«Alokabide sí desahucia». Así lo ha advertido este miércoles el Sindicato Socialista de Vivienda de Gasteiz, que ha dado cuenta del desalojo de cuatro familias de viviendas de alquiler social y del riesgo de quedarse sin un techo que se cierne sobre otras cuatro. 

En una rueda de prensa ofrecida frente a las oficinas de Alokabide, Ane Mendiguren, integrante del sindicato, ha explicado que, de estas ocho familias, siete tienen menores a su cargo, cuatro de ellas son madres solteras que han quedado en la calle «y, por su fuera poco, tres de ellas han sufrido violencia machista».

«Esta es la realidad de las personas que Alokabide expulsa de las viviendas sociales», ha aseverado antes de incidir que en Araba en 2023 la sociedad pública ejecutó 18 lanzamientos; en 2024 presentó 34 demandas y llevó a cabo 24 desahucios; y en 2025 presentó 41 denuncias que dieron pie a 20 desahucios. «Además, el año pasado Alokabide no renovó el 25% de los contratos en Araba y en consecuencia una de cada cuatro familias tuvo que abandonar su vivienda», ha apuntado. 

«A estos datos hay que sumarles un factor importante. En los tres años mencionados, 2023, 2024 y 2025, la moratoria de los desahucios estaba en vigor, por lo que los procedimientos de desahucios de ciertas familias vulnerables estaban paralizados. Ahora la moratoria ha caído, y es previsible que el número de lanzamientos se multiplique», ha añadido. 

De hecho, ha alertado de que el Sindicato de Vivienda Socialista ya está percibiendo un aumento en el número de procesos de desahucios abiertos por Alokabide, una entidad pública dependiente del Ejecutivo de Lakua. 

Han alertado de que el año pasado Alokabide no renovó el 25% de los contratos en Araba «y, en consecuencia, una de cada cuatro familias tuvo que abandonar su vivienda»

Críticas a las políticas de Denis Itxaso

Mendiguren ha censurado que la «política de vivienda del Gobierno vasco consiste en recortar a los sectores más proletarizados para aumentar tímidamente los recursos a parte de las clases medias»; y ha cargado contra el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, por declarar que las clases medias «se han visto discriminadas» en el acceso a la vivienda pública. 

«Asegura que es a ellas a quienes dirige sus políticas de vivienda. Así, se toman medidas como reservar un gran porcentaje de viviendas públicas para familias con rentas más altas mientras en los sectores más vulnerables se reducen los recursos y aumentan los desahucios. ¿Cuándo hemos normalizado que los políticos declaren pública y desvergonzadamente que sus políticas solo favorecen a las clases medias?», ha preguntado Mendiguren.

Ha alertado de que «este abandono de la clase más empobrecida viene acompañado de una campaña de criminalización». «Las instituciones apoyadas por los medios de comunicación están reforzando un discurso que culpabiliza a las personas mas empobrecidas de su situación», ha señalado antes de recordar que «Denis Itxaso afirmaba que los casos en los que Alokabide desahucia son extremos y se trata siempre de personas que con sus actitudes pierden los merecimientos para permeenacer en una vivienda social».

Mendiguren: «Las instituciones apoyadas por los medios de comunicación están reforzando un discurso que culpabiliza a las personas mas empobrecidas»

«De esa manera generan un relato por el cual ciertas personas merecen ser desahuciadas por ser culpables de su propia pobreza. Estas ideas son falsas y profundamente clasistas. Criminalizar a personas, reducirlas a números en informes, es fácil, por lo que es importante ponerles cara», ha manifestado antes de destacar que «la vivienda pública debería ser una garantía para las familias trabajadoras, independientemente de su situación laboral, género u origen».

«Por ello reivindicamos la suspensión incondicional de todos los desahucios y exigimos a Alokabide que paralice todos los procedimientos de desahucio en marcha», ha sentenciado.