Entre los días 8 y 16 de mayo de 1977 se realizó la II Semana pro-Amnistía, por lo que se cumplen 40 años de aquellas movilizaciones populares. El objetivo era lograr la amnistía para los y las prisioneras políticas vascas. Tras varios indultos y amnistías parciales se buscó vaciar las cárceles antes de que se produjeran las elecciones generales que se iban a realizar en junio de ese año, las primeras desde la II República.

En la primavera del 77, y a instancias de Telesforo Monzón, se produjeron las conversaciones de Txiberta, en las que participaron todas las organizaciones políticas del nacionalismo vasco. El objetivo explícito de estas reuniones fue acordar una posición conjunta en torno a los elementos determinantes para poder abordar una negociación con el Estado en términos de nación. Para ello, se expusieron a debate la consecución de tres objetivos: la amnistía, la legalización de todos los partidos políticos, incluidos los independentistas y, como consecuencia de los anteriores, la presentación de una sola candidatura con la finalidad de que esta representara al conjunto de la nación vasca, primando los intereses colectivos nacionales sobre los partidistas.

Las diferencias políticas estallaron de inmediato en la mesa de Txiberta. Estas discrepancias originaron una doble fractura en la correlación de fuerzas existente entre las organizaciones políticas abertzales.

La primera fractura se producirá en la mesa para el acuerdo. El PNV se desligará, desde el primer instante, de los 3 objetivos antes mencionados. Esto significó, de facto, su auto exclusión de la mesa. Para entonces ya se conocían sus reuniones particulares con Suárez. Por otra parte, y al rebufo de aquel, los partidos ESB y ANV decidieron presentarse a las elecciones en coalición. ESEI se integró en el Frente Autonómico para el Senado. El Movimiento de Alcaldes mantuvo su posición inicial que vio fortalecida tras la reunión celebrada con Suárez en La Moncloa el 10 de mayo de 1977, en la que el Estado se negó a solucionar la situación de los presos políticos vascos. De forma paralela, casi sincrónica, se produce la segunda fractura, esta vez en el seno de KAS. EIA y ETA pm participaron activamente en la lucha pro-amnistía, pero después decidieron presentarse a las elecciones bajo las siglas de EE; el resto de las organizaciones (EHAS, LAIA-Bai y ETA m) se mantendrán en las premisas expuestas en Txiberta.

Durante aquellos días la violencia estatal se cebó con el pueblo vasco. Si bien los tres primeros días transcurrieron sin incidentes (con la realización de multitud de encierros y manifestaciones), a partir del día 12 mayo se desarrolló, en toda su brutalidad, la represión del Estado. Ese día se convocó una jornada de lucha que se tiñó de luto en Orereta cuando la Guardia Civil abrió fuego real contra la multitud, matando a Rafael Gómez Jauregui de 72 años e hiriendo de bala a otras siete personas, quedando dos de ellas en estado crítico.

El viernes 13, José Luis Cano Pérez, natural de Orereta, recibió un disparo en la nuca mientras estaba siendo golpeado en una calle de Iruñea por la Policía Armada. Iruñea estaba tomada militarmente y Navarra se hallaba inmersa en un paro generalizado. Incluso durante el funeral de Cano la policía cargó contra la multitud. También el viernes 13, y nuevamente en Orereta, Gregorio Marichalar Ayestarán de 63 años fue tiroteado en el pecho cuando se encontraba en su balcón, situado en un tercer piso. Por la trayectoria de la bala, los médicos afirmaron que el disparo no procedía desde la calle, sino que la trayectoria era descendente, por lo que hubo sospechas de que fue un francotirador quien realizó los disparos. Herido de gravedad, murió diez días después.

El 14, también en Iruñea, Luis Santamaría Miquelena, de 72 años, falleció por un infarto tras recibir impactos de bala en su balcón, lugar en el que se encontraba mientras presenciaba los incidentes. La policía incluso allanó viviendas en los barrios de la Rotxapea y la Txantrea disparando botes de humo dentro de aquellas. En su consecuencia, tuvieron que ser atendidas numerosas personas, entre ellas varios bebés, por inhalación de humos y quemaduras.

El día 15 murió en Ortuella, por disparos de la Guardia Civil, Manuel Fuentes, de 30 años, al salir de un bar donde celebraba junto a su cuadrilla una despedida de soltero. En el lugar donde se encontraban no había ningún tipo de incidente. La última muerte en esta Semana fue producto del sadismo y la saña. Francisco Javier Núñez fue golpeado por antidisturbios el día 15 cuando salió de casa a comprar el periódico en Bilbao. Dos días después acudió al Palacio de Justicia a denunciar lo ocurrido, y a la salida varias personas le propinaron una paliza y le obligaron a ingerir una botella de coñac y otra de aceite de ricino, un potentísimo laxante, por lo que sufrió grandes vómitos; tuvo que ser hospitalizado muriendo a los seis días debido a los ataques a los que se vio sometido. El balance del mes de mayo en el conjunto de Euskal Herria es contundente: 7 muertos y 33 heridos como consecuencia de la violencia policial, 93 detenciones, 4 casos de denuncia de torturas practicadas en las comisarías y cuarteles, etc.

40 años después de estos luctuosos sucesos, únicamente José Luis Cano ha sido reconocido por las instituciones como víctima de motivación política; las responsabilidades políticas y judiciales nunca se dirimieron. Las víctimas de la violencia del Estado generadas en el contexto de la lucha pro-amnistía nunca han sido reconocidas. Es hora ya de que lo sean y se les reconozca su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, incluidas las garantías de no repetición.