En un momento tan convulso como el actual, con la izquierda conmocionada ante el cambio ideológico que está experimentando el electorado hacia la extrema derecha a nivel global, ¿qué riesgos vislumbra a corto plazo?

Sin duda, esta tendencia que apunta está separando a las personas y a los movimientos sociales de los foros de poder donde se deciden las condiciones de vida de la gente. Hay que reconocer que el viento de la política, siempre pendular en la historia, sopla ahora con fuerza contra las mayorías sociales y clases trabajadoras.

El caso estadounidense ofrece un buen retrato de la ‘oligarquización’ política de la que hablo, esa élite que trabaja a pleno rendimiento para borrar cualquier distinción entre el interés público y el interés privado. Lo importante para ellos no es solo la rentabilidad productiva del sistema neoliberal, sino que ahora van más allá y empiezan a tomar el control del poder ejecutivo en toda su extensión.

A veces, no es fácil definir el nuevo modelo que están configurando en este ciclo neoliberal agotado aunque bien podría llamarse ‘capitalismo político’ por la voracidad que imprimen a sus objetivos de acumulación empleando el fraude fiscal, la especulación y, sobre todo, un gasto público dirigido a las empresas privadas en lugar de al conjunto de la población, como se ha hecho en los últimos 60 o 70 años.

Esta es una dinámica de radicalización reaccionaria, un pseudofascismo que está vaciando la legitimidad del sistema político. Y lo que es más preocupante es que se está extendiendo con rapidez por América Latina y gana terreno en Europa.

¿Qué elementos emplean esas élites reaccionarias para asaltar el poder político?

Hay tres fundamentales. Uno, indiscutiblemente, es el capital global de los grandes fondos que con sus inversiones condicionan la capacidad de decisión de los Estados e influyen directamente en la vida cotidiana de millones de personas. Hablo de que el patrimonio del 0,01% de los individuos más ricos del planeta está oculto en paraísos fiscales y su cantidad supera con creces la renta conjunta de la mitad más pobre de la humanidad. Esto me resulta escalofriante.

Otro factor es la evolución de esos Estados, que se presentan como democracias formales, pero que en realidad han ido achicando la participación real de la ciudadanía en la toma de decisiones hasta dejarla reducida a un ritual electoral cada vez más vacío de contenido. Lo vemos en muchos partidos políticos que ni siquiera se molestan en elaborar programas electorales, con objetivos y políticas concretas ante los problemas que afectan a la vida corriente de millones de personas.

Y hay un tercer elemento que me parece muy preocupante. Me refiero al asalto que esos grupos reaccionarios han emprendido para hacerse con la hegemonía cultural y mediática comprando medios de comunicación y controlando las redes sociales. Ahí han encontrado plataformas casi ilimitadas para reducir la política a la simpleza y la polarización con el uso y difusión de bulos. Su efecto en la ciudadanía es enorme porque la desorienta políticamente aunque emocionalmente está movilizada.

Euskal Herria parece hoy día un muro infranqueable para esa corriente ultraderechista internacional, como ha quedado demostrado con las movilizaciones masivas a favor de Palestina, ahora con la vivienda o el nulo arraigo de partidos reaccionarios. ¿Cuál es el motivo?

Efectivamente, hay un contraste bastante grande con lo que sucede en el Estado español, pese a que ambos participan de las mismas transformaciones económicas, tecnológicas y culturales que sufren las democracias occidentales.

En mi opinión, la singularidad de Euskal Herria reside, en buena parte, en la fortaleza de la red de organizaciones sociales que existen y operan en nuestro territorio. Aquí, la sociedad civil está muy organizada y conserva una notable capacidad de interlocución institucional. Esa característica no elimina las tensiones ni garantiza por sí misma una mayor calidad democrática, pero al menos sirve para mantener espacios abiertos a la participación colectiva que dificultan el vaciamiento político observado en otros lugares como el Estado español.

Observe, por ejemplo, lo ocurrido con el proyecto de Guggenheim que querían construir Urdaibai. También influye, qué duda cabe, el profundo vínculo que la sociedad vasca tiene con el desarrollo histórico del autogobierno y de una cultura política que siempre ha concebido las instituciones como instrumentos al servicio de una comunidad diferenciada, con funciones de protección, desarrollo y fortalecimiento de un proyecto colectivo sustentado en una identidad política y cultural propia. Esta percepción favorece la implicación ciudadana en los asuntos públicos y consolida el tejido asociativo.

