Ipar Hegoa, la fundación de estudios sindicales de LAB, ha publicado el informe ‘Ikusmiran número 24’, titulado ‘Descarbonización industrial en Euskal Herria. Balance de una década y perspectiva sindical’, en el que se hace el balance de una década desde una mirada ecosocialista y se desgranan las estrategias que propone el sindicato para transformar el actual modelo industrial y lograr avanzar hacia una descarbonización real, justa y con derechos y garantías laborales.

El informe comienza haciendo una radiografía de la situación laboral, económica y energética de la industria de Euskal Herria. Después se centra en la evolución entre 2013 y 2023 de los sectores con mayores emisiones de CO2. Continúa describiendo las vías para la descarbonización de esos sectores: tanto por reducción de la demanda como por transformación productiva. Así, menciona posibles soluciones tales como reducir la flota de vehículos privados, aumentar la movilidad en transporte público, fomentar la reutilización y el reciclaje, practicar cambios en materiales de construcción o cambiar el diseño de algunos envases.

Además, enumera los principales proyectos empresariales y repasa las ayudas públicas concedidas, criticando que no exijan un mantenimiento del empleo y que carezcan de control público suficiente. Por último, destaca algunos conflictos laborales y expone las propuestas de LAB en materia de política industrial. 

Sindicalismo ecosocialista

Según el informe elaborado por la fundación Ipar Hegoa, Euskal Herria ha perdido una década en la descarbonización industrial. En este sentido, defiende que la transición energética no puede dejarse «en manos de empresas privadas», por lo que propone una transición ecosocial con mayor planificación pública y garantías laborales. Para ello, el sindicato LAB fija como objetivo la descarbonización del país en 2040 y defiende que «hay que eliminar el uso de combustibles fósiles», entre los que destaca la fuerte dependencia industrial del gas fósil. 

En 2025, el sindicato LAB presentó su propuesta «para un sindicalismo ecosocialista», en la que reafirmaba su compromiso «con alianzas profundas y trabajadas en favor de la transición ecosocial justa». Ahora, el diagnóstico de la central critica las políticas de «reindustrialización verde», las cuales, dicen, priorizan ayudas a empresas sin exigir condiciones laborales ni medioambientales claras. Concretamente, la crítica se centra en el modelo industrial actual, el cual permite aumentar los beneficios de las empresas mientras estas retrasan inversiones transformadoras. Para avanzar en este aspecto, LAB reivindica la planificación pública, sin la cual el mercado conduce a una transición «insuficiente, desordenada y socialmente injusta». 

En lo relativo al apartado estadístico, la radiografía desprende que en Euskal Herria 274.753 personas trabajan en la industria, un sector todavía «muy masculinizado», ya que las mujeres representan solo un 21% del empleo industrial en el conjunto de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y un 27% en Nafarroa. Sobre el total de empleo, la industria representa el 18% en la CAV, el 25% en Nafarroa y el 14% en Ipar Euskal Herria. En conjunto, más de 22.000 personas trabajan en los sectores industriales que deben avanzar hacia la descarbonización en las próximas décadas.

Otro dato a reseñar es que tan solo cinco sectores acumulan el 60% del empleo: fabricación de productos metálicos (20%), industria de la alimentación (12%), fabricación de maquinaria (11%), fabricación de vehículos de motor (9%) y metalurgia (9%). Además, se trata de un sector con una fuerte dependencia exportadora, tal como demuestra que el 96% de las exportaciones totales de Hego Euskal Herria se realicen desde la industria.

Emisiones y energía

Si bien las emisiones anuales totales de Euskal Herria son de 24 millones de toneladas de CO₂ equivalente (MtCO2-eq), de las que el 35% se ubican en el sector del transporte, el 23% el energético y el 21% en el industrial. El 21% restante se distribuye en los sectores de agricultura, residencial, residuos y servicios. Además, el 35% del total procede de 65 instalaciones reguladas, de las que 42 se ubican en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, 22 en Nafarroa y una en Iparralde. Para este apartado, se alude a las «emisiones directas», es decir, aquellas que se generan dentro de Euskal Herria sin tener en cuenta las generadas por los productos importados desde el exterior y que «también generan emisiones en la extracción, procesado, fabricación y transporte». 

El 28% de las emisiones reguladas se ubican en el sector de generación de electricidad, el 26% en el refino de petróleo, el 18% en la fabricación de cal y cemento, el 8% en la metalurgia, el 5% en la industria del papel, el 5% en la fabricación de vidrio y refractarios, y el restante 10% en otras industrias. «Eliminar los combustibles fósiles de estos sectores no es sencillo, pero tampoco imposible», afirma el informe. Sobre las posibles existentes para lograr su descarbonización, propone la reducción de la demanda y la transformación productiva.

En este sentido, informa que grandes empresas «lideran proyectos de hidrógeno, biometano y renovables que están generando conflictos territoriales», cuya dependencia del negocio fósil, la vinculación con la ganadería industrial y la falta de planificación territorial aumentan el rechazo social. Al mismo tiempo, indica, cada vez más empresas reciben ayudas públicas millonarias vinculadas con la transición energética y la descarbonización de la industria. Ayudas europeas, estatales y autonómicas «sin ninguna condicionalidad de mantenimiento de empleo».

Finalmente, critica que grandes empresas de los sectores industriales que deben descarbonizarse están deteriorando las relaciones laborales. «Hablamos de Heildelberg Materials, Guardian, Sidenor, Petronor, Arcelor Mittal y Tubos Reunidos, que presentan siniestralidad laboral, falta de mantenimiento, despidos, abuso de los ERTE y cierres. En algunos casos, utilizan la transición energética como excusa», subraya el sindicato LAB.

Por todo ello, del informe se desprende que la industria vasca sigue lejos de una transición energética real, ya que las emisiones continúan siendo elevadas en los sectores clave y las empresas han priorizado la obtención de beneficios por encima d ella transformación productiva. 

Para conseguir una descarbonización industrial «con derechos y garantías laborales», LAB apuesta por «fortalecer la acción sindical», así como por planificar la transición en la industria y por los proyectos de propiedad pública; por llevar la negociación colectiva a la descarbonización para asegurar la participación de las personas trabajadoras; por reducir la jornada laboral y por repartir, recualificar y dignificar el empleo; por reforzar la legislación contra las deslocalizaciones y por aumentar la condicionalidad laboral y el control de las ayudas públicas.