Keiko Fujimori es presidenta de Perú. La hija del dictador Alberto Fujimori ha necesitado 20 años y cuatro intentos, pero la tenacidad tiene su recompensa y, en unas elecciones que de nuevo necesitaron un mes de escrutinio, Fujimori obtuvo 9.223.396 votos (50,135%) por los 9.173.755 (49,865%) del izquierdista Roberto Sánchez. Una exigua diferencia de 49.000 sufragios similar a la de los comicios de 2016 y 2021, cuando Fujimori perdió por 41.000 y 44.000 votos, respectivamente. Ahora, ya como presidenta, tendrá que demostrar su capacidad para conseguir cierta estabilidad en un país polarizado que ha tenido ocho presidentes en diez años.

Al menos, debido a la correlación de fuerzas en el Senado, Fujimori sí terminará su mandato. Queda por aclarar cómo dominará el Congreso y si será una presidenta que busque el consenso o que apueste por el autoritarismo: si permitirá cierta independencia en las instituciones, los contratiempos legislativos y la disidencia en las calles o, en cambio, si seguirá el legado de su padre y reprimirá a quienes no se plieguen a sus intereses.

La conclusión más clara de esta segunda ronda presidencial es que Fujimori inicia su mandato con una popularidad inferior al 50%, con un respaldo real del 17% que corresponde a su resultado de la primera vuelta, en una sociedad que refleja una creciente apatía: en 2016 votó el 80%; en 2021, el 74%, y en la cita del pasado 7 de junio lo hizo el 72%. Si los votos nulos y en blanco se suman a los abstencionistas, un tercio del país no apoyó a ninguno de los candidatos: rechaza por igual al fujimorismo y a la izquierda.

Además, la cita mostró la fractura social y territorial de Perú: Sánchez venció en 16 regiones, arrasando en el sur del país, mientras que Fujimori conquistó la mayoría de sufragios de residentes en el extranjero y de nueve regiones peruanas, entre ellas las de la selva oriental y la costa norte. De hecho, el candidato izquierdista obtuvo más sufragios que su rival en el propio Perú, pero el voto de la diáspora fue decisivo en el sorpaso final y, más tarde, fue central en las impugnaciones de Sánchez, que reclamó anular el voto exterior por irregularidades al suspenderse la digitalización de actas en la segunda vuelta. Una decisión de la que Sánchez, que llevará el posible fraude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, culpa al canciller, Carlos Pareja.

Si bien la participación de la diáspora fue decisiva por el estrecho margen del resultado, ya que Fujimori obtuvo en el exterior el 63,2% y 82.000 votos más que su rival, su influencia total no fue comparable a la de Lima, la capital, donde vive un tercio de la población y Fujimori aventajó a Sánchez en más de un millón y medio de sufragios. Lima es hoy más gris que nunca, sobre todo para la izquierda, y su peso demográfico es tan decisivo que un político respetado solo allí podría haber sido elegido presidente: el ultraderechista Rafael López Aliaga se quedó a una décima del 12% de Sánchez en la primera vuelta.

Una vez que se sabe quién tiene la batuta oficial de mando, los políticos están empezando a buscar su posición en esta legislatura. En un sistema institucional híbrido, con una Presidencia que concentra poderes limitados, la principal novedad es la vuelta de la bicameralidad: el Senado, reinstaurado tras estos comicios, tendrá las principales facultades para aprobar medidas legislativas. Parece claro que Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP), el partido de López Aliaga, formarán una alianza relativamente estable. Estos grupos han mantenido relaciones tensas, propias de la lucha por el mismo votante, pero han estado de acuerdo en muchas de las leyes aprobadas en la anterior legislatura. Nada hace pensar que esta situación vaya a cambiar: ambas formaciones promueven una economía extractivista contraria al medioambiente en la que las grandes empresas obtienen los principales beneficios.

Esta alianza, sin embargo, es insuficiente para dominar el país. En un Senado de 60 representantes, FP tiene 22, y se garantiza que Fujimori termine su legislatura, ya que se necesitan dos tercios de los senadores para poder destituirla por incapacidad moral, y RP suma 8. Unidas, estas formaciones controlan la mitad del Senado. En el Congreso, que cuenta con 130 escaños, la situación es más compleja: FP alcanza los 41 diputados, pero RP solo llega a 15, por lo que necesitarán otros diez representantes para tejer mayorías. Difícil, pero no imposible, ya que Fujimori intentará atraer a grupos políticos en medidas puntuales o a diputados acostumbrados a votar leyes en función del interés personal.

