Una semilla de ilusión empieza a florecer para la clase trabajadora con la entrada de la primavera. Este martes miles de trabajadores y trabajadoras de Hego Euskal Herria saldrán a la calle para exigir el establecimiento de un Salario Mínimo Interprofesional propio de 1.500 euros con el objetivo de terminar con la precariedad y la pobreza. Actualmente, se fija en 1.221 euros.

En un contexto de crisis sistémica y escalada bélica, las clases populares han sufrido una pérdida continuada de poder adquisitivo, mientras se han visto sumergidas en un constante incremento del coste de vida. Los datos evidencian esa realidad.

Según el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), antes del ataque coordinado de Washington y Tel Aviv sobre Irán, el precio medio de la luz era de 14,5 euros el megavatio hora. Para esta semana, el precio medio se ha situado en 119,42 euros de media.

Por otro lado, según un estudio del INE, el precio de la vivienda volvió a dispararse en 2025: subió un 12,3% en la CAV y un 11,4% en Nafarroa, logrando así el mayor aumento desde la ‘burbuja inmobiliaria’ de 2007.

Por si fuera poco, según el INE, el precio de los alimentos siguió subiendo hasta un 4% en Araba y Bizkaia a finales del año 2025.

Dos de cada tres, mujeres

Un estudio realizado este año por la fundación Ipar Hegoa en colaboración con el profesorado del Departamento de Economía y Gestión de EHU ha precisado que entre las y los trabajadores que trabajan por debajo de los 1.500 euros, dos de cada tres (66,91%) son mujeres. Asimismo, el análisis muestra las malas condiciones que sufren las trabajadoras migrantes: de los 239.535 trabajadores y trabajadoras que reciben menos de 1.500 euros, 118.999 han nacido fuera de Hego Euskal Herria, es decir, una o uno de cada dos.

En esa muestra se sitúa Yolanda Hurtado, trabajadora del hogar que vino desde Colombia hace seis años, la cual expone la realidad a la que están sometidas: «Nosotras no venimos por gusto, venimos a trabajar, pero somos víctimas del sistema implantado. No podemos homologar nuestros títulos aquí. Yo soy tecnóloga de obra civil, pero sin permiso de trabajo no sirve de nada. Entonces, los primeros trabajos que se nos ofrecen son de limpieza y de cuidados de mayores, y para poder vivir no nos queda otra que aceptarlos».

Hurtado acumula seis años como empleada de hogar. Primeramente, como interna cuidando de personas mayores encamadas: «Durante la semana no tenía las dos horas reglamentarias de descanso, solo salía el sábado a la mañana y volvía el domingo a la noche. El cuidado era de 24 horas, prácticamente».

Relata que la experiencia como interna fue «inaguantable» y le dejó secuelas psicológicas: «Además de cuidadora, te toca hacer el trabajo de enfermera, asearlas y hacer las curas, porque la enfermera venía una vez a la semana, por lo tanto, hacía dos trabajos». Sin embargo, la situación económica no cambiaba. Hurtado detalla que trabajó por 800 euros al mes, sin cotizar para la seguridad social y sin cobrar las horas extras.

En esa línea, la Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH-ELE) de Bizkaia subrayó uno de los aspectos más alarmantes en el sector: el 67,54% de las trabajadoras internas entre semana estaba a disposición de la parte empleadora más de 60 horas semanales, superando ampliamente el máximo legal. En el caso de las trabajadoras que no tienen papeles, esta cifra escalaba hasta el 73,54%.

«Como empleada del hogar así ha sido siempre. Con estos salarios he tenido que compartir habitación con tres personas, los tres trabajando, porque nuestras nóminas no daban para un piso. Vivo con mi hijo de 25 años, pero aún teniendo permiso de trabajo, tampoco ha conseguido un trabajo estable. Nos arreglamos para intentar sobrevivir», cuenta Hurtado.

Sectores más vulnerables

Como resultado, estos salarios que consideran «insuficientes» llenan la vida de estas trabajadoras de incertidumbre, dificultad para planificar proyectos familiares y endeudamiento. Las tres coinciden que la huelga de mañana «es muy importante». «Si sube el salario mínimo, irán subiendo también las demás categorías. Es importante que salga todo el mundo a la calle para tener todos un salario digno», reivindica Idoia Liste, trabajadora de Lantegi Batuak.

