Daniel   Galvalizi
Periodista

Las elecciones en Andalucía ponen a prueba a todos los partidos

Moreno Bonilla ha sorprendido con su convocatoria para el 17 de mayo, casi un mes antes de lo previsto. Obliga a Sánchez a sustituir a su principal pilar del Gobierno y a las izquierdas a intentar un acuerdo in extremis. Vox se juega ratificar su ascenso. La sanidad pública será eje de la campaña.

María Jesús Montero, candidata del PSOE, en su comparecencia tras el anuncio de adelanto de Moreno Bonilla.
María Jesús Montero, candidata del PSOE, en su comparecencia tras el anuncio de adelanto de Moreno Bonilla. (Joaquín Corchero | Europa Press)

Son la madre de todas las batalla autonómicas del Estado español. Ocho provincias, más de siete millones de votantes y un impacto asegurado en la dinámica política al norte de la Sierra Morena. Los comicios de Andalucía ya tienen convocatoria formal y la gran cita es el 17 de mayo.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha decidido esta semana la fecha electoral. Las quinielas apuntaban a mediados de junio, luego de la visita del Papa, pero finalmente serán bastante antes y justo después de varias y tradicionales (y muy arraigadas) Ferias andaluzas, siendo la de Sevilla la principal.

Este dato no ha sido coincidencia para la oposición. Fuentes del PSOE y Podemos andaluces comentaban a NAIZ la importancia táctica que tiene en la previa de una cita electoral la celebración de esas fiestas populares (la principal es la Feria de Sevilla pero también las habrá en Jerez, Rota, Córdoba, Fuengirola, y varias en la provincia de Cádiz). Y tan solo unos días después de las urnas tendrá lugar la masiva Romería del Rocío.

«Lo que no quiere Bonilla es que haya campaña, no quiere debate público sobre su gestión. Quiere que la gente esté a otra cosa como ocurre en esas semanas de primavera por las ferias», explica una voz muy influyente del PSOE-A. Esto es así porque las encuestas, que le han sonreído mucho tiempo al presidente saliente, ya han dejado de ser tan favorables y podría perder su mayoría absoluta.

La oposición no cree que sea casual el adelanto a mayo; intuye un objetivo de evitar debate político sobre la gestión del Gobierno andaluz, aprovechando la sucesión de ferias en esas fechas

 

Para un líder regional como Bonilla, con clara ambición de llegar a la presidencia nacional del Partido Popular, perder la mayoría absoluta que consiguió en 2022 supondría una mala noticia, y no poder revalidar el gobierno de la Junta, aunque sea con apoyo de Vox, sería directamente una catástrofe que tumbaría sus aspiraciones.

Lo segundo es casi imposible y no hay nadie en su sano juicio que augure que los progresistas tengan altas probabilidades de alcanzar los 55 escaños sumados. Pero si le ocurriese algo similar a lo que le sucedió a su par aragonés, Jorge Azcón (pérdida de votos y escaños y mayor dependencia de la extrema derecha), su anhelo estatal se vería dañado, especialmente frente a su gran antagonista: Isabel Díaz Ayuso. 

Además, el pacto con Vox seguramente implicaría compartir Ejecutivo y consejerías (al menos ese es el deseo explicitado por Santiago Abascal para este ciclo electoral), algo que en Andalucía no ha sucedido todavía, ya que en 2019 Vox se comprometió a dar apoyo legislativo a un gobierno PP-Ciudadanos, y en 2022 Bonilla obtuvo mayoría absoluta. Gobernar junto a Vox difuminaría la imagen de líder del PP moderado y centrista que intenta transmitir, en antagonismo con Ayuso, erigida como halcón del ala trumpista.

El promedio de las encuestas de los últimos meses sitúan al PP en torno al 41 %, al PSOE en el 21% y a Vox en el 17%, en tanto la suma de las tres izquierdas confederales aglutina el 7%. Estos números no garantizan una mayoría absoluta del PP (lo ponen a tiro de 54 escaños, en el mejor de los casos) pero sí demuestran un denodado favoritismo por las derechas (cabe aclarar que en las encuestas no está presente Se Acabó la Fiesta, que es probable que se presente, aunque ha ofrecido un pacto a PP y Vox para no hacerlo).

El regreso de María Jesús Montero

Es la mujer con más poder en la política y había dicho que su etapa en la política electoral andaluza había concluido. Pero no será así para María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno desde 2023 y ministra de Hacienda desde el primer día que Pedro Sánchez puso un pie en la Moncloa tras la moción de censura.

Montero suele jactarse de las mejoras que impulsó en la sanidad pública cuando fue consejera de la Junta, una cuestión que será clave electoral tras la crisis de los cribados

 

El líder del PSOE le pidió a Montero que volviera a Andalucía a liderar el partido en 2024, forzando implícitamente la caída de Juan Espadas, el último candidato a presidente autonómico y actualmente líder del grupo socialista en el Senado. La ministra, una política clásica y muy experimentada, no oculta a quien le pregunte que su deseo hubiera sido quedarse en Madrid pero que inmediatamente aceptó la empresa difícil que es hacer remontar a un partido que supo ser hegemónico en esa comunidad autónoma pero que pasa por sus mínimos históricos.

