Más que escorarse hacia la extrema derecha, lo que se ha visto estos años es cómo afloraban sin pudor actitudes que ya estaban dentro de los cuerpos: corporativismo, cierre de filas... Y a la vez las derechas, donde gobiernan, premia esa deriva con más armas y más impunidad. ¿Hacia dónde va la policía en este siglo?¿Existe una radicalización generalizada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

Para responder a esa pregunta merece la pena pensar no solo qué es la policía, sino qué queremos que sea y a qué queremos que responda. En los últimos años la derecha ha conseguido imponer una ecuación sencilla: inseguridad igual a inmigración, y la respuesta lógica es más policía, más control, más fronteras. Desde la izquierda solemos responder a ese marco ampliando qué entendemos por seguridad: decimos que la inseguridad también es no tener un trabajo digno, no poder pagar el alquiler, no llegar a fin de mes. Es una respuesta necesaria, porque desplaza el foco hacia las causas estructurales. Pero no estamos respondiendo a la pregunta política de fondo, que es cuál es nuestro modelo de seguridad pública. Y dentro de esa pregunta está qué papel le damos al Estado, a la policía, a las instituciones locales. Hasta que no respondamos qué modelo queremos como sociedad, no podremos responder qué le pedimos en concreto a la policía, que por definición, es conservadora. La pregunta pertinente es qué es lo que la izquierda quiere conservar. Esa es la pregunta complicada que hay que hacerse.

¿Y qué debería contener esa idea de seguridad pública que no empiece y termine en la policía?

No se nos puede escapar en nuestro análisis el marco económico en el que vivimos, un marco con unas reglas de juego en las que es necesario que haya colectivos que vivan al margen, disponibles para ser explotados y oprimidos. Y eso no es una consecuencia colateral del sistema, sino condición sine qua non para que el mismo funcione. Desde las izquierdas deberíamos tener claro que difícilmente habrá una seguridad pública plena mientras el sistema siga relegando a cada vez más gente fuera, a ser explotada y oprimida. Por tanto, el modelo de seguridad pública va mucho más allá de la policía. Hablamos de políticas económicas, de vivienda, de políticas feministas. 

Desde el abolicionismo policial se sostiene que, como los cuerpos son una pieza intrínseca del sistema, no se pueden reformar. ¿Qué opina?

A la hora de preguntarnos qué normas sociales queremos, pocas veces tenemos una respuesta. Es decir, si tuviéramos la capacidad de gobernar con nuestro propio modelo, ¿qué límites definiríamos como innegociables, y qué consecuencias tendría el hecho de cruzarlos? Es difícil pensar una sociedad donde no haya ningún límite social consensuado. Por lo tanto, debemos pensar cuáles son esas normas, qué es lo que queremos proteger y qué consecuencias tendría cruzarlas. Y entonces, si el cuerpo encargado de vigilar todo esto y de reaccionar en última instancia se llama policía, se llama servicios sociales, se llama educación pública, es irrelevante, siempre y cuando responda a las necesidades de la ciudadanía y no del Estado.

El académico estadounidense Alex Vitale, asesor de Zorhan Mandani, propone sacar a la policía de terrenos como las drogas, el sinhogarismo o la salud mental y reinvertir ese dinero en la comunidad. En EEUU, el ‘Defund the Police’ ha llevado este tipo de propuestas al centro del debate. ¿Por qué no cala aquí esa idea?

Puede calar si lo sabemos articular más allá de desplazar recursos de un servicio público a otro. Es lo que decíamos antes: ¿qué nos genera más inseguridad, un fondo buitre o las miles de personas que entraron por Ceuta hace un mes? Ahí hay que tener una conversación muy compleja sobre qué es lo que queremos proteger y, por tanto, hacia dónde se derivan esos recursos, económicos y humanos. En términos de Defund the Police es hacer que la policía se dedique, por ejemplo, a investigar la trata de seres humanos o a los grandes defraudadores de Hacienda. Son hechos sociales que tienen un impacto enorme en cómo vivimos y en nuestra percepción de seguridad y, en cambio, no están tan al orden del día como la multirreincidencia o el tráfico de drogas.

Usted participó en el anterior gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, donde se impulsó una reforma de la Guardia Urbana. ¿Qué se logró?

