualización para reforzar «derechos sociales, pluralidad y convivencia», pero ha advertido que no apoyará ningún texto que «dé pie a sus aspiraciones independentistas».
«Hace dos legislaturas un acuerdo se frustró por el empeño de incluir ese derecho de autodeterminación que ya no está en la agenda de la ciudadanía vasca ni en las calles de Euskadi», ha insistido, recordando que la pelota sigue en el tejado de PNV y EH Bildu. El mensaje ha sido inequívoco: autogobierno sí, pero siempre dentro del marco constitucional y de acuerdo con el Estado.
El segundo muro lo ha levantado en torno al euskera. Andueza ha criticado al PNV por proponer cambios legislativos que, según él, «rompen consensos de los últimos cuarenta años» en política lingüística. De esta manera, ha advertido de que esas iniciativas generarán más recursos en las OPE y defendido una aplicación «flexible, sensata y garantista» de las exigencias lingüísticas en la Administración. Según Andueza, no pueden verse «vulnerados los derechos de las personas trabajadoras o de las aspirantes a trabajar en o para el sector público».
Su discurso ha abundado en ese mismo tono al rechazar lo que ha denominado «el discurso mágico de los nacionalistas». A su juicio, «la independencia no funcionará para resolver el reto demográfico, no funcionará como solución para mejorar los resultados escolares ni como pretexto para presentarse como víctimas de un complot contra el euskera». En contraposición, ha defendido que lo que sí funciona es el acuerdo de Gobierno con el PNV, pero «con una clara influencia socialista» y «un programa que mira a la clase trabajadora y a la izquierda».
Otro de los momentos espinosos ha llegado cuando Andueza ha abordado la cuestión de la memoria. Aunque ha admitido el «justo reconocimiento» de Txiki y Otaegi como «víctimas del franquismo, sometidos a una farsa judicial», a renglón seguido ha marcado un límite tajante: los militantes vascos no pueden ser reivindicados como «referentes». El líder del PSE elige así una fórmula contradictoria: reconocer la injusticia de los fusilamientos de 1975 y, al mismo tiempo, negar el valor político y simbólico de quienes los sufrieron.
La dureza del mensaje no ha pasado inadvertida. De hecho, Andueza ha considerado incluso «bastante grave» que algunos dirigentes de EH Bildu cuestionen la capacidad del PSE para dirigir áreas sensibles en materia de memoria, comparándolo con un supuesto «apartheid» hacia su formación.
Pero Andueza no solo ha mirado a EH Bildu. También ha aprovechado para marcar distancias con el PNV incluso antes del pleno, cuando este miércoles acusó al Ejecutivo de Pradales de estar virando hacia posiciones más conservadoras en materia de inmigración por miedo a perder terreno político. «No está en riesgo nuestra identidad ni nuestra cultura –ha asegurado–, lo que está en juego es nuestra dignidad».
Además, Andueza ha insistido en que la buena salud económica y la fortaleza institucional de la CAV no se explican sin el papel del PSOE en los gobiernos de Madrid y Gasteiz.
Así, ha apostado por una política útil y progresista que, según ha afirmado, está sabiendo responder a los retos del país: desde la transformación de Osakidetza hasta la lucha contra la segregación escolar, pasando por la necesidad urgente de una nueva ley de vivienda que desbloquee el desarrollo urbanístico paralizado por normativas obsoletas.
Jon Hernández (Sumar)
Jon Hernández, portavoz de Sumar, ha lanzado una crítica contundente al Gobierno de Imanol Pradales. Ha acusado al lehendakari y a su Ejecutivo de «autocomplacencia» y de alejarse de los problemas reales de la clase trabajadora.
El portavoz ha comenzado su intervención con una referencia internacional. Ha expresado su apoyo al pueblo palestino y ha denunciado el genocidio en Gaza, al que ha responsabilizado a potencias como EEUU y a la pasividad de la UE. En este contexto, ha recordado las protestas contra la Vuelta a su paso por Euskal Herria y ha censurado que el lehendakari y el consejero Zupiria las calificaran de bochornosas. Para Hernández, criminalizar la movilización ciudadana es un «grave error».
En el plano socioeconómico, ha puesto el foco en la vivienda. Ha denunciado que los alquileres son imposibles, que los jóvenes no pueden emanciparse y que las familias están ahogadas. Como solución, ha reclamado un parque público más robusto, la movilización de pisos vacíos y un tope a los precios.
Hernández también ha atacado la política fiscal de Lakua. Ha recordado que en la CAV «los trabajadores pagan más que las empresas» y ha acusado al PNV de rebajar impuestos a la banca mientras se niega a subir las pensiones.
En sanidad y educación, el portavoz de Sumar ha considerado que los grandes pactos del Ejecutivo –el sanitario y el educativo– «están vacíos de contenido». De esta manera, ha denunciado una «privatización encubierta» en Osakidetza y ha acusado al Gobierno de mantener la concertada con fondos públicos pese a su vinculación con la segregación escolar.
El diagnóstico de Hernández ha ido más allá. Ha advertido de que Pradales adopta un discurso «cada vez más cercano al neoliberalismo» e incluso a posiciones «antiinmigración». En este aspecto, haga criticado que se trate a las personas migrantes como mera mano de obra y ha recordado que «África no presiona, lo que sufre es la presión de Occidente». Para cerrar, ha denunciado la creación de mesas de debate fuera del Parlamento como una maniobra del Gobierno para reforzar su aparato propagandístico y vaciar el control democrático.
Javier de Andrés (PP)
Muy distinto ha sido el tono de Javier de Andrés (PP). El portavoz popular ha vuelto a situar su discurso en torno a ETA, la inmigración y el Gobierno de Pedro Sánchez, en un estilo cargado de advertencias y referencias al pasado.
Aunque ha asegurado que hablaría poco de política internacional, ha arrancado denunciando el «asesinato de cristianos en Nigeria», un ejemplo que ha utilizado para acusar de hipocresía a quienes, según él, muestran una preocupación humanitaria selectiva en referencia a Gaza.
En clave vasca, De Andrés ha acusado al Gobierno de Lakua de «vivir de la recaudación de la iniciativa privada» y ha censurado el aumento de asesores. En resumen, ha retratado a Pradales como un lehendakari que, tras 16 meses, «sigue buscando postura en el sillón».
El líder popular ha pintado asimismo un panorama económico negativo: pérdida de empresas, caída de exportaciones y deterioro laboral. También ha cargado contra la Ley estatal de Vivienda, a la que ha culpado de la aparición de «chabolismo» en Bilbao y del auge de los pisos compartidos.
En educación, De Andrés ha acusado al Ejecutivo de «destrozar la escuela pública y ahora también la concertada», mientras que en sanidad ha denunciado el deterioro de los servicios pese al gasto récord por habitante. La seguridad se ha llevado la palma, ya que Alonso ha alertado de un aumento de la criminalidad en la CAV y, sobre todo, en Gasteiz.
Su conclusión ha sido clara: «donde mejor funciona el sanchismo es en Euskadi». Con esa frase, De Andrés ha resumido su visión de una CAV atrapada entre la deriva del Gobierno de Sácnez y la ineficacia de Lakua.

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