Primero fue la «investigación» de Widgery, que exoneró a los soldados de la matanza acusando a las 14 víctimas de estar armadas en 1972. Las familias lucharon durante 26 años hasta conseguir una nueva investigación pública sobre lo ocurrido.

Y en 2010, Lord Saville estableció la inocencia de las víctimas del Domingo Sangriento y la falta de justificación de las acciones de los soldados. Hoy, quince años después, uno de los responsables se sienta en el banquillo de los acusados.

Si se hubiera dejado en manos del Ministerio Público, el «soldado F» nunca habría sido procesado, ya que en 2020 ratificó su decisión de no procesar a los 15 soldados denunciados por los familiares por delitos de «asesinato, intento de asesinato y lesiones graves intencionadas».

Su argumento fue que la evidencia existente en este caso –la misma que ha sido aceptada por el juez en el procesamiento del «soldado F»– era insuficiente. Esta decisión llevó a la Fiscalía a detener el proceso inicial contra el «soldado F» en el año 2022.

Pero, una vez más, las familias lucharon contra las instituciones y el Tribunal Superior de Belfast anuló la decisión del Ministerio Público y la Fiscalía de archivar el caso contra el «soldado F», aunque mantuvo que no se iniciara un proceso contra otros cinco soldados.

Clave para otros

El «soldado F» no es el único «F». Hay otros casos que no han avanzado porque o los soldados responsables han muerto o porque los jueces han dictaminado que una evidencia similar a la que se ha aceptado en este caso era inadmisible. Por ello, el resultado de este caso podría ser clave para el resto de las víctimas de la violencia estatal en el norte de Irlanda.

La revictimización de las víctimas ha sido una constante durante el conflicto e incluso durante el proceso de paz. Esa circunstancia responde al deseo del Gobierno británico de presentarse como mediador, negando su implicación directa en la violencia.

Esta estrategia exige la impunidad de los soldados, la ocultación de pruebas bajo el manto de la seguridad nacional y la denegación del acceso a procesos judiciales por parte de las víctimas. Pero cada prueba de connivencia ha horadado esa imagen de neutralidad del Estado británico.

En ese deseo por mantener la impunidad, clave para negar esa implicación, se debe encuadrar la llamada Ley del Legado, aprobada por el Parlamento británico en 2023. Una legislación que clausuraba todas las investigaciones sobre crímenes ocurridos durante el conflicto norirlandés e impedía nuevas causas civiles ante los tribunales.

Demanda

También causó una inusual demanda de Irlanda contra Gran Bretaña. Fue de nuevo el Tribunal Supremo de Belfast el que dictaminó que la inmunidad que la ley ofrecía a los soldados involucrados en posibles crímenes en el norte de Irlanda contravenía el Convenio Europeo de Derechos Humanos.Y el Gobierno británico se vio obligado a desestimar esa parte de la ley.

Esta pasada semana, coincidiendo con la apertura de juicio contra el «soldado F», los gobiernos de Dublín y Londres anunciaban un acuerdo revisado de esa ley que implica la reanudación de las investigaciones paralizadas con la introducción de la Ley del Legado.

Se clausura la actual Comisión Independiente para la Reconciliación y la Recuperación de Información, reemplazada por dos nuevos organismos: uno encargado de las investigaciones y otro de la recuperación de información.

¿Será el fin de la impunidad en Irlanda? El resultado del caso contra el «soldado F» es parte de la respuesta.