Por lo tanto, Fujimori contará con un poder institucional considerable, pero, para las reformas de calado, siempre tendrá que llegar a acuerdos parlamentarios más amplios. Es decir, sumar más allá de RP. La opción más cercana ideológicamente es la de Jorge Nieto, que llamó a votar nulo en la segunda vuelta. Nieto, que será un actor decisivo en esta legislatura, juega su propia partida: es una realidad política tras conseguir el 10,9% en la primera vuelta; es decir, si no comete deslices, atraerá a más votantes y tendrá opciones de conseguir la Presidencia en cinco años. Por eso, es probable que, más allá de medidas puntuales, mantenga una oposición agresiva.

Esta situación conduce a Fujimori hacia las formaciones más izquierdistas, que están unidas en este momento, pero que podrían despedazarse con el tiempo, sobre todo porque la presidenta electa intentará comprar voluntades, tal y como lleva haciendo en una última década en la que, pese a haber sido oposición, ha dominado oficiosamente Perú encontrando consenso parlamentario.

En la última legislatura, el fujimorismo fue capaz de aprobar leyes de suma importancia al aliarse con el partido que le derrotó en las elecciones, Perú Libre. Junto a diputados de esta formación, que fue la que acogió en sus listas a Pedro Castillo, de RP y de otros grupos satélites, FP ha llevado a cabo un trabajo legislativo incesante.

Si bien la presidencia estuvo marcada por la inestabilidad, en el Parlamento no fue así, y se aprobaron la ley de amnistía de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto con Sendero Luminoso; la enmienda a la ley forestal, que promueve la explotación comercial de la Amazonía; o las llamadas leyes procrimen, destinadas a cubrir las espaldas de diputados relacionados con el crimen organizado. De hecho, la actividad legislativa no ha cesado hasta el último instante y la semana pasada se aprobó una norma que permite que policías y militares no sean juzgados por sus delitos en la Justicia ordinaria. Medidas que, en general, promueven la impunidad.

Será complicado que en este nuevo Parlamento se logre semejante consenso legislativo y que, además, sea tan constante. Por eso, Fujimori tendrá el poder absoluto solo si, como temen muchas personas, fuerza autoritariamente las leyes existentes y reprime las protestas en las calles. Genética para ello no le falta: su padre, Alberto Fujimori, llegó al poder democráticamente en 1990 para, poco después, en 1992, disolver el Congreso e instaurar una dictadura hasta el año 2000; posteriormente, fue condenado a 25 años de prisión por cometer crímenes de lesa humanidad, y liberado por su estado de salud poco antes de morir en 2024.

Además de este parentesco, Keiko Fujimori domina las principales instituciones del país. A diferencia de su padre, no necesita dar un golpe de Estado: tiene un preocupante control sobre la Justicia tras dos legislaturas en las que ha ido situando en los cargos de importancia a jueces y fiscales afines, razón por la que en 2025 fue archivado su caso por presunto lavado de activos en la trama Odebrecht.

Como controla las arterias del país, Fujimori realmente puede elegir el talante que tendrá su Gobierno: o uno en el que se busque cierto consenso social o uno autoritario en beneficio de una minoría. Ante esta disyuntiva, la periodista Rosa María Palacios mira al pasado y no se muestra halagüeña. «En los últimos 10 años, cada vez que pudo tomar una decisión democrática, optó por el fraudismo y el obstruccionismo, cuando no por el autoritarismo y el mercantilismo. Su antiizquierdismo no le impidió una alianza con los hermanos Cerrón ni sostener a Boularte en el poder. Se alió con todos ellos y con todo el resto del actual Congreso para controlarlo todo, y lo consiguió», apunta en el diario “La República” sobre Fujimori, primera mujer elegida en las urnas y segunda en el cargo de presidenta tras Dina Boluarte, quien sustituyó al destituido Pedro Castillo y, como primera medida, con el beneplácito del fujimorismo, ordenó la represión de las protestas en apoyo a Castillo en las que fallecieron más de 50 personas.

De momento, Keiko Fujimori tendrá que confrontar las manifestaciones por el posiblle fraude electoral encabezadas por Roberto Sánchez. El fraude por sí mismo no parece un catalizador suficiente como para movilizar a la sociedad, que espera a ver la respuesta de Fujimori a las reivindicativas manifestaciones de sectores populares andinos que surgirán en esta legislatura. Será en ese momento cuando la presidenta tendrá su primer y gran dilema: reprimir o no reprimir; buscar el consenso o, bajo la excusa de controlar la inseguridad, recuperar la mano dura y la impunidad que caracterizó a su padre, Alberto Fujimori.