Haití vive una espiral de violencia y emergencia humanitaria sin precedentes. En 2025 al menos 5.915 personas murieron a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas, de acuerdo con los datos de ONU. En los primeros meses de 2026, al menos otras 1.243 personas han fallecido a causa de ataques con drones en 141 operaciones, según denunció Human Rights Watch (HRW).

En el país caribeño, el recrudecimiento de la violencia dejó solamente el fin de semana pasado una masacre de al menos 70 personas en un ataque del grupo armado ‘Gran Grif’. A ello se suma la proliferación de masacres, robos y violaciones por parte de las bandas, que dominan prácticamente todo Puerto Príncipe y se han expandido al interior.

En este contexto, Haití esperaba este miércoles el despliegue de la denominada Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG), una nueva fuerza impulsada por la ONU y dotada con 5.500 efectivos, que relevará a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia y desplegada durante casi dos años en el país con resultados limitados.

Sin embargo, finalmente no ha habido confirmación del despliegue por parte de las autoridades, que sí han informado de una «gran operación» contra pandilleros llevada a cabo por la Policía Nacional de Haití (PNH) junto a la Fuerza para la Represión de las Pandillas (FRG), sin precisar qué efectivos internacionales participan ya sobre el terreno: si los nuevos contingentes cuya llegada se esperaba ayer o remanentes de la misión liderada por Kenia.

La llegada de la FRG al terreno supondrá la duodécima misión de paz y estabilización que ha conocido el país desde 1990. Unas iniciativas que a pesar de su coste económico no han logrado resolver de forma duradera el problema que enfrenta el país.

Trump y el Estatus de Protección

A estas dificultades se suma la insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que obligaría al menos a 130.000 niños haitianos a regresar a un país sumido en su peor crisis de violencia o a separarse de sus familias, según alertan organizaciones civiles.

Si la Corte Suprema, que a ha aceptado escuchar los argumentos contra el TPS, autoriza remover esta protección contra la deportación, 80.000 niños con este estatus volverían a Haití y otros 50.000 nacidos en EEUU perderían al menos a uno de sus padres, avisó la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).

En este aspecto, William O’Neill, experto designado por la ONU para los derechos humanos en Haití, ha advertdo de que «ningún lugar debería deportar a nadie» al país caribeño, donde ya hay 1,5 millones de desplazados por la violencia, más que en ningún lugar del mundo en términos proporcionales.