Tras semanas de debates y negociaciones, el resultado es prácticamente el mismo. Los cuatro socios fundadores de Euskararen Erakunde Publikoa (EPP) incrementarán su aportación en 100.000 euros cada uno. Esto era lo que temía la Mancomunidad Vasca y lo que deseaba el Estado francés, que ha visto cómo los gobiernos regional y departamental finalmente seguían a su rueda, tal y como se ha comprobado en la Asamblea General de este jueves.

Además de formalizar el aumento de la aportación básica de cada socio de 860.000 euros a solo 960.000, con efecto a partir de 2026, los miembros de EPP han acordado el objetivo de alcanzar el 30% de euskaldunes para 2050.

Al mismo tiempo han establecido un nuevo foro, una conferencia de financiadores que se reunirá cada dos años para analizar la eficacia de las políticas implementadas en relación con este objetivo. Basarán este análisis en hojas de ruta que se actualizarán anualmente.

En consonancia con estas tres decisiones, todos los socios han acordado suscribir el nuevo convenio fundacional de la OPLB. Los representantes de la Mancomunidad también han accedido, a pesar de que en junio amenazaron con no firmar si la aportación básica no aumentaba en 300.000 euros, después de que el Estado anunciara un límite de 100.000.

«Sentimiento de enfado»

«Salimos de esta asamblea general con un sentimiento de enfado, ya que, tras dos años de debates, no hemos conseguido que los otros tres socios cedan», ha declarado con amargura Antton Curutcharry. Se ha preferido preservar el futuro de EPP antes que verlo desaparecer en su forma actual. «Y no queríamos asestar un golpe más a las dificultades que afronta el mundo del euskara», explica el vicepresidente de la Mancomunidad, responsable de política lingüística.

«Seguiremos esforzándonos por convencer a nuestros socios», ha asegurado junto a los otros tres representantes de la Mancomunidad Vasca: Alain Iriart, Chantal Erguy y Christine Martin-Dholagaray.

Para la representante del consejo departamental, Annick Trounday, que hasta ahora se había negado a aumentar su contribución, la firma del acuerdo representa «una victoria para el debate y el intercambio de ideas, que nos ha permitido avanzar juntos». Ha afirmado que todos los socios comparten el mismo objetivo y que deben asignarse los recursos necesarios. «Sin embargo, no todos estamos de acuerdo en cómo lograrlo», ha reconocido.