La gestión del contrato de basuras le va a costar al Ayuntamiento de Getxo algo más de un millón de euros extra en concepto de atrasos e intereses, según se desprende de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que rechaza la apelación del Consistorio contra un fallo anterior de un juzgado de Bilbo que estimó parcialmente el recurso presentado por la UTE Getxo Servicios Urbanos.

Tras años de litigios, el Pleno municipal abordará en su sesión ordinaria del próximo jueves si ejecuta el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV que es favorable a los intereses de la adjudicataria del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, o se opta por el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El Gobierno municipal ya ha tenido que provisionar 1.059.011,09 euros con cargo al remanente de tesorería para afrontar tal gasto.

EH Bildu, que ha exigido responsabilidades políticas, denuncia que lo sucedido en torno a este caso es otro ejemplo de la «nefasta gestión» del PNV. Estos hechos se han producido durante las alcaldías de los jeltzales Imanol Landa y Amaia Agirre.

«Casi 400.000 euros en intereses ‘tirados a la basura’», destacan los soberanistas de izquierda, que hacen referencia al informe de intervención que cita los 369.557,29 euros que deberán desembolsar las arcas municipales para abonar únicamente los intereses de demora.

«Estamos hablando de casi 400.000 euros que salen del bolsillo de los y las getxotarras para pagar la incapacidad de gestión del PNV», ha subrayado EH Bildu. «Ese dinero no va a mejorar la limpieza de nuestras calles ni a renovar contenedores; es dinero que se pierde por no haber sabido gestionar un contrato fundamental de manera eficiente y ajustada a derecho», ha lamentado.

A esa cantidad hay que sumar los 689.453,8 euros en concepto de atrasos por no haber actualizado correctamente los precios desde 2015.

Gestión del PNV en cuestión

«El PNV no puede seguir vendiendo una gestión impoluta mientras los tribunales tumban sus decisiones y nos obligan a pagar facturas de intereses de seis cifras. Getxo merece una gestión que proteja cada euro público y no esta, que lo despilfarra en pleitos perdidos por su propia soberbia e incapacidad», manifiestan desde EH Bildu.

Este desembolso de más de un millón de euros es el resultado de haber aplicado durante años un criterio de revisión de precios que los tribunales han declarado incorrecto. Lo hizo el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Bilbo en sentencia fechada el 15 de junio de 2025, argumentos que se han visto ratificados por el fallo del TSJPV, del 24 de noviembre de 2025, que desestima el recurso de apelación del Ayuntamiento.

El origen del pleito está en las discrepancias de la adjudicataria del servicio en los criterios de cálculo de las revisiones del contrato, que arrancó en noviembre de 2014 y que se ha ido prorrogando desde que venciera en 2022; esas prolongaciones finalizan en el presente ejercicio.

La empresa, a quien el propio Consistorio estimó parcialmente varios recursos de reposición a acuerdos municipales sobre las facturas a abonar por este servicio esencial, interpuso una demanda en los juzgados contra la decisiones adoptadas desde septiembre de 2018 hasta noviembre de 2023.

Los tribunales le dan la razón y establece que el IPC de referencia en la revisión anual debe ser el del mes anterior, octubre, ya que la relación contractual arrancó el 1 de noviembre de 2014, mientras el Consistorio defendía que debía ser el interanual de julio a julio.

El Ayuntamiento sostiene que la fecha a aplicar de manera anual invariable sea la de julio de 2013, aunque la adjudicación se produjo el 27 de mayo de 2014, ya que el plazo para la presentación de las ofertas era el 11 de abril de 2013, por lo que el IPC oficial sería el de abril de 2013 más tres meses, es decir, julio de 2013.

Por tanto para el Consistorio, cada mes de noviembre que corresponda aplicar la revisión de precios, se acudirá para fijar el índice de revisión, al de julio de 2013 como IPC oficial, y a octubre del año que corresponda aplicar la revisión como IPC total esto es, un índice interanual calculado por años naturales.