El Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado este lunes un acuerdo provisional para endurecer la directiva comunitaria en materia de abuso sexual infantil y la explotación sexual de menores, estableciendo penas más severas y reforzando la asistencia a las víctimas.

La nueva directiva europea va a ofrecer una definición ampliada de los delitos penales. Actualizarán los ya existentes e incluirán otros «con el fin de garantizar que todas las formas de abuso y explotación infantil estén tipificadas, incluido el uso de avances tecnológicos para cometerlos», según ha explicado el Consejo en una comunicación. 

Conforme a las nuevas normas, pagar para acceder a la transmisión en directo de un abuso sexual infantil será ahora punible, también diseñar o adaptar sistemas de inteligencia artificial (IA) para producir este material y su distribución, una novedad que las instituciones europeas han considerado «necesaria ante la creciente proliferación de material de abuso generado mediante IA o deepfakes».

Igualmente, solicitar a un menor que produzca o comparta este tipo de contenido, es decir, el acoso sexual, será considerado delito. Cuando un menor es mayor que la edad mínima de consentimiento sexual, se considerará delito si existen coacción o amenazas; también si el agresor se hace pasar por otro menor falsamente. 

Además, los Estados miembros deberán castigar la extorsión sexual a menores, y de ahora en adelante la posesión y distribución de instrucciones sobre cómo cometer o producir material de abuso sexual infantil también será penada.

Consentimiento

Otra rama de esta nueva directiva es el consentimiento. En ella se establece con una mayor claridad que la ausencia de consentimiento a la hora de participar en actividades sexuales con menores de edad debe ser castigada, y añade que «el silencio o la falta de resistencia del menor» no constituye permiso para hacerlo.

En cuanto a la edad de consentimiento sexual para menores, no habrá cambios, continuará siendo competencia de los Estados miembros. 

Por otro lado, los plazos de prescripción, investigación y enjuiciamiento se ampliarán para «garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia de forma efectiva, contando con que pueden necesitar tiempo para denunciar los delitos sufridos».

Igualmente, se les facilitarán líneas de ayuda y acceso «oportuno y gratuito» a servicios de salud y asistencia jurídica, al igual que a un alojamiento provisional.

El acuerdo provisional deberá ahora ser refrendado por el Consejo y el Parlamento y, después, será adoptado formalmente por ambas instituciones tras una revisión jurídico-lingüística. Los gobiernos nacionales dispondrán entonces de tres años para adaptar sus códigos penales a la directiva revisada de la Unión Europea.