Mediante este artículo las personas que conformamos el movimiento popular favorable a la integración de Treviño queremos trasladar nuestra indignación ante la actitud que esta manteniendo el Partido Popular de Araba y, en particular, el diputado general, ante la iniciativa puesta en marcha por los Ayuntamientos del contencioso.

Los intentos de integración administrativa de Treviño en Araba se hallan documentados desde antaño. Frente a las manifestaciones a favor de la integración que se suceden a lo largo de los últimos siglos, el desprecio a la voluntad popular y, por tanto, al principio democrático, ha sido la respuesta que las autoridades públicas han ofrecido a los habitantes del enclave, en especial, las de Castilla y León y el Gobierno de Madrid. Remontándonos a la historia reciente, cuando a principios de los años 80, al amparo del Estatuto de Gernika, se instó la integración administrativa del enclave en Araba, la omisión del deber de resolver y autorizar el correspondiente referéndum fue la fórmula empleada por el Gobierno de Madrid para sostener la imposición jurídico-política. Es decir, hace más de treinta años tuvimos una inmejorable ocasión para resolver el contencioso, pero Madrid prefirió mirar a otro lado.

Ante la falta de cobertura legal que amparase la ilegítima decisión de evitar que la voluntad popular se pudiera expresar, la Junta de Castilla y León y las Cortes Generales aprobaron un Estatuto que, en lo que concierne a Treviño, tenía por objeto poner freno a los intentos de integración.

No obstante, esta argucia legal en el que descansaba el secuestro de la voluntad popular se ha caído a propósito de la iniciativa emprendida actualmente por los Ayuntamientos de Treviño y La Puebla de Arganzón.

La iniciativa planteada por los Ayuntamientos, que viene avalada por un motivado y fundado informe jurídico, se enmarca en las facultades que asisten al Parlamento Vasco para proponer la aprobación de leyes por las Cortes Generales. Al igual que Castilla y León adoptó una iniciativa legislativa, que culminaría con la aprobación de su Estatuto de Autonomía, para vaciar de contenido el procedimiento de integración del enclave en Araba recogi- do en el Estatuto de Gernika , los Ayuntamientos del enclave han promovido una iniciativa legislativa que permitiría la expresión de la voluntad de sus habitantes. Si bien desde la perspectiva legal ambas resultan factibles, desde la óptica democrática, queda patente la legitimidad de la iniciativa presentada por los Ayuntamientos, en contraposición con el derecho de veto al que quieren aferrarse las instituciones castellano-leonesas.

Así las cosas, en este nuevo escenario abierto ya no vale decir que se está de acuerdo con la integración administrativa siempre y cuando Castilla y León lo permita, pues el veto ya ha sido superado. Las instituciones castellano-leonesas han podido manifestar su opinión, pero en esta nueva vía emprendida ya no cabe que dichas instituciones puedan decidir el futuro de los treviñeses y treviñesas.

Somos conscientes de que el nuevo escenario abierto ha pillado con el pie cambiado a aquellos representantes políticos que se hallaban cómodos bajo el paraguas del veto de Castilla y León. Ello les ha llevado a invocar nuevas argucias técnico-normativas para dar la espalda a la iniciativa acometida por los Ayuntamientos. Así, el diputado general de Araba, Javier De Andrés, ha defendido que el marco normativo para la consecución de la integración administrativa es la “Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local”, que se halla en fase de tramitación. Sabido es que la norma citada proyecta cercenar las competencias de las entidades locales, al tiempo que conllevaría una mayor sujeción de Treviño a Burgos y a Castilla y León. Interpelado al respecto, el diputado general no ha expuesto el cauce concreto que permitiría la integración administrativa. Además, expirado el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley de referencia, se constata que el partido en el que milita, y a cuyos dictados parece plegarse, no ha registrado propuesta alguna que habilitaría la integración administrativa.

En cambio, en la tramitación de la ley dos grupos de la oposición han presentado enmiendas que podrían contemplar la integración administrativa. De esta manera se abre una nueva vía para que el partido al que pertenece el diputado general, con mayoría en las Cortes Generales, dé la palabra de una vez por todas a los treviñeses y treviñesas.

La situación generada ha obligado a Javier De Andrés a resituarse y a apelar a la necesidad de un nuevo proyecto normativo que tendría por objeto a los enclaves. No obstante, ya no cuelan las excusas. La imposición administrativa no sólo atañe a Treviño, sino a todo Araba y, por ende, a la Comunidad Autónoma Vasca. Consecuentemente, los partidos políticos con representación institucional en el Parlamento y en las Juntas Generales han de asumir la responsabilidad que les corresponde. Si priorizan los intereses de partido en lugar de responder a los intereses de la ciudadanía a la que representan quedarán retratados. Es tiempo de la reflexión y de reconducir los posicionamientos a parámetros democráticos y de respeto de la voluntad popular.

Señor De Andrés, es tiempo de actuar como representante de todos los alaveses y alavesas, que demandan mayoritariamente solucionar el contencioso treviñés, y dejar de actuar únicamente en defensa de las posiciones de su partido político, el Partido Popular.