Liste tiene una discapacidad física, derivada de una parálisis infantil. De sus 60 años, lleva 25 trabajando para Lantegi Batuak; organización que genera oportunidades laborales para personas con discapacidad en Bizkaia. En su caso, trabaja como operaria en un taller de Derio, realizando montajes para distintas empresas.

Trabajadores y trabajadoras de Centros Especiales se concentraron el pasado mes para denunciar que su sector se encuentra «especialmente golpeado» por «unos salarios de miseria», con un 80% de trabajadores por debajo de los 1.500 euros mensuales y con más de un 50% sujeto al salario mínimo estatal. Muchos trabajadores, como Liste, se sumarán a la huelga general de mañana.

«Hay compañeros que tienen hipotecas o que pagar el alquiler, o no se pueden independizar con ese sueldo, tienen que vivir con los padres, como yo por ejemplo. Soy soltera, y tengo que compartir gastos con mi ama de 90 años, todavía no es dependiente, pero le hace falta ayuda», relata.

Liste advierte que esta situación salpica a muchos sectores, también a pensionistas o a trabajadores que están de camino a jubilarse: «A mi edad estoy pensando en la jubilación y con lo que cotizo ahora, se te queda una miseria de pensión. Conozco casos de compañeros a los que, con este tipo de salarios, se les ha quedado muy poca capacidad adquisitiva para la jubilación».

A pesar del amplio y masivo respaldo a la huelga, gobiernos y patronales han cerrado hasta ahora las puertas a debatir sobre el tema. Por un lado, el Parlamento de Gasteiz con los votos de PNV, PSE, PP y Vox cerraron la vía del debate, omitiendo así más de 138.000 firmas en apoyo de la Iniciativa Legislativa Popular. Es más, el Parlamento de Nafarroa se amparó en informes jurídicos para impedir que empezara el proceso. Por el otro lado, las patronales Confebask y CEN se han negado a negociar un salario mínimo mediante la negociación colectiva intersectorial.

Generaciones futuras

Isabel Pinto, trabajadora de Eroski en Bilbo, coincide con Idoia Liste con que es una lucha que beneficia a todos, también a las generaciones venideras: «Los derechos que tenemos ahora han sido a base de huelgas, de estar en la calle y de luchas de nuestros aitas y amas. Estamos convencidas de que la huelga es muy necesaria, y creemos que tiene que tener una continuidad. Es imprescindible para salarios que son precarios como los nuestros, tenemos que aunar las fuerzas en beneficio de todas».

Al igual que en el sector de los cuidados, la mayoría de los contratos parciales son para las mujeres. De hecho, según el estudio de Ipar Hegoa el 47,97% de las mujeres asalariadas que está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional trabaja a jornada parcial.

Es el caso de Pinto, quien lleva 26 años trabajando en el sector del comercio alimentario. «No hay apenas trabajadoras a jornada completa, estamos con contratos parciales de entre 20 y 30 horas. De lunes a sábado, en horario rotativo», detalla.

Al trabajar en una cadena de supermercados, conoce de primera mano cómo el coste de la vida está creciendo de forma imparable: «Cuando cambias las etiquetas a veces alucinas, sobre todo en la carne o fruta, en alimentos básicos. La gente está obligada a hacer malabares, las clientas que antes venían todos los días ya no vienen, intentan comprar cada producto en el lugar más barato».

Añade que personas especialmente mayores, tienden a robar en los supermercados: «Yo creo que roban por necesidad, es que a lo mejor no les da con estas pensiones. Esto pasa y de forma habitual, no son casos aislados».

Pinto es madre de dos hijos y admite que se preocupa por las generaciones venideras: «Cuando son más jóvenes tienes que preocuparte de ellos y tú te cortas más en tus gastos diarios. En un futuro igual tienen que ir a trabajar fuera. Aquí tienes que controlar hasta cuantos minutos estás en la ducha para no gastar mucho en agua y gas».