¿Qué opina de la rebelión civil que se ha producido contra el mercado de la vivienda?

Me parece extraordinaria. Es un avance muy importante que puede compararse a los que se producían hace 20 o 30 años, quizá ahora más limitado, pero un avance a fin de cuentas contra la ola reaccionaria. Reconozco que me ha sorprendido su nivel de organización, con esa diversidad tan radical que están mostrando, con esas ideas tan claras y esa manera colectiva de defenderlo y desarrollarlo. De repente, nos han abierto los ojos para que redescubramos que los jóvenes, y los no tan jóvenes, ni estaban dormidos ni resignados.

Han salido a las calles y plazas a defender no solo la vivienda, sino a exigir unas condiciones de vida dignas para la mayoría social. Es un pulso de clase con demandas muy concretas sobre la mesa. Los de abajo frente a los de arriba mostrando que el poder transformador está en los movimientos sociales. Insisto en que no me esperaba esta reacción en cadena, pero también me produce temor.

¿A qué?

A los recursos del poder para manejar las hegemonías y agrandar la separación que hay entre la ciudadanía y las instituciones políticas. Tienen mecanismos muy efectivos para incrementar la desafección de clase, la desidia política y el individualismo. Tengo miedo a todo esto. Temo a los políticos tentados a utilizar las demandas de los jóvenes con promesas que no suelen cumplir o lo hacen a medias. Y esto que digo también incluye a los representantes de la izquierda.

Creo que ha llegado el momento de asumir responsabilidades y cumplir con el compromiso que las mayorías sociales movilizadas han suscrito solventando sus diferencias de matices. Ellas han activado miles de conciencias. La mía es una de ellas. Y nos están diciendo que tengamos esperanza, que confiemos. Solo espero que no les decepcionen de nuevo con promesas huecas para desmovilizarlos. Este es mi temor.

Antes hablaba de las ventajas que supone tener un tejido asociativo fuerte en Euskal Herria. Pero ¿cuáles son sus debilidades, si es que las tiene?

Sí, claro que las tiene. En mi opinión, la principal radica en la escasa articulación que hay entre las diferentes organizaciones sociales. Es cierto que de su actividad emanan múltiples iniciativas y que construyen entre ellas alianzas puntuales, pero los espacios estables de cooperación, aquellos donde se construyen objetivos políticos comunes, siguen siendo excepcionales.

La confluencia entre organizaciones de migrantes y acogida, movimientos por el derecho a la vivienda, colectivos feministas, sindicatos, plataformas que defienden los derechos humanos y entidades juveniles o de barrios permitiría compartir una agenda política basada en la ampliación de derechos sociales y democráticos en un momento de ofensiva reaccionaria como el actual.

No se trata de diluir las reivindicaciones específicas de cada colectivo sino de reconocer que muchas de las desigualdades que combaten por separado tienen un origen común y requieren respuestas coordinadas con el fin de incrementar la capacidad de influencia en las instituciones. Lo estamos viendo ahora con la vivienda.

El Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales de izquierda dicen no encontrar motivos para defender la labor política realizada desde las instituciones. ¿Qué razones pueden explicar la incapacidad que ha mostrado el Estado español y, quizá en menor medida, también en Euskal Herria para ampliar los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía?

El Gobierno progresista español ha estado atrapado en la contradicción de favorecer los procesos de acumulación económica o mantener la legitimidad necesaria para sostenerse políticamente. Esta ha sido su manera de actuar en un contexto de malestar social y avance de posiciones ultraderechistas en el plano internacional. La consecuencia de esta política ha sido la escasa capacidad transformadora de esos gobiernos, que es lo que ha alimentado un distanciamiento cada vez mayor con la misma mayoría social que ahora les ha dicho basta.

Al resto de grupos políticos solo les ha quedado la opción de apoyarles por tacticismo, o mejor dicho, por pragmatismo político. En el caso concreto de los dos decretos de vivienda que han precipitado las elecciones, la izquierda ha votado a favor pese a que no les gustaba ni la forma ni el contenido, sino porque era la única manera de garantizar mínimamente un derecho esencial. Sin embargo, ese pragmatismo puede terminar bloqueando una lucha social que ya trasciende el ámbito de la vivienda e incluso las viejas estructuras de los partidos políticos.