Médica de profesión (ha sido directora del hospital más grande de Andalucía, plaza de funcionaria que aún conserva), Montero suele jactarse de las mejoras que impulsó en la sanidad pública cuando fue consejera de la Junta. Y desde su despacho informan que el eje de su campaña será ese, para confrontar con un modelo del PP que, según la oposición, avanza en recortes y privatización.

El caso de los cribados del cáncer de mama destapó la crisis y las mayores críticas de los andaluces a la gestión autonómica apuntan a la sanidad (con un gran desvío de pacientes a la privada). Tanto que al Parlamento andaluz ha llegado una ILP con 60.000 firmas que Bonilla se vio obligado a aceptar su trámite legislativo.

Desde la cúpula del PSOE-A han dicho que en la campaña participará activamente Sánchez y rechazan la idea que el rol tan importante de Montero en el Gobierno central pueda perjudicarla. El PP la acusará de perjudicar las arcas andaluzas en favor del independentismo catalán (lo hizo reiteradamente en sus preguntas en la última sesión de control del miércoles) pero la candidata está segura de su legado.

«Soy la única ministra que ha hecho y dejado preparada una nueva financiación autonómica. He impulsado 19.000 millones de euros de condonación de deuda y una nueva financiación que daría 5.800 millones de euros nuevos a los andaluces. Y eso lo haré valer», se la ha escuchado decir a su equipo.

Los socialistas no cree que Vox esté pisándole los talones y confían en el tirón del ‘No a la Guerra’, que agudiza las contradicciones de la ultraderecha. El partido de Abascal se juega en Andalucía sostener su marcha ascendente. Allí tiene a favor que en 2022 obtuvo 13%, por lo que tiene un techo más alto que en otras regiones en las que le fue muy bien en 2023. De hecho, apuesta en algunas provincias a hacer el sorpaso al PSOE y quedarse con el segundo lugar, como en Almería.

La precampaña electoral llega en plenas negociaciones entre PP y Vox por las investiduras, especialmente la de Extremadura, cuyo cronómetro para una posible repetición electoral es el más avanzado. De hecho, esta semana se trasladó en persona Miguel Tellado (número 2 del PP) a Mérida para negociar en persona con la ultraderecha (allí está el portavoz económico José Figaredo en representación de Abascal).

A mitad de semana habían aparecido versiones desde Mérida que aseguraban la inminencia de un ‘preacuerdo’ pero que a las pocas horas se vieron desinfladas por la rotundidad de los hechos: Vox dijo en rueda de prensa que se estaba lejos de ello pero valoraban la «voluntad de acuerdo» por parte de María Guardiola, la candidata a ser investida (aunque quien lidera las negociaciones es Génova, según lo decidió Feijóo).

La izquierda confederal llega atormentada por su fragmentación y por los malos resultados obtenidos en Castilla y León y Aragón; las opciones de coaliciones tienen que resolverse para Viernes Santo

 

Un inciso aparte es la izquierda confederal, atormentada por su fragmentación y por los malos resultados obtenidos en Castilla y León y Aragón. Al menos por ahora habrá tres papeletas: la de Izquierda Unida y Movimiento Sumar, la de Podemos, y la de Adelante, la formación andalucista y anticapitalista que lidera Teresa Rodríguez.

Fuentes de las tres formaciones, preguntadas por NAIZ, dan cuenta de que podría haber acuerdo entre las dos primeras aunque bajo enorme presión. Y es que el último día para presentar las listas es el 13 de abril, pero el anuncio a la Junta Electoral de coaliciones debe ser a más tardar el día 3, Viernes Santo. Por tanto, quedan pocos días para los últimos intentos (Adelante ha ratificado que concurrirá en solitario).

A diferencia de otras regiones, en Andalucía la fuerza predominante de ese espectro es IU, con especial raigambre territorial en Córdoba, Cádiz y Sevilla. Podemos allí no está tan asentado y desde la formación morada han dejado trascender que no está siendo fácil la negociación con IU, que quiere liderar tanto allí como en Madrid la creación de los nuevos frentes. Todo el espacio a la izquierda del PSOE consiguió el 12,5% de los votos en 2022, un número escaso para esa región.

El reparto de escaños, como suele ocurrir, beneficia con la sobrerrepresentación a las circunscripciones más pequeñas, como Huelva y Jaén (11), en comparación con Sevilla (18) y Málaga (17), que las más que duplican en población. Esto también favorece a las derechas que se quedarán con el primer y tercer lugar del podio más votado.

¿Y Moncloa? Navega en la ambigüedad: claramente a Sánchez le gustaría que su candidata fuera presidenta de la Junta, pero para su objetivo personal y estatal de las generales una pérdida de mayoría absoluta de Bonilla y nueva captura de Vox le sería más que funcional.