En marcha desde principios de los 80, el Módulo Psicosocial de Deusto San Ignacio, funciona a pleno rendimiento aún bajo la sombra del tremendo recorte presupuestario previsto para el próximo año. Es una asociación sin ánimo de lucro la que lo creó y la que lo gestiona, con el apoyo económico del Ayuntamiento de Bilbo y del Departamento de Salud de Lakua. El consistorio de la capital vizcaina, sin embargo, ha decidido recortar en un 65% la financiación del centro, al considerar que debe ser Salud quien asuma esa inversión. El resultado de esta decisión sería el cierre del módulo el año que viene, lo que dejaría al barrio sin este recurso, a una docena de trabajadoras en la calle y a las usuarias y usuarios con sus actuales procesos a medias.

Se trata de un recurso bio-psico-social un tanto singular, cuyo funcionamiento han explicado a NAIZ las psicólogas Naiara Ibáñez Pérez y Carmen García Martín, la asesora jurídica Laura Elezkano Atienza, la médica Olga Herrera Gómez, la educadora social Ane Navarro Martín y la usuaria Iraide Valdés Martinez. También forma parte del equipo Elsa Garrido Núñez.

Las personas usuarias del servicio suelen llegar derivadas desde otros recursos, como puede ser el teléfono de ayuda a las mujeres que sufren violencia machista o desde distintos servicios del propio Ayuntamiento de Bilbo, pero, también de manera espontánea. Según asegura Valdés, quien además de usuaria es vecina del barrio, el módulo es toda una referencia en la comunidad.

Recurrió al recurso derivada en calidad de víctima de violencia machista. En el módulo encontró un espacio en el que no se le juzgaba, no se le ponía en tela de juicio y le creyeron «desde el primer momento». «He podido contar mis vivencias desde la tranquilidad, también desde las emociones que todas mis vivencias me han generado, pero sobre todo sin miedo», explica Valdés.

Asegura, además, que se trata de un servicio integral que ha supuesto un avance, no solo para ella, sino para su entorno, ya que, muchas veces, aunque la familia y las amistades intenten ayudar con la mejor de las intenciones, no saben cómo hacerlo de manera adecuada. En el módulo, cuenta, «el trato es excelente porque te sientes segura, que eso para las personas que hemos vivido determinados tipos de violencia es muy importante».

Elezkano presenta el caso de Valdés como ejemplo de muchos otros en los que una persona en situación de vulnerabilidad ha podido dejar de estarlo gracias al acompañamiento de un servicio integral y multidisciplinar. «Las personas con acompañamiento, con información, con tiempo de escucha y cariño pueden ser muy políticas. Ella está hoy aquí y esto igual no sé si era posible hace un par de años», explica.

«La puerta abierta» es uno de los elementos que diferencia al ‘Módulo de Sani’ de otro tipo de servicios, ya que, atienden a todo el que lo necesite, pasando unos filtros flexibles que las propias profesionales tienen la potestad de adaptar a las circunstancias, alejados de la rigidez que muchas veces define el funcionamiento de determinados recursos institucionales.

«La puerta abierta» es uno de los elementos que diferencia al ‘Módulo de Sani’ de otro tipo de servicios, ya que, atienden a todo el que lo necesite

Así, cuentan con un área de la mujer en la que ofrecen asistencia jurídica, atención psicológica, atención sanitaria sexual y reproductiva y se encargan, también, de la sensibilización y prevención de la violencia machista. También hay un equipo dedicado a la salud mental y a las adicciones.

Las profesionales aseguran que el hecho de que el equipo sea tan multidisciplinar hace que la atención sea más integral, algo que facilita el acceso a las personas usuarias. «A veces, del otro servicio –el de adicciones y salud mental– me piden que, por ejemplo, atienda a una mujer que es usuaria suya, porque si le piden que no vaya a otro sitio no va a ir», cuenta Herrera.

Y es que el modelo de acompañamiento es integral, explica García: «Integral no significa coordinarte de vez en cuando, significa trabajar de manera conjunta». Creen que es, precisamente, esa manera de funcionar la que ha provocado que el Ayuntamiento de Bilbo decida dejar de apoyar el módulo económicamente. Porque, según cuenta la propia Valdés, no es que el recurso funcione, sino que es «de lo poco que funciona».

Lo que dejará de aportar el consistorio bilbaino son 130.000 euros que, si bien suponen la diferencia entre cerrar o no para el recurso, es una cantidad asumible por el Ayuntamiento. Por eso, están convencidas de que la razón es que «no quieren nada que salga de su control y esta es una entidad en la que trabajamos a nuestra manera». Firmes defensoras de lo público, reivindican el módulo como referente del sistema de cuidados público-comunitario y piden, asimismo, servicios de este tipo en todos los barrios.

Lo que dejará de aportar el consistorio bilbaino son 130.000 euros que, si bien suponen la diferencia entre cerrar o no para el recurso, es una cantidad asumible por el Ayuntamiento

Apuestan, además, por mantener el modelo actual porque han visto cómo en otro tipo de módulos que funcionaban de la misma manera, la asunción de la gestión por parte de las instituciones públicas ha llegado a suponer mayor infrafinanciación y hasta el cierre, en muchos casos.

El módulo lo crearon en 1982 desde el movimiento vecinal, a raíz de la entrada de la heroína, y el movimiento feminista también estuvo muy presente. García contextualiza que en ese momento no había tratamiento para las personas con problemas de adicción a la heroína y que, por otro lado, el acceso a métodos anticonceptivos y al divorcio, por ejemplo, acababan de aprobarse después de 40 años de dictadura franquista. «Las leyes no garantizan el acceso a los derechos que recogen esas leyes», apunta García, y fue por eso que las vecinas y vecinos decidieron agarrar el toro por los cuernos y crear un recurso necesario para el barrio.

A partir de ahí empieza una relación entre la asociación, por una parte, y el Ayuntamiento de Bilbo y el Departamento de Salud, por la otra, regulada por un convenio de colaboración, una figura administrativa que está hecha para que haya colaboración entre instituciones y sociedad civil. Esto debería de asegurar que las instituciones y la asociación se relacionaran con criterios de horizontalidad, situación que, aseguran las profesionales del módulo, no se produce a día de hoy.

Más que sobrevivir

La lucha de las trabajadoras va más allá de la mera supervivencia del módulo. Se trata de un servicio en el que la plantilla está absolutamente precarizada, hasta el punto de que es la educadora social la que coge el teléfono y si no le toca a la médico, por poner un ejemplo. Además del trabajo que hacen en el propio módulo, están integradas en el barrio y llevan a cabo iniciativas en colaboración con los centros educativos y demás agentes sociales. Esto hace que lleguen a los periodos de descanso «reventadísimas, físicamente y mentalmente».

Tanto profesionales como usuarias coinciden en que el servicio, funcionar funciona, pero tiene carencias que tienen que ver con la financiación. «No permite tener unos medios para trabajar realmente como quisiéramos», explica Ibañez.  

«Nosotras no queremos sobrevivir de cualquier manera, eso lo hemos dicho en muchos foros, queremos seguir trabajando de manera digna y eso implica condiciones laborales dignas, cosa que tampoco teníamos hasta ahora», expone Elezkano.

Valdés tiene claro que el Ayuntamiento tiene una «oportunidad de oro para demostrar que las palabras» no se quedan solamente en discursos de días puntuales: «Queremos, por favor, que las pocas cosas que funcionan no nos la quiten».