Hace 34 años se aprobó la Constitución y nació un mito político de la España democrática.
Eran otros tiempos y los votantes de entonces, recién salidos de la dictadura, bien masajeados por los partidos y los medios mayoritarios, temerosos del ruido de sables, optaron por la transición frente a la ruptura.

Por la monarquía frente a la república, por las leyes electorales favorecedoras del bipartidismo frente a la participación, por la unidad autonómica frente al derecho de la autodeterminación, por los derechos retóricos frente a las verdaderas garantías sociales. Mal que bien, durante este largo periodo nos acostumbramos a la mediocridad y a las inconsecuencias de un texto pactado –en aras de una inmadura convivencia– bajo la sombra del «atado y bien atado».

Sin embargo, aquella constitución sacrosanta que nadie se atrevía a tocar ni siquiera en la contradictoria minucia de la ley sálica (preferencia del varón en la sucesión al trono), se rectificó por la vía de urgencia el 27 de septiembre de 2011, con la sorpresiva reforma sobre la «estabilidad presupuestaria», acerca de los límites del déficit estructural establecido por la Unión Europea. Y aquel artículo 135 aprobado bajo presión exterior, cambió definitivamente la lectura ambigua de la doctrina constitucional. Todo se sometía al imperio de la deuda y, en consecuencia, el resto quedaba en papel mojado.

En el año sexto de la crisis, aquel marco político ya ha mostrado sus costuras abiertas, sus debilidades y sus rendiciones, y los partidos y poderes fácticos que la apoyaron y la apoyan, su voluntad de encastillarse en su dogma y de blindarlo, paradójicamente, frente a la democracia.

La realidad es que la constitución de 1978 se ha convertido en un arma de control antidemocrática, regida por el poder financiero, contra el pueblo. La realidad es que esta constitución envejecida, devaluada y mitificada supone una ruptura de facto del «contrato social». Cuando el paro masivo arrastra a la miseria a varias generaciones, cuando se desahucia de sus casas a familias enteras, cuando se recorta salvajemente en educación y sanidad y se niega la atención sanitaria a las personas migrantes, y sin embargo no se habilitan vías legales, directas (como una ILP vinculante), de reforma, no queda otra salida: es preciso devolver el poder constituyente al pueblo para que, como en Islandia, genere otra constitución. No nos vale el reformismo, esa doctrina gatopardista, que solo trae parches y aplazamientos, sino la ruptura democrática que devuelva a la ciudadanía la soberanía secuestrada. Como señalaba el artículo 28 de aquella Constitución jacobina de 1793: «Un pueblo siempre tiene el derecho de revisar, de reformar y de cambiar su Constitución. Una generación no puede sujetar a sus leyes a las generaciones futuras». Desde la Pepa hasta hoy, ese es nuestro derecho irrenunciable…

En Navarra vivimos una situación similar y vinculada directamente al marco estatal de la constitución. Nuestro estatuto autonómico, el Amejoramiento del Fuero –que algunos llamaron irónicamente «apeoramiento»–, que no ha sido sancionado por votación popular, sufre los mismos males constitucionales. Y nos ha proporcionado un gobierno como el de Madrid, débil y deslegitimado, incumplidor e incapaz de resolver la grave situación, de verdadera emergencia humanitaria, que padecemos. De ahí que nuestro reclamo sea doble; el del cambio constitucional en el estado y en Navarra, comunidad que habría de resolver su propio espacio de soberanía. Y que planteemos la apertura urgente no del «melón constitucional», sino de un proceso constituyente en toda regla, desde abajo, con la participación de toda la ciudadanía, al tiempo, en el Estado y en Navarra, y en Navarra, si en el estado no se impulsara.

La Coordinadora 25 de Septiembre, un movimiento popular y heterogéneo trabado con las mimbres más audaces del 15M y del movimiento social contra los recortes –al que cada día se suman más sectores sociales y políticos– ha propuesto para esta fecha una acción simbólica y pacífica; rodear el congreso hasta que dimita el gobierno de Rajoy, convoque elecciones y se abra el proceso constituyente. Nosotros, ciudadanía navarra, planteamos una acción paralela frente a las puertas del Parlamento foral, hasta que dimita el Gobierno de Barcina, títere y cómplice de Rajoy en la danza de los recortes. Somos conscientes que incluso en estos tiempos de crisis es difícil derribar un gobierno por la mera protesta cívica –valga el ejemplo griego–, pero sí creemos que pueden llegar a tambalearse sus cimientos y cambiar el foco público hacia las raíces del problema, para empezar a converger en una alternativa tangible. Que la sociedad navarra, incluidos los partidos, los sindicatos, los colectivos, los afectados directos y toda la ciudadanía reflexionen sobre su futuro inmediato, y tomen una posición coherente y valiente.

Este es un proceso que, pese a su carácter embrionario, es público y abierto, de democracia real, en el cual ya se puede participar:  "http://irunaindignada.wordpress.com/"http://irunaindignada.wordpress.com/. A partir del 26 de septiembre –por cierto, jornada de una huelga general que deseamos lo más unitaria posible– esperamos las propuestas y las alternativas de todos y todas recuperando un constitucionalismo social que nos devuelva la dignidad como ciudadanía.

Con alegría y dignidad, sin miedo, ven a participar en el acto pacífico de la «toma del parlamento» para que fructifique, de nuevo, la semilla de la democracia.