China ha dado un paso más en su estrategia de control territorial y cohesión nacional al aprobar una nueva ley que refuerza la asimilación de las minorías étnicas. Bajo el argumento de promover la «unidad y el progreso», el texto consolida medidas que afectan directamente al uso de las lenguas propias, a las prácticas religiosas y a la organización social de comunidades como las de Xinjiang o Tíbet, donde el equilibrio entre identidad cultural y control político lleva años en tensión.

La normativa, impulsada bajo el liderazgo de Xi Jinping, no introduce tanto un cambio de rumbo como la institucionalización de políticas ya aplicadas. En regiones periféricas clave, ricas en recursos naturales y estratégicas para la seguridad del país, Pekín ha ido reforzando el uso del mandarín, limitando la enseñanza de lenguas minoritarias y sometiendo la vida religiosa a una creciente supervisión estatal, en un proceso que combina desarrollo económico, vigilancia y presión cultural.

Las consecuencias de estas políticas se ven con especial claridad en Xinjiang, donde organismos internacionales como la ONU han denunciado graves vulneraciones de derechos humanos. Informes independientes apuntan a que más de un millón de uigures y otros musulmanes han pasado por centros de «reeducación», mientras se han documentado restricciones a las prácticas religiosas, vigilancia masiva y programas de control social que incluyen desde la recolección de datos biométricos hasta la supervisión de la vida cotidiana. Pekín rechaza estas acusaciones y defiende que sus políticas buscan «combatir el extremismo y garantizar la estabilidad».

En paralelo, en Mongolia Interior, la progresiva sustitución del mongol por el mandarín en el sistema educativo ha provocado protestas en los últimos años, rápidamente sofocadas por las autoridades.

Un proceso similar se ha producido en Tíbet, donde la enseñanza en lengua tibetana ha ido perdiendo peso y los monasterios están sometidos a un control cada vez más estricto. A ello se suma una política sostenida de incentivos a la migración de población han hacia estas regiones, lo que ha alterado el equilibrio demográfico y consolidado el control económico y administrativo de la mayoría étnica.

Pese a ello, el ordenamiento jurídico chino sigue reconociendo sobre el papel la diversidad étnica del país. La Constitución garantiza el derecho de las distintas nacionalidades a utilizar su lengua y preservar sus costumbres, un enfoque que durante años, especialmente tras las reformas de Deng Xiaoping, permitió cierto grado de pluralidad cultural.

Sin embargo, bajo el liderazgo actual, ese margen se ha ido reduciendo de forma notable, dando paso a un modelo en el que la unidad nacional prima sobre la diferencia y donde los derechos culturales quedan cada vez más subordinados a un férreo control.

Uno de los ámbitos donde este giro resulta más visible es el de la educación y la lengua. La nueva normativa refuerza el uso del mandarín como idioma dominante en las escuelas, la administración y el espacio público, relegando las lenguas minoritarias a un papel cada vez más residual. Aunque en teoría pueden seguir utilizándose, el hecho de que el mandarín deba ocupar una posición «preeminente» limita su presencia efectiva.

«Sinización de la religión»

Diversos expertos advierten que, si el uso de estas lenguas queda restringido al ámbito familiar y principalmente oral, su transmisión intergeneracional podría debilitarse hasta poner en riesgo su supervivencia a medio plazo. El control también se extiende al ámbito religioso, uno de los elementos centrales de la identidad de muchas minorías.

La ley insiste en la necesidad de adaptar las creencias a la llamada «sinización de la religión», un concepto que implica su subordinación a los valores y directrices del Estado. En la práctica, esto se traduce en una supervisión más estricta de templos, mezquitas y monasterios, así como en la regulación de los contenidos religiosos y de la formación de sus líderes.

Diversos analistas subrayan que tanto la lengua como la religión han desempeñado históricamente un papel clave en la articulación de identidades colectivas y en procesos de movilización política. En la Europa del Este de los años ochenta, estos elementos contribuyeron a reforzar movimientos que cuestionaron el control de los gobiernos socialistas, un precedente que a menudo se cita para explicar la sensibilidad de las autoridades chinas ante cualquier forma de organización social que escape a su supervisión directa.

Transformación de la estructura social

Más allá de la lengua o la religión, la normativa también apunta a la transformación de la estructura social de estas comunidades. Las políticas de vivienda y desarrollo buscan fomentar la integración y evitar la concentración de minorías en determinados territorios, promoviendo entornos más mixtos desde el punto de vista étnico.

A ello se suma el impulso a los matrimonios interétnicos como herramienta para reforzar la cohesión social. Sin embargo, expertos alertan que estas medidas pueden acelerar la dilución de identidades culturales propias y dificultar la preservación de tradiciones, al tiempo que refuerzan la presencia y el peso de la mayoría han en regiones históricamente diferenciadas.

Más allá del discurso oficial sobre la cohesión social, la política hacia las minorías tiene también una clara dimensión estratégica. Regiones como Xinjiang, Tíbet o Mongolia Interior ocupan vastas extensiones, concentran importantes recursos naturales ,desde energía hasta tierras raras, y juegan un papel clave en proyectos como la Nueva Ruta de la Seda. Garantizar su estabilidad y control no solo responde a criterios internos, sino también a la necesidad de asegurar corredores económicos, fronteras sensibles y zonas de proyección internacional.

HRW y Amnistía Internacional muestran su preocupación

La nueva legislación ha generado preocupación entre organizaciones internacionales de derechos humanos, que consideran que consolida tendencias ya denunciadas en los últimos años. Entidades como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional han advertido de que la combinación de control lingüístico, supervisión religiosa y reconfiguración social puede erosionar de forma progresiva las identidades culturales de las minorías.

Desde Pekín, sin embargo, se insiste en que estas críticas responden a una lectura «politizada» de sus políticas internas y se defiende que el objetivo último es garantizar la estabilidad y el desarrollo en regiones históricamente desfavorecidas.
En los últimos años, la política étnica en China ha ido evolucionando hacia un modelo cada vez más centrado en la cohesión y el control, una tendencia que se ha intensificado bajo el liderazgo de Xi. Esta evolución refleja las dificultades de gestionar la diversidad en un país de dimensiones continentales y con profundas diferencias culturales, especialmente en sus regiones periféricas.

El impacto real de esta nueva ley dependerá de su aplicación sobre el terreno y de la respuesta de unas comunidades que, pese a su peso demográfico limitado, ocupan una parte esencial del territorio.