Lo primero que ocurrió fue un cambio más nuestro que de los cuerpos policiales. Veníamos con muchas preconcepciones por el tipo de relación que habíamos tenido con ellos, y no conocíamos la complejidad de cómo funcionaban. Cuando entras en el Comisionado de Seguridad, como fue mi caso, como gestora política, lo que te dan para gestionar es un cuerpo policial. Uno de nuestros mayores orgullos haber impulsado un modelo de policía de barrio. Salir del modelo clásico y reactivo para que el agente conociera un barrio concreto, a sus vecinas, sus asociaciones, y al resto de servicios públicos que operaban allí. Parece sorprendente, pero no había apenas coordinación. Un conflicto en una plaza se abordaba desde un punto de vista securitario, sin contar antes con limpieza, iluminación o servicios sociales. Así,  generamos mesas transversales donde el recurso policial es la última ratio. 

¿Hubo algún tipo de resistencia dentro del propio cuerpo?

Claro, cuando quieres proponer cambios en un sistema tan cerrado como un cuerpo policial, tienes resistencias. Una tuvo que ver con abordar los problemas sociales desde otra perspectiva. Con el top manta, por ejemplo. Cuando llegamos al gobierno había mucho malestar, muy azuzado por los medios y muy focalizado en una zona concreta del centro de Barcelona, pero parecía un problema transversal de toda la ciudad. Una de las cosas que impulsamos fue que, en vez de multar a los vendedores ambulantes, algo que les impactaba muy negativamente dada su situación, la Guardia Urbana retirara la mercancía. Seguía teniendo un impacto, pero no uno económico, social y a veces emocional tan fuerte como el de antes. Ese tipo de perspectivas requería mucho trabajo y persuasión.

Aunque se intenta reformar el cuerpo, quien marca las pautas son también las ordenanzas de convivencia, el código penal, la ley de extranjería, la ley mordaza. Mientras eso siga intacto, cambiar a quien lo aplica, ¿es quedarse en la superficie? 

Exacto. Por eso decíamos antes que la pregunta pertinente es cuáles son las normativas sociales con las que nos queremos dotar. A fecha de hoy hay unas normativas que estipulan que estos comportamientos son ilegales o irregulares. Lo que hemos conseguido de momento las izquierdas es saber lo que no queremos, pero lo que sí queremos es la cuestión pendiente, porque seguimos pensando en términos de un marco económico que no queremos, y seguimos pensando muy en lógica de la oposición y no de gobierno.

En Catalunya, el Parlament creó una comisión con todos los grupos para acordar un nuevo modelo policial, algo que impulsó Irídia. ¿Cómo fue esa experiencia?

Hasta ahora hemos ido diciendo todo lo que haría falta saber antes de decidir el modelo policial. Pongamos que un día conseguimos poner nosotras las normas del juego. Tendrás que articular un cuerpo democrático, un cuerpo que pueda rendir cuentas. En esa comisión del modelo policial del Parlament, por ejemplo, una de las cosas que se consiguió fue obligar a que todos los policías llevaran la identificación visible por delante y por detrás, en el casco, tanto los antidisturbios como los regulares. Son logros necesarios, y lo son hoy y lo seguirían siendo si estuviéramos gobernando dentro de otro marco.

Al igual que en otros países, en la CAV, el debate gira en torno a la Ertzaintza y su modelo autoritario y corporativo. Desde su experiencia, ¿ve margen para revertir esas derivas?

Vivimos en un marco muy securitizado, donde muchas veces se interviene ante los conflictos con herramientas y métodos que avivan el fuego. Un ejemplo es lo vivido este verano en Barcelona. En unas fiestas de barrio, con muchísima gente, a las cinco de la mañana se tenía que desalojar el sitio. En vez de mandar a la policía se podría mandar a la brigada de limpieza y no ocurriría nada, pero se manda a la policía y pasa a ser un elemento más de la tensión. Hay muchísimo que desmilitarizar. Y no lo digo yo, lo dicen los sindicatos de policía: el porcentaje más alto de las funciones que hacen los agentes no tiene nada que ver con la seguridad. Por eso la primera tarea es desmilitarizar nuestras cabezas, los conflictos de convivencia. Si consiguiéramos eso, lograríamos lo más importante. 

La jornada del lunes mira sobre todo a la policía local. ¿Qué puede hacer una policía local que no pueda una autonómica o nacional?

Conocer la realidad del territorio, que parece una consigna vacía y es clave para hablar de prevención. Es muy difícil salir del modelo reactivo si llegas a un sitio que no conoces, intervienes porque te han llamado y te vuelves a ir. La policía local es la que más capacidad tiene para cambiar el modelo de seguridad pública local porque puede avisar a servicios a los que esas cosas no llegan. Como dice Amadeu Recasens, hay que actuar en tres patas: las funciones, la organización y la cultura. La cultura es clave: si el imaginario, alimentado por películas muy masculinizadas, es que el policía persigue a los malos y defiende al Estado y no al ciudadano, es muy difícil cambiarla. Hay que entender que es un servicio público para quien no puede pagarse seguridad privada ni una alarma.