La red Bilboko Kaleko Afari Solidarioak (B-KAS) ha organizado este viernes una cena solidaria en Zorrotzaurre para visibilizar la situación que padecen las casi cien personas que viven desde hace años en los pabellones abandonados de la zona. Debido a los avances del macroproyecto de reurbanización, el Ayuntamiento quiere agilizar el desalojo y derribo de esos edificios, y así lo corroboró en el último pleno municipal.

La red señala que, a medida que el macroproyecto avanza, las personas que viven en chabolas y en pabellones abandonados en Deustuibarray Zorrotzaurre están siendo sometidos a un «acoso y presión constante» para que se vayan, sufriendo «una vulneración de derechos que va en aumento». «Visitas policiales una noche sí y otra también sin ninguna justificación, detenciones ilegales, registros sin garantías, cortes de luz y agua en los pocos sitios en los que había, avisos y notificaciones “alegales” de que tienen que abandonar el sitio donde viven…», relatan.

Aseguran que este desalojo sería «ilegal, ya que dichos pabellones funcionan como morada». «La legislación vigente reconoce que incluso una chabola o una tienda de campaña constituyen domicilio a efectos de protección, por lo que cualquier desalojo exige el cumplimiento de una serie de protocolos y requisitos como, entre otros, notificación y autorización judicial previa», señalan al respecto.

Asimismo, recuerdan que, en su día, ante una actuación similar, el propio Ararteko advirtió al Ayuntamiento de Bilbo de que los desalojos de edificios abandonados en los que pernoctan personas migrantes que carecen de vivienda deben estar precedidos de una planificación previa que contemple la dimensión social del problema y tienen que ser acordes con las políticas públicas de integración de esas personas.

«Este tipo de actuaciones, basadas muchas ellas en la humillación y en la amenaza, nos resultan totalmente reprobables. Estas personas son nuestros vecinos y no podemos admitir que padezcan esta situación de vulnerabilidad ni aceptarlo como algo “normal”. No podemos callar ante estas injusticias ni permitir que se sigan pisoteando sus derechos», indican.

«La exclusión social es un problema con mayúsculas, y a las instituciones les corresponde tomar cartas en el asunto»

Así, exigen a las instituciones y a la administración «la búsqueda de una solución que se ajuste a los recursos de estas personas a las que se desplaza a la fuerza».

«La exclusión social es un problema con mayúsculas, y a las instituciones les corresponde tomar cartas en el asunto y, además de trabajar en su erradicación, mientras el problema exista, buscar soluciones y poner herramientas para que quienes la sufren puedan disponer al menos de un techo donde resguardarse y un lugar donde vivir y asearse en unas condiciones mínimas de salubridad», insisten.