Desde 2010, el Día Internacional del Abogado Amenazado se celebra anualmente el 24 de enero, organizado por la Coalición por el Abogado Amenazado, una red global de organizaciones legales nacionales e internacionales y colegios de abogados. Este día tiene como objetivo llamar la atención sobre las dificultades que enfrentan los abogados en el ejercicio de su profesión en un país en particular cada año y exigir acciones por parte de funcionarios gubernamentales, instituciones internacionales, la sociedad civil, los medios de comunicación y el público.

En 2025, el Día del Abogado Amenazado pone el foco en la persecución de abogados en Bielorrusia, quienes enfrentan un hostigamiento sistemático y una interferencia generalizada en sus actividades profesionales. Tras las elecciones presidenciales y las protestas masivas de 2020, la represión del gobierno ha resultado en el acoso a abogados, defensores de derechos humanos, periodistas y disidentes. Las evidencias recogidas en el informe presentado documentan una preocupante y persistente tendencia en Bielorrusia, donde los profesionales del derecho enfrentan sanciones penales crecientes, detenciones arbitrarias e interferencias sistémicas en el ejercicio de sus funciones.

Leyes de seguridad nacional vagas y demasiado amplias están siendo utilizadas para silenciar a los críticos del gobierno y a quienes defienden el Estado de derecho. Miles de personas han sido sometidas a detenciones, arrestos y procesamientos arbitrarios, y han recibido condenas de prisión excesivas tras juicios injustos. También se han reportado casos generalizados de tortura y otros tratos crueles, así como desapariciones forzadas.

Los cambios constitucionales y legislativos han erosionado aún más la independencia del poder judicial y los órganos profesionales legales. Estas enmiendas han fortalecido el control del poder ejecutivo sobre el sistema judicial y la profesión legal, extinguiendo el principio fundamental de la separación de poderes.

El Ministerio de Justicia ejerce una influencia significativa sobre la regulación de la profesión legal. La Asociación de Abogados de Bielorrusia y los colegios de abogados territoriales carecen de independencia y, en lugar de proteger y apoyar a sus miembros, están siendo utilizados por el Ministerio de Justicia para reprimir a los abogados que asumen casos de derechos humanos y otros políticamente sensibles. Los abogados han enfrentado hostigamiento, arrestos y detenciones, así como medidas disciplinarias, simplemente por hacer su trabajo. Esto no solo afecta los derechos individuales de los abogados, sino que tiene un efecto paralizador sobre el acceso a la justicia y el Estado de derecho para el pueblo de Bielorrusia.

Las acciones del Estado bielorruso contravienen tanto las leyes nacionales como los estándares internacionales. Esto incluye el mal uso de estándares éticos para sancionar a los abogados por sus expresiones profesionales y públicas, sofocando la disidencia y limitando la defensa legítima. El proceso de revocación de la licencia de los abogados en Bielorrusia carece notablemente de transparencia, representación e imparcialidad. La naturaleza arbitraria de estos procedimientos disciplinarios socava la independencia de la profesión legal y fomenta un entorno en el que los abogados se ven obligados a operar bajo la constante amenaza de perder su estatus profesional. Este ataque sistémico tiene como objetivo silenciar a la comunidad legal e inhibir la capacidad de los abogados para defender eficazmente los principios básicos de la democracia y los derechos humanos.

Existe una necesidad crítica de reformas y de una estricta adhesión a los principios legales que protejan la independencia y las actividades profesionales de los abogados para restaurar la equidad y la justicia en el sistema legal de Bielorrusia.

El informe presentado detalla el marco legal aplicable, incluidos instrumentos internacionales como los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados y las convenciones relevantes a las que Bielorrusia está suscrita, así como la legislación nacional vigente, los requisitos para ejercer, los procedimientos disciplinarios y el funcionamiento de los colegios de abogados. Además, el informe presenta casos individuales de abogados que han sido perseguidos por el Estado y las formas específicas en que han sido atacados.

Finalmente, el informe enumera una serie de demandas y recomendaciones para mejorar la situación de los abogados en Bielorrusia, entre ellas:

1. Los abogados deben poder ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, hostigamiento ni interferencias.

2. No se debe asociar a los abogados con los casos o causas de sus clientes.

3. Los abogados deben tener derecho a establecer y unirse a asociaciones profesionales independientes y autogobernadas para salvaguardar sus intereses.

4. Todos deben tener derecho a acceder a servicios legales y abogados de su elección para defender sus derechos, y las asociaciones profesionales deben estar facultadas para garantizar que todos tengan acceso igualitario y efectivo a dichos servicios.

5. Los procedimientos disciplinarios contra abogados deben ser supervisados por órganos imparciales, ya sean internos de la profesión legal, una autoridad independiente o un tribunal, y deben estar sujetos a revisión por un tribunal o tribunal independiente establecido por ley.

6. El acceso a la profesión legal y su ejercicio continuo deben estar libres de discriminación por motivos de raza, etnia, género, religión, opinión política o cualquier otra condición.

7. Se debe garantizar la seguridad de los abogados que enfrentan amenazas como resultado del cumplimiento de sus deberes profesionales.

8. Los abogados no deben enfrentar consecuencias legales por declaraciones realizadas de buena fe mientras representan a sus clientes.

9. Los abogados deben poder participar en debates públicos y formar o unirse a organizaciones nacionales e internacionales sin temor a represalias.

10. Cualquier persona acusada de un delito penal debe ser informada de los cargos de inmediato y tener acceso a un abogado de su elección.

11. Se debe garantizar que los abogados tengan acceso irrestricto a toda la información y documentos relevantes para una representación legal efectiva, en todos los tribunales y para todos los delitos.

12. Todos los tribunales y organismos administrativos deben reconocer el derecho de los abogados a representar a sus clientes.

13. Todos los abogados inhabilitados por motivos políticos deben ser reincorporados inmediata e incondicionalmente, y todos los abogados encarcelados por razones políticas deben ser liberados de inmediato e incondicionalmente.


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