La plataforma Justizia Anderrentzat ha ofrecido este martes una rueda de prensa en la que ha denunciado la actuación violenta de agentes de la Policía Local de Santurtzi que llevó a Ander Sáenz Tortajada a ingresar insconciente en el hospital de Cruces, donde falleció dos días después. Han aportado un video que muestra con crudeza cómo se produjo la reducción del joven, que en pleno brote psicotico había acudido a la comisaría a que le ayudasen, como había hecho en otras ocasiones.

Estas imágenes, y otras, se encuentran en poder del juzgado que instruye la causa por la muerte violenta del santurtziarra, que prosigue con las diligencias para determinar si se cometieron delitos y quienes son los responsables de los mismos.

Desde el primer momento, la familia, arropada por un amplio espectro de agentes y personas a título particular, ha insistido en la gravedad de lo que sucedió, que acabó con la muerte de Ander Sáenz Tortajada.

Se trata de un video breve, de poco más de dos minutos, en el que se muestra cómo, en un primer momento, tres policías tratan de reducir a esta persona en la calle Cervantes a cierta distancia de la comisaría y ante la imposibilidad de hacerlo, a pesar de la violencia que emplean, se suman otros tres guardias, aunque en las proximidades había alguno más de los que persiguieron al joven hasta finalmente dejarlo insconciente en el suelo.

Además de la fuerza extrema con que actuaron, se observa cómo al menos uno de los policías hace uso de una pistola táser en dos ocasiones. Sorprende que cuando los guardias parecen tenerlo noqueado, uno de los agentes dispara las descargas eléctricas, lo que no hizo sino agravar el estado del detenido. Cabe recordar que la Policía Local de Santurtzi se comprometió a grabar y guardar cualquier actuación con táser.

Otro de los policías que se incorpora a la intervención, primero pisa las piernas de la víctima, a la altura de los tobillos, mientras sus compañeros lo tienen totalmente apresado y después comienza a saltar, algo que parece que ya no era necesario. En un instante de la grabación, casi al final, se puede ver de forma fugaz el mal estado físico que presentaba ya entonces Ander Sáenz.

Desde la plataforma ciudadana que exige que se depuren responsabilidades policiales, políticas y mediáticas estiman que las imágenes vienen a sostener lo que llevan meses defendiendo, que la reducción de su convecino se produjo de forma muy violenta.

«Una vez reducido, maniatado, y completamente inmovilizado, seis agentes de la Policía Municipal le continúan agrediendo desproporcionadamente, aplicando incluso descargas eléctricas mediante táser», han destacado. Demandan la «inmediata» expulsión de la Policía Local de Santurtzi de los agentes implicados.

Tampoco han querido pasar por alto que los hechos tuvieron lugar el 22 de junio, a primera hora de la tarde, «cuando las temperaturas rozaban los 40 grados. «En estas condiciones, lo mantuvieron inmovilizado e insconciente en el suelo durante aproximadamente dos horas, hasta que llegó la ambulancia», han recordado.

No se advirtió del uso de la táser

Asimismo, han hecho referencia a los datos que ha facilitado Osakidetza, en respuesta a una pregunta parlamentaria de EH Bildu al consejero de Salud, Alberto Martínez, donde se relata cuándo se produjo la primera llamada a SOS Deiak, cómo luego los policías municipales aseguraron que la persona arrestada «ya está calmada» y cuarenta minutos después, con la víctima en el suelo al sol tras ser golpeado con una violencia extrema y descargas eléctricas, piden auxilio al centro coordinador de emergencias. Al llegar, la ambulancia de Soporte Vital Básico demandó la presencia urgente de una UVI móvil.

A este respecto, los portavoces de la plataforma han denunciado que «no consta ni en los informes de urgencias, ni emergencias que se haya producido una actuación violenta, ni mucho menos que habían utilizado una pistola táser». «Esta omisión consciente de la información –han subrayado– condicionó la atención sanitaria que Ander recibió, y en esas condiciones se realizó la autopsia».

Para la plataforma lo sucedido en este caso no es nada nuevo. «La Policía aplica la violencia sistemáticamente y goza de total impunidad», han lamentado.

Además de reclamar que se depuren todas las responsabilidades, exigen que se reconozca a Ander Sáenz Tortajada como víctima de la violencia policial. También que se garantice que lo acontecido no vuelve a repetirse «mediante la prohibición de recursos y técnicas policiales potencialmente letales, como los táseres».

En su exigencia de justicia, han llamado de nuevo a sumarse a una nueva movilización en las calles de la localidad marinera que tendrá lugar el 3 de octubre, a las 12.00, desde la plaza de Kabiezes. El pasado viernes, en fiestas del barrio de Mamariga, cientos de personas salieron a la calle con esa misma reivindicación.

Reacciones

Tras la publicación del video, el sindicato LAB ha exigido al Gobierno municipal que preside la jeltzale Itziar Carrocera y al Departamento de Seguridad que «depuren todas las responsabilidades directas y políticas» en el caso, para que «se haga justicia y no vuelvan a ocurrir estos graves hechos».

Para esta central, es totalmente denunciable el «mutismo» del Ayuntamiento y del Departamento. Asegura que este silencio «ha permitido a los sindicatos corporativos policiales, que promueven y apoyan el uso extremo de la violencia, imponer el orden social y el falso y peligroso marco ideológico de la seguridad que se pretende implantar desde la extrema derecha y la agenda reaccionaria, aquella de quienes consideran que la solución vendrá del aprendizaje de técnicas de formación para aplicar más violencia y que cualquier intervención policial es defendible».

«¿En qué momento se convierte en una amenaza para determinados policías un ciudadano que va a recibir un servicio público y pedir ayuda?», se pregunta LAB, que considera «intolerable» lo que ocurrió, «máxime cuando estas cosas son evitables».

Este sindicato cree que es necesaria una profunda transformación en torno al modo de entender la seguridad en general, y más concretamente en torno al modelo policial y al uso de la violencia y las armas. «Las autoridades municipales deben tomar decisiones urgentes, desde el personal municipal que ha tenido una intervención directa, pasando por todos los protocolos de actuación hasta todos los cambios necesarios para que esto no vuelva a ocurrir», sostiene.

Asimismo, al Departamento de Seguridad le reclama que aplique «una transparencia, una depuración de la responsabilidad política y unos mecanismos de control rigurosos y transparentes para que esto nunca más ocurra». «También –añade–, cómo no, se debe abrir el debate necesario para revertir el modelo de policía que hasta ahora se ha instalado en Arkaute y que normaliza este tipo de hechos».